Luego de que se dieron a conocer las inconsistencias detectadas por la Contraloría en la declaración jurada de Eddie Jara, presidente de Petropar, este guardó silencio y se mantuvo escondido hasta el día de hoy.
Jara emitió un comunicado público en el que se refirió al tema y aseguró que no existe ninguna irregularidad, pese al lapidario informe del ente contralor, y que solo se trata de una “falta de información actualizada en los registros disponibles de la Contraloría”.
La Contraloría realiza seis observaciones a las declaraciones juradas del presidente de Petropar, en las que se destacan autoasignaciones de viáticos sin respaldo migratorio, depósitos en efectivo por montos millonarios, transferencias desde cuentas de Petropar a su cuenta personal y un nivel de gastos que excede ampliamente sus ingresos declarados.
“Deseo dejar expresa constancia de que NO existe irregularidad alguna en mi proceder, ni en el manejo de mi patrimonio y/o de mis finanzas. Las observaciones formuladas responden, en su mayoría, a falta de información actualizada en los registros disponibles de la Contraloría, situación que será debidamente subsanada mediante la provisión de los datos y respaldos correspondientes", sostiene en su comunicado.
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Jara critica el “manejo de información”
El funcionario del Estado tiene un plazo de diez días hábiles para presentar los descargos correspondientes respecto a las inconsistencias señaladas en el análisis preliminar de su declaración jurada.
Dicha documentación e información necesarias para su adecuada aclaración serán presentadas por Jara en el tiempo y plazo correspondiente, según refirió en su descargo.
“Independientemente a ello, dejo sentada mi genuina preocupación sobre el adecuado manejo de la información confidencial cuando el proceso evaluativo no ha culminado aún, considerando lo expresado en este párrafo; suponiendo claro está, que existe un objetivo de evitar el prejuzgamiento si pensáramos en que estamos ante un debido proceso”, escribió.
Insistió en que una vez acercados sus descargos, analizados los antecedentes completos y evacuadas las eventuales dudas, “quedará demostrado que no existió ni existe inconsistencia alguna o cualquier otro tema que no tenga una debida justificación”.
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Inconsistencias detectadas por Contraloría
El análisis documental y financiero realizado por la Contraloría a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) de Eddie Jara, detectó pagos de viáticos por más de G. 103 millones otorgados por Petropar a Jara para supuestos viajes oficiales al exterior que no cuentan con registros de salida ni de entrada al país.
Los desembolsos corresponden a resoluciones firmadas entre 2016 y 2024, con destinos como Bolivia, Uruguay, Argentina, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos; sin embargo, no existen registros migratorios que respalden esos viajes al contrastar esta información con los datos de la Dirección Nacional de Migraciones.
La CGR también detectó depósitos en efectivo por G. 1.001 millones en cuentas de Eddie Jara en los bancos Itaú y Basa, montos que no guardan relación con salarios, viáticos ni ingresos declarados ante la administración tributaria.
“No se corresponden con el patrón de ingresos regulares declarados por el sujeto de control ni con los conceptos informados por la administración tributaria, motivo por el cual su origen patrimonial permanece, a la fecha, sin justificación documental suficiente”, señala el informe.
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Transferencias de dinero
Uno de los puntos más llamativos identificados por el organismo de control es la existencia de transferencias mensuales ordenadas por Petropar desde su cuenta en el Banco Itaú a favor de Eddie Jara, acreditadas en su cuenta del Banco Basa, por un monto total de G. 496 millones.
Entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, los depósitos de G. 20 millones en la cuenta del funcionario fueron recurrentes, además de una operación excepcional de G. 36,7 millones que no corresponden a salarios, viáticos ni a otros conceptos remunerativos habituales, lo que deja su origen sin justificación.
El informe también destaca la identificación de acreditaciones y débitos puntuales de alto valor en la cuenta de Eddie Jara en el Banco Itaú, que incluyen operaciones por G. 890 millones, G. 433 millones y G. 600 millones, realizadas en plazos breves y sin documentación que permita establecer su causa o destino patrimonial.
Entre 2023 y 2025, la Contraloría identificó erogaciones por más de G. 3.099 millones, frente a salarios verificados por G. 1.136 millones, lo que deja un déficit acumulado cercano a G. 1.963 millones, que “indicaría la existencia y acreditación de otras fuentes de financiamiento de origen desconocido o aún a determinar, según la CGR.
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Solo en 2024, los gastos superaron los ingresos en más de G. 1.039 millones, mientras que en 2025 el descalce ronda los G. 960 millones. A esto se suman transferencias desde su cuenta del Banco Basa a favor de terceros por más de G. 1.152 millones, sin que exista documentación que explique su naturaleza o destino económico.
Otro punto abordado en el informe se concentra en la DJBR presentada el 3 de septiembre de 2023, en la que Eddie Jara declaró G. 250 millones en efectivo y G. 3.500 millones en “cuentas a cobrar”, correspondientes a préstamos otorgados a terceros.
Si bien el funcionario presentó pagarés y notas explicativas sobre dos créditos relevantes —uno por G. 2.800 millones y otro por G. 700 millones—, la CGR concluyó que no existen respaldos financieros verificables que acrediten la disponibilidad previa de ese capital en el momento de otorgar los préstamos.
El contraste con sus propios formularios impositivos arroja una brecha contundente: entre 2018 y 2023, la utilidad acumulada declarada por Jara asciende a apenas G. 312 millones, cifra doce veces inferior al capital expuesto como efectivo y cuentas a cobrar. La diferencia patrimonial sin origen determinado alcanza G. 3.437 millones.
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Otra observación apunta inconsistencias en el valor de un inmueble ubicado en el distrito de La Catedral (Asunción), declarado por Jara en sucesivas DJBR. Según la Contraloría, el bien fue consignado con valores distintos en al menos tres declaraciones, sin que exista documentación registral que permita determinar con precisión el monto real de adquisición.
A esto se suma una irregularidad adicional: el domicilio particular declarado por el funcionario no coincide con el inmueble que figura como activo patrimonial. La dirección utilizada ante bancos, cooperativas y otros registros corresponde a un dúplex que no figura inscripto a su nombre, ni como alquiler ni bajo ninguna otra relación jurídica declarada, lo que impide establecer si Jara es propietario, locatario o beneficiario de otro tipo de acuerdo no informado.