El diputado guaireño Alejandro Aguilera (ANR-HC) afirmó que el cartismo no acompañará el mecanismo de la interpelación ni exigirá la renuncia o destitución de la titular del MOPC, Claudia Centurión, al considerar que la remoción del cargo depende exclusivamente del presidente de la República y que la culpabilidad debe ser determinada por la Justicia.
La secretaria de Estado está en la mira de la oposición luego del último accidente ocurrido en Pedrozo y que este martes sumó una sexta víctima. Un polémico y peligroso cruce semafórico en la bajada del cerro debía ser reemplazado por un viaducto, pero la obra no concluyó en base al cronograma previsto.
El parlamentario calificó el planteamiento como una maniobra para obtener ventaja política. “Nosotros no estamos de acuerdo en politizar un hecho tan lamentable, en querer quitar réditos políticos a costa de la muerte de gente inocente”, dijo.
Al ser consultado sobre si la postura de sus colegas de la oposición puede considerarse como oportunismo político, el legislador asintió y añadió: “No les interesa las muertes de estas personas” y solo buscan “cortarle la cabeza a fulana de tal para golpear al Gobierno”.
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Negativa a interpelación no constituye blindaje, afirma Aguilera
Pese a negarse a usar la herramienta constitucional de la interpelación o acompañar un eventual pedido de renuncia, el parlamentario insistió en que el oficialismo no busca proteger a la secretaria de Estado. “No estamos blindándole absolutamente a nadie”, señaló.
Para encauzar los reclamos de información sobre el avance de la infraestructura en el lugar del siniestro, sugirió otras alternativas institucionales como la convocatoria a la ministra a la Mesa Directiva donde están todos los líderes de bancada y que allí se puedan evacuar todas las preguntas.
Asimismo, garantizó que acompañarán la aprobación de todos los pedidos de informes escritos que presente la Cámara.
Atribuye accidente a imprudencia y trabas judiciales
Para deslindar de responsabilidad directa a Centurión sobre el estado de las obras en Pedrozo, Aguilera argumentó que la falta de conclusión de los trabajos respondió a una medida legal que imposibilitaba continuar con las labores.
“Acá hay una cuestión de la imprudencia del conductor del camión y, por otro lado, esa obra estaba parada porque había una orden judicial; la ministra no puede seguir cumpliendo algo si hay una causa judicial de por medio”, explicó el legislador cartista.
Por último, remarcó que la permanencia de la ministra en el cargo es una atribución exclusiva del presidente de la República y que las responsabilidades legales en torno al percance vial no deben dictaminarse desde el ámbito parlamentario. “La Justicia va a decir quién tuvo la culpa o no, no la oposición ni nosotros”, concluyó Aguilera.
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