El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió suspender sin goce de salario a la fiscala de Coronel Ovied, Gloria Mabel Rojas Cañete, esto tras dar tratamiento al pedido del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La agente estaba a cargo de la investigación del feminicidio de la joven María Fernanda Benítez (17), ocurrido en mayo de 2025.
En atención a que la comunicación del JEM no hacía mención al goce de salario, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Cándia mocionó porque la medida administrativa esté acompañada sin el goce del salario a la agente del Ministerio Público, debido a la gravedad de los hechos por los que se la investiga. Esta propuesta tuvo el acompañamiento de los demás ministros.
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El ministro Ramírez Cándia señaló al momento de expresar su propuesta: “conocemos las circunstancias, pero creo que en el proceso se van a arrimar muchos elementos más”, luego destacó que la investigación que recae sobre la fiscala Rojas Cañete se trata sobre cohecho pasivo agravado.
A su turno, el ministro de la Corte y titular del JEM, César Garay, manifestó “acá hubo una omisión material en la redacción de la nota y la comunicación (sobre el pedido de suspensión del salario). Hemos deliberado en el tratamiento del caso. El delito imputado es de extrema gravedad y suscribo plenamente la suspensión sin goce de sueldo”.
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Por último, a modo de fundamentar su pedido de suspensión del goce de salario, Ramírez Cándia relató “resulta que ella (por la fiscal Rojas) era la que investigaba el caso de María Fernanda, bastante conocido, y uno de los que estaba procesado y en prisión, se comunicó con ella a través de su madre, porque en Oviedo todos son conocidos; porque la madre era compañera de estuudios de la fiscal. Entonces, la sugerencia de la agente fiscal era que arregle con el abogado y, el pedido era de tanta cantidad de dinero, pero todo apunta a que había una relación muy estrecha entre este abogado y la fiscala, conforme después se puso a conocimiento de la fiscal que lo sustituye”.
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Proceso de fiscala en el JEM
El pasado 18 de diciembre, a propuesta del presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el ministro de la Corte César Garay Zuccolillo, se procedió al desafuero de la fiscala Gloria Mabel Rojas Cañete, así como su enjuiciamiento de oficio por la presunta comisión de hecho punible.
Esta resolución tomada por el órgano juzgador permite que la agente fiscal de Coronel Oviedo pueda ser sometida plenamente al proceso penal en su contra, iniciado con la imputación de la fiscala Silvia González y que se tramita ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, Humberto Otazú.
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Fiscala del caso María Fernanda fue imputada por presunta coima
La agente fiscal Silvia González Vester imputóa su colega Gloria Mabel Rojas Cañete por supuestamente haber exigido una coima de G. 36 millones a Franco Antonio Acosta Céspedes, quien está procesado por el crimen de la joven de 17 años, María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo, en mayo pasado.
Según el escrito fiscal, Franco Acosta denunció un supuesto pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y contra el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, quien actuaría de intermediario. El propósito era beneficiarlo con una medida menos gravosa en la causa donde se encuentra involucrado.
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En seguimiento a la misma, el 26 de noviembre la fiscala Silvia González Vester, imputó al abogado Bedoya Fleitas por la supuesto tráfico de influencias e inició las diligencias investigativas correspondientes hasta que surgieron “a prima facie” elementos sospechosos sobre la participación de la fiscala Gloria Rojas.
Según los datos contenidos en la imputación, Rojas citó entre el 14 y el 21 de noviembre a Acosta Céspedes para supuestamente “negociar” un acuerdo para una salida procesal en beneficio del encausado. Finalmente se montó una entrega vigilada del pago de coima el 26 de noviembre, consistente en la suma de G. 30 millones, previamente fotocopiados.
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Mafia de los pagarés: jueza suspendida, pero con salario
Entre otras decisiones que tomó la Corte Suprema de Justicia (CSJ), está la suspensión a la jueza de Paz de la ciudad de Luque, Norma Beatriz Ortiz Ruíz Díaz, a pedido del Jurado. En este caso, la medida no afecta al cobro normal de su salario. La misma habría estado involucrada también en el esquema de la mafia de los pagarés.
Ya el 8 de octubre de 2025, los ministros de la máxima autoridad judicial habían suspendido en sus funciones a la magistrada. En aquella oportunidad, la medida también había alcanzado a 18 funcionarios del juzgado de Ortiz.
Esa disposición fue a raíz de una serie de irregularidades que fueron detectadas en la tramitación de juicios de cobro de guaraníes, que fueron auditados en el marco de la mafia de los pagarés.
Más adelante, el 20 de noviembre, el Jurado había despojado de sus fueros a Ortiz y, también, inició de oficio un enjuiciamiento por presunto mal desempeño funcional. Para su causa, el órgano designó como fiscal acusador a Carmela Ramírez.
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Antecedentes de irregularidades detectadas en Luque, al JEM y al MP
Asimismo, se dispuso la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, para la adopción de las medidas que consideren pertinentes al caso.
La nómina de los funcionarios suspendidos no fue mencionada en la sesión, pero los expedientes corresponden a las dos secretarías. Esta tarde, la CSJ, a través de su página web, divulgó la lista de los afectados por el sumario y la suspensión y que son los actuarios Elena Noemí Ojeda, Raúl Ernesto Jara Foth y Adriana Yudith Flecha Roldán y el ujier notificador Sergio Daniel Orué Sanabria.
La nómina sigue con los oficiales de justicia Rolando Britos Marín, Alma Valeria Villalba, Silvio César Mareco, Martha Isabel Ramírez, Cristian Ramón Amarilla Closs, Marcos Norberto Enciso Arias, Ignacio Ariel Franco Benítez, Mario Rafael Leguizamón, Willian Marcos Aquino Almirón, Máximo Derlis Lugo Jara, Víctor Manuel Ruiz González, Víctor Manuel Álvarez Torres, Heriberto Osvaldo Britos Mongelós y Víctor Javier Encina Arce.
Los antecedentes del caso revelan que el equipo auditor detectó graves irregularidades en 1.064 expedientes seleccionados al azar y que constituyen violaciones a la defensa en juicio, a los derechos procesales y al Código de Ética Judicial.