El fiscal Leonardi Guerrero apenas fue confirmado el viernes de la semana pasada como titular de la causa conocida como “fraude en el CM” (Consejo de la Magistratura), por el fiscal adjunto Augusto Salas, que rechazó la recusación planteada por la imputada Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero.
Sin embargo, este lunes la defensa de la jueza Librada Peralta que tenía un plazo de hasta 3 días para impugnar la decisión, lo hizo en el primer día. Ahora, la confirmación o no del fiscal Leonardi Guerrero al frente del caso penal está en manos de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Emiliano Rolón.
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La magistrada fue imputada por Guerrero el 20 de mayo de 2026 y cuando fue citada para su declaración indagatoria, en junio pasado, Peralta Céspedes lo recusó. Es decir, transcurrieron cuatro meses de aquél pedido de apartamiento hecho por la encausada en contra del agente fiscal natural de la causa.
Cabe resaltar que, el tiempo en que el agente del Ministerio Público permaneció recusado –cuatro meses- ya transcurrió más de la mitad del plazo ordinario de la etapa preparatoria pues la fecha para presentar requerimiento conclusivo está fijada para el próximo 17 de noviembre.
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Es decir, la fiscalía adjunta a cargo de Augusto Salas dilató por cuatro meses la resolución y confirmación de Leonardi Guerrero al frente de la causa.
En ese tiempo, fue designada como provisoria la fiscala Patricia Sánchez, pero también fue recusada, y luego de ella, fue designado el fiscal Julio Ortiz, quien llevó adelante varias diligencias por el caso, incluida entre ellas la indagatoria a la jueza Peralta.
“Siempre hay factores que dilatan”, señaló fiscal adjunto
El fiscal adjunto Augusto Salas, al ser consultado sobre porqué se demoró tanto la resolución a esa recusación señaló a ABC Color que “siempre hay muchos factores que retrasan y vamos resolviendo de a poco, porque hay muchas recusaciones”.
Añadió que en el proceso de análisis de la recusación contra un fiscal, primero se pide informe del agente y después se resuelve al respecto.
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En cuanto al argumento esgrimido por la jueza imputada Librada Peralta, Salas sostuvo “evidentemente no era válido como para apartar al fiscal de la causa, porque en el 100% de los casos y a menos que sea el propio fiscal el que pide dejar la causa, no doy lugar a la recusación”.
En otro momento comentó, “el fiscal es parte del proceso, ahora cuando la querella es la que recusa al fiscal se estudia un poco más, pero la defensa generalmente es la que está molesta por la imputación o por la citación a indagatoria y termina recusando al fiscal del caso”.
Fiscalía aguarda informes del Consejo de la Magistratura
En su carácter de interino, el fiscal Julio Ortiz llevó a cabo varias diligencias investigativas y también pedidos de informes, de los cuales varios aún se encuentran pendientes de contestación.
De acuerdo con los datos proporcionados por el agente fiscal Ortiz, en la causa citada hay informes remitidos por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, existen otros que están pendientes de contestación por parte del órgano constitucional.
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Esos pedidos están relacionados a los nombres de los referentes académicos de los cursos que son objeto de investigación, y que todavía no tienen respuesta por parte de las facultades.
Imputados por fraude en el CM
Por el fraude denunciado por el Consejo de la Magistratura están imputados como supuestos autores Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero; Mario Brítez Ruiz Díaz, exmagistrado; Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty; y Adán Fredy Rolón Villareal, asistente fiscal de Coronel Oviedo.
En tanto que como cómplice fue imputado Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura; y como instigador, Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial.
El Ministerio Público detalla que con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos.
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Entre estos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de Escuela Judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.
Finalmente, la hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.