Lejos de respaldar el procedimiento utilizado por los 23 senadores que votaron la pérdida de investidura de la legisladora opositora el 14 de febrero de 2024, la representante del Ministerio Público, Artemisa Marchuk Chena, concluyó que la decisión fue adoptada en violación de normas vigentes y de principios constitucionales fundamentales, por lo que recomendó a la Corte expresamente hacer lugar a la acción presentada por González.
El dictamen fiscal adquiere una relevancia especial porque rebate uno de los argumentos centrales utilizados por quienes defendieron la legalidad de la expulsión: que la reglamentación interna que establecía requisitos específicos para una pérdida de investidura no estaba vigente al momento de la votación.
La Fiscalía sostuvo que el reglamento sí estaba vigente
La fiscal adjunta analizó la Resolución Nº 429, aprobada por el Senado el 20 de diciembre de 2023, mediante la cual se reglamentó el procedimiento para la pérdida de investidura de legisladores.
Según el dictamen, la propia resolución establecía de manera expresa que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, es decir, el 21 de diciembre de 2023. Además, señala que la normativa nunca fue derogada, suspendida ni declarada inconstitucional por autoridad competente.
Por ese motivo, la Fiscalía concluyó que la reglamentación se encontraba plenamente vigente cuando el Senado trató y aprobó la expulsión de Kattya González en febrero de 2024.
La representante del Ministerio Público incluso menciona que durante la sesión en la que se consumó la pérdida de investidura, autoridades de la propia Cámara reconocieron que la resolución seguía vigente. Situación que se evidencia con la consulta realizada por el senador Eduardo Nakayama (Independiente) al entonces presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar.
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Esta conclusión contradice directamente la postura sostenida por quienes defendieron la actuación del Senado y también choca con la interpretación expuesta por el presidente de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, respecto a la aplicación de dicha normativa.
Los 23 senadores no podían ignorar una norma vigente
Para la Fiscalía, el problema no radica solamente en una cuestión reglamentaria interna del Congreso.
El dictamen sostiene que cuando un órgano del Estado aprueba una norma válida y vigente, está obligado a respetarla. Ignorarla implica una vulneración del principio de legalidad, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho.
En ese sentido, la fiscal Marchuk afirma que los senadores no podían apartarse discrecionalmente de las reglas que ellos mismos habían aprobado para juzgar una pérdida de investidura.
La agente concluye que al prescindir de una reglamentación vigente para adoptar una decisión que afecta derechos políticos fundamentales, el Senado incurrió en una actuación incompatible con la Constitución Nacional.
La resolución que expulsó a Kattya sería inconstitucional
Como consecuencia de ese análisis, el dictamen concluye que la Resolución N.º 431, mediante la cual fue expulsada Kattya González, se encuentra afectada por vicios de inconstitucionalidad.
La Fiscalía sostiene que la decisión no solo desconoció la normativa vigente, sino que también generó cuestionamientos relacionados con garantías básicas del debido proceso y el derecho a la defensa.
González había denunciado desde el inicio que el procedimiento se realizó de manera acelerada, sin otorgarle tiempo suficiente para preparar adecuadamente su descargo y sin respetar las condiciones establecidas en la reglamentación aprobada por el propio Senado semanas antes.
¿Quiénes son los ministros de la Corte que rechazaron la acción?
Con 6 votos en contra y tres a favor la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar a la acción que presentó Kattya González en contra de la Resolución N.º 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados; además de 7 abstenciones y 15 ausencias en aquella sesión del Senado.
La garantía constitucional fue rechazada con los votos de los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns; y los camaristas Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz y Esteban Armando Kriskovich De Vargas.
Los únicos que votaron por hacer lugar a la acción de la exparlamentaria y, en consecuencia, declarar inconstitucional su pérdida de investidura, son los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.
Una posición opuesta a la asumida por la mayoría de la Corte
El dictamen fiscal no era vinculante para la Corte Suprema, pero sí constituía una opinión jurídica institucional que debía ser considerada dentro del expediente.
Finalmente, una mayoría de ministros decidió rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora. Sin embargo, la posición asumida por la Fiscalía dejó asentada una interpretación completamente distinta de los hechos y del marco normativo aplicable que no se tuvo en cuenta.
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Mientras la mayoría de la Corte concluyó que no correspondía reponer a González en su banca, la Fiscalía entendió que la expulsión fue producto de un procedimiento incompatible con la Constitución porque los 23 senadores que impulsaron la pérdida de investidura actuaron ignorando una reglamentación que se encontraba vigente y que debía ser observada obligatoriamente.
Por este motivo, el dictamen fiscal recomendó hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad y declarar la invalidez de la resolución que puso fin al mandato legislativo de Kattya González.