La procesada en el caso denominado Nexus, Cindy Ruth Peralta Alderete, seguirá cumpliendo prisión preventiva en una penitenciaría, así lo determinó luego de la audiencia de revisión de medidas el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través de su Auto Interlocutorio (AI) N° 150.
El abogado David González, quien ejerce la defensa de la procesada Cindy Ruth Peralta Alderete, alias Cindy solicitó la revocatoria de la prisión preventiva para su clienta y en consecuencia, que se decrete el arresto domiciliario para ella con control a través de la tobillera electrónica.
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La defensa también cuestionó que la hipótesis de la Fiscalía se base solamente en “inferencias y suposiciones, sin que exista a la fecha ninguna evidencia directa, concreta y efectiva que la vincule de manera inequívoca en la comisión de los hechos punibles investigados, ni como autora cómplice o encubridora”.
En otro momento refirió que el “relato fáctico del Ministerio Público, revela que no existen incautaciones directas vinculadas a ella, no se describen actos concretos de participación en hechos de narcotráficos, ni en el requerimiento fiscal de imputación”.
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Operación Nexus: peligro de fuga persiste, señaló magistrado
Al momento de contestar el pedido de la defensa de Cindy Peralta, el juez Osmar Legal indicó “lo que el profesional lo considera de forma errónea -es que para su parecer- prácticamente su defendida no podría sufrir o sobre aquella no se podría establecer esa medida cautelar personal, amparada en el principio de la presunción de inocencia”.
Añadió el magistrado que “no es tanto así, porque el diseño constitucional y legal, el derecho positivo nacional, prevé todas los derechos y garantías en lo que se puede respaldar una persona, pero en contrapartida también existen regulaciones especificaciones sobre materia de medidas cautelares, y que por su aplicación no implica que se violente aquel principio” (sic).
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Además, “el profesional hizo énfasis en cuestiones que hacen al fondo de la cuestión, como ser: la forma de ocurrencia de los hechos y la participación de su asistida. Al respecto es más que sabido que el Juez de Garantías se encuentra en una posición con prohibición legal para opinar o resolver sobre estas cuestiones de fondo”.
Pese a todo lo expuesto por el defensor, el juez consideró que “el peligro de fuga sigue en plena vigencia y se encuentra en demasía justificado, por lo que estos extremos nos hacen concluir en que en estas condiciones la medida cautelar de prisión preventiva sigue resultando ser la más acertada”.
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Futbolistas presuntamente son integrantes de esquema narcotraficante
En febrero último, la fiscala Ingrid Cubilla, imputó por los hechos de tráfico internacional de sustancias estupefacientes (art. 21), asociación criminal (art. 42) y comercialización (art. 44), según la Ley N° 1340/88, en el marco de la operación Nexus II.
Los imputados son Dionisio Manuel Cáceres Cabrera (37), Álvaro Enrique Cáceres Cabrera (28); el ex arquero del club Tacuary, Libertad, Sportivo Luqueño, Olimpia, Guaraní, Sol de América y Rubio Ñu, Víctor Hugo Centurión Miranda (39), alias Centu, quien está prófugo; Luis Miguel Molinas Brítez (42), alias Moli; Alexis Vidal González Zárate (42), alias Pelado, quien está acusado y aguarda juicio como presunto colaborador para el lavado de dinero de Marset en el marco del caso A Ultranza.
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También fueron imputados Luis Alberto Paiva Gutiérrez (40), alias Mariachi, quien está preso en la cárcel Cereso de Cambyretã; Cindy Ruth Peralta Alderete (31), y Julián Franco (57), alias Jaguapire, quien también está prófugo.
De acuerdo con la imputación fiscal, los citados formaban parte de la estructura que operaba desde territorio nacional, la cual presuntamente mantenía vínculos directos con personas radicadas en países productores de cocaína, como Bolivia, Perú y Colombia, con quienes establecían contactos y acuerdos destinados a asegurar el ingreso de la sustancia a Paraguay.
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Organización de la estructura, según Fiscalía
El procesado en el caso A Ultranza y, ahora en el caso Nexus II, Alexis Vidal González Zárate, actualmente guarda reclusión en la Penitenciaría Regional de Emboscada, pero anteriormente estuvo privado de libertad en Tacumbú. Según datos recogidos en la investigación, ocupaba el más alto rango jerárquico dentro de esta organización.
Para la Fiscalía, Alexis González ejerció funciones de dirección, coordinación y control sobre las actividades desplegadas por los demás integrantes. En ese sentido, era quien se encargaba de negociar la adquisición de sustancias estupefacientes con distintos proveedores, algunos conocidos y otros a quien conoció estando privado de libertad.
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A su vez, Alexis González tuvo la colaboración y participación activa del Luis Molinas, quien es además su compadre, y por ende; hombre de confianza. El mismo habría sido el encargado de la comercialización de las sustancias obtenidas por la organización.
Como hombre de confianza de González, Molinas era el encargado de recibir las sumas de dinero producto de la venta ilícita. También acompañaba a otros miembros de la red a reuniones con integrantes de otras facciones criminales, además de participar en el financiamiento de operaciones logísticas para la presunta preparación de sitios a ser utilizados como pistas para el descenso de aeronaves.
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Operadores logísticos del grupo narcotraficante
Por su parte, fue identificado como presunto operador logístico a Dionisio Cáceres, quien era el encargado de negociar la compra de drogas, además de coordinar las operaciones logísticas de recepción y transporte de las mismas, con el apoyo de otros grupos delictivos y la venta de la mercadería ilícita. Para la fiscalía, es un “intermediario” entre quienes operan desde la cárcel y quienes operan en libertad.
La mujer, Cindy Peralta, pareja sentimental de Cáceres, se encargaba de administrar un establecimiento comercial denominado “Baratote Modas”, el cual sería utilizado para legalizar el dinero producto de las actividades ilícitas.
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También el hermano de Dionisio fue identificado como presunto colaborador, Álvaro Enrique Cáceres Cabrera. El mismo, supuestamente se encargaba de administrar dos establecimientos comerciales pertenecientes a los hermanos, “Ferretería Santa Lucia Renacer” y “ER electrónica Renacer”, que a su vez servían de canal para introducir el dinero ilícito al sistema legal.
En cuanto al exaquero Víctor Centurión, según la hipótesis fiscal, era el encargado de conseguir los medios de transportes para movilizar las cargas de cocaína, como aeronaves, combustible de aviación y repuestos para el mantenimiento de estos vehículos aéreos, mediante vínculos que tendría con personas de esas áreas.
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La Fiscalía también apunta a que, Centurión utilizó su carrera futbolística para entablar relacionamiento con integrantes de otros grupos criminales, y así negociar la compra y venta de sustancias ilícitas, al igual que el uso de esquemas de movimiento de divisas a nivel internacional para concretar el pago de cargamentos de la presunta droga.
En tanto que Julián Franco, privado de libertad, cumpliría el rol como intermediario con proveedores de la cocaína, gestionando y concretando negociaciones para la compra, obteniendo réditos económicos por las operaciones cerradas y, a su vez, adquiriendo cantidades menores para su propia comercialización inmediata en el marco de su encierro.