El informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR) reveló un alarmante descalabro en el sistema universitario al detectar que 1.711 carreras de evaluación obligatoria operan sin acreditación vigente. De ese total, 1.584 jamás se sometieron al proceso ante la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) y 127 tienen su certificación vencida.
Lo más grave se concentra en el área de Ciencias de la Salud, donde 345 carreras (incluyendo Medicina y Enfermería) funcionan en la sombra (314 nunca evaluadas y 31 con sellos caducados). Este descontrol extremo desnuda las falencias en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), que es el ente encargado de controlar el funcionamiento de las ofertas académicas.
La CGR apunta a que la entidad nunca trabajó para aplicar sanciones o para clausurar estas especialidades, a pesar que así lo dicta la ley Ley 4995/13 de Educación Superior. La normativa establece explícitamente que la acreditación ante la Aneaes, es un requisito de carácter obligatorio e ineludible para Medicina y otras áreas sanitarias.
Ante los hallazgos, el viceministro de Educación Superior y presidente delegado del Cones, Hermenegildo Cohene, intentó diluir el impacto del informe al señalar que “es necesario revisar qué se está contando”. El funcionario argumentó que una misma carrera por ejemplo acumula múltiples resoluciones —de habilitación, rectificación o actualización—, por lo que defendió que se deben distinguir lo publicado por Contraloría, de las “ofertas reales”.
Entre descargos y promesas: El Cones anuncia revisión de carreras
En su descargo oficial, el viceministro Cohene aseguró que ya se inició un proceso de revisión de las carreras sujetas a evaluación y acreditación obligatoria.
Entre los puntos esgrimidos en su descargo y las acciones que aseguran tener en curso, el Cones y el MEC enumeran las siguientes medidas:
- Revisión “gradual”: Aseguran haber iniciado un proceso de fiscalización que arrancó con la carrera de Derecho y que se está ampliando a otras áreas, cruzando datos con la Aneaes e inspeccionando universidades.
- Actualización pendiente: Reconocen que existe una obligación legal de actualizar las ofertas normativas, admitiendo que aún hay casos “todavía pendientes” de regularización.
- Filtros automáticos en el SIES: El MEC implementó alertas visuales y automáticas para frenar solicitudes respaldadas por resoluciones del Ccones emitidas hace menos de cuatro años.
- Validación de egresados: Se endureció la identificación de los estudiantes (incluyendo tipo de documento y nacionalidad para evitar confusiones de homónimos) y se bloquearon trámites sin requisitos obligatorios, como la matrícula profesional en prácticas hospitalarias.
- Control de accesos internos: La distribución de expedientes para la revisión pasó a un esquema automático y trazable para evitar manipulaciones humanas en el orden de ingreso.
Cohene concluyó que además de estas medidas prometidas que, sigue en vigencia la resolución Nº 1219/2026 del MEC, que exige que todas las ofertas educativas estén incorporadas al circuito de evaluación y acreditación para el 2028.