La Junta Municipal de Asunción fue convocada a una sesión extraordinaria para este viernes 13 de noviembre a las 9:00, con 30 minutos de tolerancia, para tratar exclusivamente la reprogramación presupuestaria solicitada por la intendenta Soledad Núñez. La convocatoria se concretó luego de que la Comisión de Hacienda emitiera este jueves un dictamen favorable al mensaje del Ejecutivo municipal. Ayer, miércoles, los colorados habían trabado la iniciativa.
El pedido asciende a G. 7.057 millones y, según explicó el concejal Sebastián Garay (PPQ), consiste en una reasignación técnica de créditos que no implica ampliación presupuestaria ni nuevos compromisos financieros. El mecanismo transfiere saldos excedentes de la Dirección de Servicios Administrativos hacia las direcciones misionales de Servicios Urbanos y Vialidad.
Los recursos se destinarán a la provisión de combustible para la flota municipal, maquinarias y la planta asfáltica de la capital. Esta transferencia busca evitar la interrupción de los servicios de recolección de basura, limpieza de plazas, parques y avenidas, así como los trabajos de bacheo.
Desde la Intendencia señalaron que la urgencia responde al desabastecimiento inmediato ocasionado por una deuda flotante de G. 43.000 millones heredada de la administración de Luis Bello (ANR-cartista). Dentro de ese pasivo, G. 30.000 millones corresponden a facturas de combustible que quedaron impagas a lo largo del año.
Veto al Presupuesto Municipal 2027: plazos y postura en la Junta de Asunción
En tanto, la decisión de la intendenta de vetar parcialmente el Presupuesto Municipal 2027, no será tratada en la plenaria de este viernes. Al finalizar dicha sesión extraordinaria, la Comisión de Hacienda y Presupuesto volverá a reunirse para analizar la objeción del Ejecutivo, cuyo plazo límite de tratamiento en el legislativo comunal vence el próximo lunes.
Respecto a este punto, el concejal Garay adelantó que acompañará con su voto el veto presentado por la intendenta. El edil indicó que la postergación del tratamiento en el pleno permitirá que los demás concejales revisen la documentación y los dictámenes remitidos por la Intendencia.
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Garay argumentó que, conforme a la Constitución Nacional y a la Ley Orgánica Municipal, la Intendencia es la única ordenadora de gastos de la comuna. En ese sentido, sostuvo que la Junta Municipal no tiene atribuciones para asumir dicha función ni para establecer una administración paralela.
El legislador comunal recordó que existen antecedentes administrativos que respaldan esta postura jurídica. Según mencionó, la Contraloría General de la República ya emitió dictámenes previos que ratifican la imposibilidad legal de que la Junta Municipal actúe como ordenadora de gastos.