A través de un comunicado difundido por su presidente, Héctor Cristaldo, la Unión de Gremios de la Producción (UGP) señaló que la iniciativa del Poder Ejecutivo orientada a reformar el sistema jubilatorio estatal constituye una respuesta “necesaria y responsable”. El gremio aglutina a su vez a 18 asociaciones y cámaras de productores de los sectores agrícola, ganadero, pecuario y forestal.
En ese contexto, los productores remarcan que la crisis de la Caja Fiscal se originó y se mantiene en el sector público, por lo que la solución debe abordarse en ese mismo ámbito. Esta afirmación la hacen luego de que hayan surgido contrapopuestas de las fuerzas públicas que pretenden cargar al campo con el déficit de la Caja de jubilaciones del sector público.
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La organización identifica a las jubilaciones sectoriales amparadas en leyes especiales como el principal factor del desequilibrio financiero de la Caja Fiscal y advierte que la falta de reformas durante años profundizó el problema.
Asimismo, considera que los cambios estructurales planteados resultan “imprescindibles e impostergables”.
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Riesgos de la inacción
Para la UGP, una nueva postergación de la reforma tendría efectos negativos sobre las futuras generaciones y sobre el conjunto del país, al poner en riesgo los esfuerzos orientados a mejorar la eficiencia y la previsibilidad del Estado.
Los gremios instan además a construir acuerdos dentro del sector público que permitan encauzar el debate hacia la sostenibilidad de la Caja Fiscal, al que calificaron de “deficitaria” y “al borde del colapso”.
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Al respecto, subrayan que cualquier reforma debe garantizar el bienestar de los jubilados actuales y futuros, sin trasladar costos ni generar impactos negativos sobre otros sectores de la sociedad, a los que considera ajenos a la responsabilidad de la crisis.
Números del déficit
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solo en 2025 el déficit de la Caja Fiscal ascendió a unos US$ 380 millones, mientras que el saldo rojo acumulado entre 2016 y 2025 alcanza los US$ 1.683 millones.
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De no concretarse reformas que reduzcan la brecha entre ingresos por aportes y egresos por jubilaciones, la cartera económica estima que el desequilibrio negativo podría trepar hasta US$ 9.800 millones en la próxima década.