El pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad que presentó la exsenadora opositora Kattya González contra la resolución de la Cámara de Senadores que decidió su expulsión del Congreso Nacional.
Con seis votos en contra y tres a favor, la máxima instancia judicial resolvió no hacer lugar al reclamo que presentó la exsenadora González contra la Resolución 431/2024 de la Cámara de Senadores, que el 14 de febrero de 2024 aprobó su pérdida de investidura con los votos de 23 legisladores cartistas y sus aliados.
La exlegisladora opositora argumentó en su acción de inconstitucionalidad que el proceso de pérdida de investidura al que fue sometida no se ciñó al reglamento interno del Senado, indicando que la acusación en su contra no le fue formalmente comunicada y no tuvo el tiempo necesario para montar su defensa. Además, señala que su expulsión se produjo con una mayoría simple de la mitad más uno de los miembros de la Cámara Alta, a pesar de que el reglamento vigente al momento del proceso exigía una mayoría de dos tercios para aprobar una pérdida de investidura.
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La acción constitucional fue rechazada por los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns, así como por los camaristas Miguel Ángel Rodas y Esteban Armando Kriskovich. En contraste, votaron por hacer lugar a la acción los ministros Víctor Ríos Ojeda, Gustavo Santander Dans y Manuel Ramírez Candia.
En respuesta, la propia exsenadora González y varios representantes de la oposición en el Congreso han acusado a la Corte Suprema de estar sometida al oficialismo cartista.
Potestad de la Corte Suprema sobre temas “políticos”
En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el ministro Víctor Ríos valoró que el caso de Kattya González ratificó la potestad de la Corte Suprema de decidir sobre cuestiones de tinte político cuando en estas se producen cuestionamientos sobre el debido proceso.
Explicó que en el ámbito judicial a nivel mundial sigue existiendo un debate sobre si el concepto de debido proceso “rige para los casos de enjuiciamiento que no están a cargo de órganos jurisdiccionales, sino de órganos administrativos y políticos”.
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“Existe una tendencia que sostiene que hay cuestiones eminentemente políticas que no son justiciables, pero esa tendencia está cada vez más arrinconada por la vigencia de los estados constitucionales de derecho, como es Paraguay, que reconocen la existencia de cuestiones políticas que son potestad discrecional de los poderes políticos hasta tanto aparezca alguien que diga que una medida está afectando su derecho fundamental a la igualdad”, expuso.
En esos casos, como fue el de la exsenadora González, que alegó que el proceso en su contra en el Senado violó sus derechos procesales establecidos en la Constitución Nacional, “no se puede invocar la cuestión política para evitar el control de constitucionalidad”, señaló el ministro de la Corte.
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La Corte Suprema no puede hacer juicio de valor sobre la cuestión de fondo de un proceso como la pérdida de investidura de un legislador o un juicio político, pero sí puede opinar e incluso anular procedimientos si estos no siguieron el debido proceso, subrayó.
El voto de Víctor Ríos
En su argumentación sobre su voto a favor de la acción de constitucionalidad de la exsenadora González, plasmada en la resolución publicada esta semana por la Corte Suprema, el ministro Ríos opinó que el Senado “ha pulverizado el derecho al debido proceso, en un acto de notoria arbitrariedad” en el proceso de expulsión.
Afirmó que pretender aplicar una mayoría simple para la pérdida de investidura de un senador de la República constituye una solución interpretativa que favorece desproporcionalmente a las mayorías coyunturales, en detrimento de las minorías parlamentarias.
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“La utilización de maniobras jurídicas en detrimento de la razón normativa y de la protección de las minorías coyunturales constituye un ejercicio abusivo del derecho. En una República no se puede pretender desmantelar el pluralismo político, pues la verdadera institucionalidad reside en la capacidad de las mayorías de autolimitarse frente a la tentación de utilizar la norma como un arma de exclusión contra sus adversarios”, manifestó en su voto.
“No hay Poder Judicial en el mundo” que no sea presionado
Sobre las acusaciones de sometimiento a presiones del oficialismo cartista que han lanzado miembros de la oposición política tras el fallo adverso a Kattya González, el ministro Ríos señaló que “la configuración de la Corte Suprema es producto de la relación de poder existente en la sociedad” y que esta “ha venido conformándose de acuerdo con los oficialismos vigentes”.
Argumentó que, debido a la “correlación de fuerzas existente”, si eventualmente todos los actuales ministros son destituidos, la eventual nueva Corte Suprema tendrá una conformación políticamente similar a la actual.
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Indicó también que “no hay Poder Judicial en el mundo” que no tenga que soportar presiones de “factores internos poderosos” que buscan influenciar decisiones favorables a sus intereses”.
“No es solo el poder político, cuando el poder político presiona es visible, pero también hay poderes ocultos, sin control republicano, que permanentemente operan”, añadió.
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Enfatizó que la crítica a las sentencias de la Corte Suprema es “libre” y que legisladores estarían en su derecho de calificar ciertas sentencias como “mal desempeño” e incluso impulsar juicios políticos en consecuencia, pero agregó que “si cada vez que no están de acuerdo con cada sentencia impulsan juicios políticos, no hay estabilidad institucional posible”.
Instancias internacionales
Luego del anuncio del fallo de la Corte Suprema, la exsenadora Kattya González anunció que llevará el caso a organismos internacionales.
Sobre ese punto, el ministro Ríos dijo ser “un reivindicador de la existencia de instancias supranacionales de control de las decisiones de los Poderes Judiciales nacionales”.
“Podemos equivocarnos los Poderes Judiciales o de repente no soportar presiones internas” dijo. “A nivel supranacional, en un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un poder interno de Paraguay no va a tener tanta incidencia”.