Sin tener eco hasta ahora por parte de las representantes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Marlene González y Laura Giacumo, el pasado 19 de junio, los abogados Cecilia Pérez y Ezequiel Santagada, representantes legales del comunicador Hugo Portillo, habían solicitado una serie de diligencias para la obtención de pruebas testificales y documentales, intentando desentramar este caso que tiene indicios de posible vinculación de financiamiento con el gobierno de Santiago Peña, que hasta ahora no ha hecho más que embarrarse aún más.
Entre las diligencias solicitadas plantearon convocar declaración testifical a la abogada Margarita Heralesky, parte del estudio Heralesky Abogados, cuya clienta es Gisele Mousqués, la esposa del embajador paraguayo en Taiwán y conocido político cartista, Darío Filártiga, así como eventualmente un allanamiento en busca de documentación. Hasta ahora, nada ha pasado.
Los puntos requeridos por los denunciantes se centran fundamentalmente en indagar el vínculo entre una de las páginas de ataque a críticos y de propaganda estatal Despierta Paraguay (DPY), con la filial local de la agencia publicitaria argentina Azafrán S.A. (con nexos con la viceministra de Comunicaciones de Gobierno, Alejandra Duarte Albospino) y el estudio jurídico Heralesky Abogados (detrás de la cuestionada condena contra Christian Chena, otro de los blancos de la “campaña sucia”) que llamativamente tienen como punto en común una misma dirección: O’Leary 966 en Asunción.
En el caso de Despierta PY, el vínculo con dicha dirección se confirmó en base al requerimiento judicial de la abogada de Chena, Alejandra Peralta Merlo, mediante el cual se confirmó que el número de celular ligado a la cuenta en redes sociales correspondía a la ciudadana venezolana, Yecika Magle Bracho Atacho, quien también declaró su dirección como O’Leary 966.
“El objeto procesal de esta causa incluye identificar a los responsables de la organización, financiamiento y ejecución del esquema organizado presuntamente por y con fondos del Estado, para desprestigiar a críticos y opositores a la actual administración del presidente Peña, de la cual la página “Despierta Paraguay” forma parte. El inmueble de O’Leary 966 constituye un punto de conexión física entre, al menos, tres de los actores mencionados en esta investigación: la persona vinculada a DPY, la firma Azafrán SA y el estudio Heralesky Abogados", señala el escrito presentado ante Fiscalía.
Advirtiendo de la posible comisión del hecho punible de obstrucción a la persecución penal, los abogados Santagada y Pérez remarcan que su colega Heralesky está obligada a aportar la información que posea sobre los responsables legales de arrendar el sitio que llamativamente confluyó con la página de ataque a opositores, la agencia internacional con vínculo con la viceministra del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Alejandra Duarte, y el estudio jurídico detrás de la condena a uno de los también blancos de la campaña sucia.
En tal sentido, además de convocar a declarar a la abogada, se solicita exigir la entrega de la documentación (contrato de alquiler o sublocación, recibos de pagos, comprobantes de transferencias y otros) bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, se expone a incurrir en frustración a la persecución penal, y en dicho caso, disponer un allanamiento. Así también se plantea requerir un informe registral de la propiedad.
Igualmente, advirtieron que la abogada Heralesky no puede alegar acogerse al resguardo del secreto profesional, “ya que no resulta de aplicación a este punto, por cuanto la identidad de quien le subarrienda un inmueble, así como la documentación que respalda dicha relación (contrato, recibos, comprobantes de transferencia), no constituye información obtenida en ejercicio de su ministerio profesional ni se encuentra amparada por el secreto profesional del abogado”.
Hasta ahora, la parte que no muestra avances investigativos es la de seguir la ruta del posible financiamiento estatal.
Mitic solo se ocupó de mentir y ayudó a borrar evidencias
La llamativa dilación por parte de la Fiscalía coincide con que por parte del Ministerio de Tecnologías de Información y la Comunicación (Mitic), apenas se descubrió el caso, se dispuso la eliminación de todas las campañas publicitarias del Gobierno ligadas a estas páginas de ataque, lo que en la práctica fue un borrado masivo de posible evidencia.
Además de Despierta PY, se detectaron al menos una decena de páginas similares, entre ellas Central Noticias, que tenía vinculo con el supuestos “militante” y ahora confirmado exfuncionario de Mitic, Juan Roberto “Jimmy” Villaverde.
Este es otro punto neurálgico en la trama, ya que desde el presidente de la República, Santiago Peña, hasta el ministro de Mitic, Gustavo Villate y su viceministra Alejandra Duarte Albospino mintieron al pretender negar cualquier vínculo institucional con Villaverde, del cual se referían como apenas un “militante” cartista sin nexo con el gobierno.
Esta mentira terminó de desbaratarse cuando el Mitic, forzado por un pedido de informes de la Cámara de Diputados, terminó admitiendo que Villaverde efectivamente fue funcionario comisionado a dicha institución y para colmo, la propia viceministra Duarte Albospino firmó la resolución por la cual lo designó como director a su cargo.
A esto hay que sumarle que recientemente la mayoría cartista en Cámara Baja, ante la evidencia comprometedora, se encargó de bloquear nuevos pedidos de informes al Mitic.