Con posturas de organizaciones ambientalistas y de derechos de los pueblos originarios exigiendo el rechazo y otras en defensa (de empresarios interesados en la explotación y gremios como la Asociación Rural del Paraguay), de 9:30 a 12:30 duró el debate en audiencia pública realizada esta mañana en la sala Bicameral del Congreso, donde se debatió el controvertido proyecto de ley del diputado cartista José Rodríguez “que modifica los artículos 4º y 6º de la Ley Nº 5723/2016 ‘que declara como área silvestre protegida bajo dominio público al Parque Nacional Médanos del Chaco”.
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El proyecto que es rechazado incluso por el Mades ante el grave riesgo de que pueda sentar una nefasta jurisprudencia para permitir explotaciones con fines económicos de todas las escasas áreas silvestres protegidas del país, no será retirado por ahora, según adelantó Rodríguez.
Además de remarcar que “es un proyecto a título personal y que acá no tiene nada que ver el gobierno”, Rodríguez señaló al cierre de la audiencia que “nadie me va a decir acá retirá, rechazá o planteá tal cosa, vamos a hacerlo de acuerdo al debate y, al respeto y si existe una mayoría y un consenso lo aprobamos, si existe un desacuerdo lo rechazamos".
“No se puede hablar de modificación de esta zona, ya que es territorio de vida de mis hermanos y además es un parque nacional de interés del país y de la humanidad”, dijo en claro rechazo el presidente de la Federación por la autodeterminación de los pueblos indígenas, Alberto Vázquez Ayala, que aglutina a unas 13 comunidades del país, reivindicando la importancia de la defensa de esta área silvestre protegida para las poblaciones asentadas ahí (Guaraní Ñandeva y los ayores).
“Es su territorio de vida donde desarrollan su organización social, económica, cultural y espiritual. No estamos en contra del desarrollo, pero creemos en un desarrollo sostenible y que se construya participativamente entre todos”, dijo Vázquez, remarcando que antes de esta audiencia no fueron consultados.
Al proyectista, en vez de iniciativas como esta que atenten contra el medioambiente y la vida de las comunidades indígenas les pidió otras que la protejan y brinden oportunidades.
“Queremos leyes que castigue la discriminación que sufrimos los pueblos indígenas, que protejan nuestro territorio y que consoliden nuestro estado social de derecho”, reclamó Vázquez a la par de ratificar su pedido de rechazo al proyecto de ley.
Como contrapunto, Lilian Adasa Baez quien dijo representar a la comunidad indígena de Puerto Diana (Bahía Negra, Alto Paraguay), que lejos de reclamar al gobierno de Santiago Peña y sus antecesores por años de abandono y marginación, apoyó el proyecto por la simple “promesa” de que supuestamente le podría traer beneficios que el gobierno nunca les proveyó.
“Nosotros estamos condenados a vivir en el aislamiento involuntario. Hay dos caras, algunos hablan de vivir en el aislamiento voluntario, eso está muy bien, uno se autodetermina en qué condiciones quiere vivir, pero no creo que los que estén viviendo en aislamiento involuntario no quieran también tener comodidades”, afirmó.
La misma reclamó cuestiones sumamente válidas y básicas como rutas asfaltadas y provisión de servicios como energía eléctrica de todo tiempo, pero bajo la premisa de que supuestamente lo lograrían afectando el área silvestre protegida y de mano de empresas privadas, siendo que en realidad es algo que debería garantizar el Estado.
Justamente, en esa línea, apuntó Isabelino Bogado, representante de las Comunidades Indígenas del Alto Chaco, que enfatizó que además de pretender arrebatarseles estas tierras protegidas, el gobierno nunca ha mostrado realmente interés en las comunidades indígenas.
“Cada vez más están invadiendo nuestro Chaco paraguayo” y “nosotros como chaqueños, como organización, vemos el ambiente, no llueve, hay sequía, viento norte más fuerte, hace más calor, ustedes no ven cómo nos afecta y cómo estamos allá”, reprochó Bogado.
Negó que el interés supuestamente sea el “desarrollo” de las comunidades indígenas, ya que reclamó tajantemente que ni siquiera fueron consultados. “Estamos 7 pueblos indígenas y no sabemos qué está pasando realmente acá, pero como historia, ya hace tiempo venimos luchando porque nuestro médano ya fue invadido luego y ahora se está fortaleciendo nomás”, dijo.
Bogado también atacó el otro argumento de que supuestamente todo sería “beneficio” para el país, demostró conocimiento sobre la Ley de Hidrocarburos (Nº 675) que establece un porcentaje mínimo de regalías a favor del Estado, en comparación con los beneficios para las empresas.
“Cuando se planteó modificar la Ley de Hidrocarburos, rápido los muchachos rechazaron. (...) Primero tienen que ver (modificar) la ley de hidrocarburos. El 80% van a llevar los empresarios y solo el 20% nos va a sobrar a nosotros Estado Paraguayo, ¿con eso qué vamos a hacer? porque somos muchos", insistió como poblador de años de la zona.
Delfina Armoa, de la comunidad indígena Pykasú y otras tres de la zona) también remarcó la defensa de “sus riquezas” los recursos naturales (agua del acuífero Yrendá y bosques) y culturales.
