El informe preliminar de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), al que ABC accedió de manera exclusiva, desglosa un realidad alarmante para el sistema sanitario y universitario en el país. Al menos unas 314 carreras de Medicina y áreas relacionadas con la Salud, jamás se sometieron a un proceso de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
La inspección fue realizada entre el período 2023 al 2026, al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y toda la documentación de los auditores fue remitida en setiembre para el descargo correspondiente por parte de las autoridades.
Otras 31 carreras de grado en especialidades como Medicina, Enfermería, Odontología y Obstetricia persisten en las aulas con acreditaciones ya vencidas durante el período analizado por los auditores. Así, en total son 345 carreras en situación irregular en Ciencias de la Salud, “las cuales revisten una vital importancia y alto riesgo social”.
Sobre esta inacción, la CGR remarcó de manera textual que el Cones “no ejerció la debida fiscalización ni adoptó medidas administrativas, sanciones o intervenciones” sobre las instituciones que operaron sin acreditación vigente o ignoraron las convocatorias del órgano evaluador entre 2023 y junio de 2026, dejando correr la formación de profesionales de la salud sin control de calidad estatal.
Qué exige la Ley de Educación Superior a las carreras de Salud sin acreditación
La Ley 4995/13 de Educación Superior establece explícitamente que la acreditación ante la Aneaes es un requisito de carácter obligatorio e ineludible para las carreras de Ciencias de la Salud. Es decir, desde hace 13 años que estas instituciones de educación superior debieron regularizar su situación ante la entidad evaluadora.
Además, la Contraloría destaca el artículo 9, inciso h, de esta normativa, que establece que:
- “Son funciones del Consejo Nacional de Educación Superior clausurar las filiales y carreras de las universidades e Institutos Superiores, por resolución de la mayoría absoluta de 2 (dos) tercios de sus miembros, previa comprobación, en debido proceso, de las causas alegadas y, por mayoría de las cuatro quintas partes del total de sus miembros, clausurar las universidades e Institutos Superiores, previo cumplimiento de los requisitos establecidos para la clausura de las filiales o carreras”.
El informe de auditoría expone además la postura de las autoridades. Ante los señalamientos de la CGR, la conducción del CONES —entonces bajo la presidencia del ministro de Educación, Luis Ramírez— admitió de forma implícita el vacío de control.
Lea más: Lobby de “garaje”: rectores de universidades recurren a Riera para dilatar acreditaciones
En su descargo, la institución reconoció que la falta de supervisión y la ausencia de sanciones o intervenciones durante el periodo auditado se debieron a que el “monitoreo de la acreditación recién fue incorporado en el ejercicio 2025″.
Según argumentaron, esta exigencia se incluyó mediante el artículo 4, inciso b) de la Resolución del Cones Nº 17/2025, estableciéndola como un nuevo requisito de admisibilidad para evaluar proyectos académicos.