María del Carmen Fleitas, en representación de la Coalición integrada por unas 60 organizaciones ambientalistas del país acercó el pedido de rechazo o retiro del proyecto de ley, basado en el respeto a acuerdos internacionales suscritos por nuestro país y la política nacional reivindicada por el Mades, basada en el principio de No Regresión y de la Conservación ambienta.
Contradicen argumento del “beneficio” económico
Una línea discursiva de los que apoyan el proyecto de José Rodríguez es que supuestamente no se puede renunciar a los beneficios económicos “para el país”, pese a que salvo gas natura, no hay confirmación de que existan otros recursos.
Uno de los más efusivos en esa línea fue Celso Muxfeldt, presidente de la Asociación Agropecuaria Agua Dulce y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay (ARP- Alto Chaco).
“Nosotros vamos a aprovechar esos recursos y no va a ser solo el chaqueño y unas localidades, lo van a aprovechar el Paraguay entero. Vamos a ser patriotas, eso les invito. Paren de decir que va a desaparecer el tirika, que se va a contaminar el agua y que va a haber deforestación. El 0,05% representa 300 hectáreas que ya está el pozo y la picada”, afirmó Muxfeldt.
Lo paradójico de su reclamo es que podría habilitar la explotación de recursos, a la par que reconocía que ellos son los que suplen la falta de controles y presencia del Estado, ya que ellos como empresarios “estamos fortaleciendo los guardaparques, los parques nacionales, haciendo las mensuras y luchando contra el crimen organizado”.
Esto ya que dijo que “para el Parque nosotros recuperamos de los narcotráficantes 16.000 has, trajimos la Fiscalía, la Senad, no disparamos y expusimos nuestro cuerpo”, sostuvo como supuesto argumento, aunque en realidad lo único que hizo es evidenciar la falta de control estatal en la zona.
También abogaron por el representante de las empresas interesadas en la explotación de recursos en la zona, como José Luis López Bozo, que se presentó como “Asesor de Energía para inversionistas extranjeros” y que pidió una “discusión técnica y no ideológica, científica y social” sobre el tema analizando , alegando que otros países están generando rentas con la explotación de hidrocarburos y minerales.
También abogó por la ley el representante de la empresa Primo Cano Martínez, José Cano, empresa que incluso está en litigio con el Estado, que había sido beneficiado con permisos para la prospección y explotación de gas natural en la zona, los cuales le fueron revocados tras la promulgación de la ley de protección de los médanos.
Si bien el diputado proyectista José Rodríguez dijo “no tener intereses particulares” en el tema, sí se pronunció a favor de la empresa Primo Cano Martínez, criticando la decisión de la Corte de revocarle los permisos para la explotación dentro del área protegida.
Sin embargo, una arista relevante y contrapuesta sobre los supuestos beneficios económicos lo señaló la representante de la Asociación de Defensores del Chaco, Valeria Meza, quien dijo que esto puede afectar incluso acuerdos comerciales de nuestro país, entre ellos por ejemplo el suscrito con la Unión Europea.
“Hoy, mercados claves como la Unión Europea aplican reglamentaciones comerciales estrictas de trazabilidad socioambiental obligatoria de la producción nacional. El mundo no compra a países que desprotegen sus reservas naturales o violan los derechos territoriales indígenas", enfatizó Meza.
Fue clara en advertir que el propio gobierno podría darse un tiro en el pie, si es que prospera este proyecto, ya que con la excusas de supuestamente generar más recursos a costa de afectar sus recursos naturales, podría cerrarse él mismo la puerta a grandes mercados.
“Hablamos de economía real. El argumento de este proyecto de que ‘traerá progreso’, contradice la estructura macroeconómica del Paraguay. Nuestro Producto Interno Bruto (PIB) depende directamente del sector agroexportador y de la reputación internacional de nuestros productores de una producción sostenible, enmarcada en el discurso del gobierno nacional”, acotó Meza.
Ley sería un “vale todo”
Otro argumento para intentar defender el proyecto fue que supuestamente ahora ya no se necesitan intervenciones físicas para realizar las prospecciones, ya que se podían hacer mediante imágenes satelitales.
Ante esto el diputado Raúl Benítez (Independiente),que justo a su colega Johanna Ortega (Partido País Solidario) participaron apoyando el rechazo, remarcó que el argumento de que no utilizarían mecanismo instrusivos y agresivos con el ecosistema es poco creíble, desde el momento que el proyecto de ley habilita a todo.
Leyó textualmente parte del proyecto de ley que señala: “El Mades contará un plan de manejo del Parque Nacional Médanos del Chaco, donde podrán permitirse actividades de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, siempre y cuando se realicen las debidas medidas de mitigación ambiental".
El mismo remarcó este párrafo ya que “se habla mucho de los mecanismo para hacerlo de manera satelital, pero la realidad es que el proyecto presentado abre la puerta para absolutamente todo”
A esto le sumó “nuestra realidad fáctica” que es que el Mades ”ni siquiera puede controlar los arroyos acá" por lo que difícilmente controle lo que pase en el Chaco.
Por su parte, la diputada Johanna Ortega reiteró que en base al parecer técnico del Mades, que apoya la postura del rechazo, prometió emitir dictamen por el rechazo de la Comisión de Ambiente y procurará otros más en otras comisiones.