El presidente del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR - HC), acompañado del líder de la bancada cartista, Natalicio Chase y el senador Antonio Barrios, oficializaron un pedido de informe dirigido al Banco Central del Paraguay (BCP) “sobre el cumplimiento de los límites prudenciales aplicables a operaciones con partes vinculadas y sobre las medidas correctivas adoptadas respecto de Ueno Bank S.A.”.
El senador Núñez argumentó que la intención del documento es aplicar la misma vara de control legislativo a todas las entidades financieras. “Yo creo que es importante transparentar. Hasta ellos van a estar de acuerdo; así como se ha solicitado pedido de informe de otros bancos: Continental, Atlas y otros. Bueno, ahora entonces se ha decidido presentar también un pedido de informe sobre eno Bank”, explicó.
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El proyecto de resolución desglosa consultas técnicas sobre transacciones específicas. En su apartado sobre excesos registrados, pide saber si la Superintendencia detectó que Ueno Bank sobrepasó los límites permitidos en operaciones con firmas vinculadas como Mowi S.A., Grupo M S.A., Grupo Hendy S.A., Tuiu S.A., Franede S.A. y Aime S.A. Corredores de Seguros.
Asimismo, el documento solicita verificar la trazabilidad de una operación de venta de cartera a Vinanzas S.A. por valor de US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000.
En otro de los apartados consulta si se analizó la emisión y colocación de bonos de partes vinculadas, citando a ITTI S.A.E., Grupo Vázquez S.A.E. y la propia entidad, adquiridos por Technoma S.A. y Factopar S.A.
Sobre este punto, el legislador Natalicio Chase indicó: “El proyecto busca determinar si Ueno habría superado los límites legales establecidos en operaciones con empresas vinculadas y si el BCP actuó correctamente en ese control, o fue leve su control”.
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Fondos públicos, IPS y trazabilidad interna
El documento indaga sobre la evaluación de “riesgo de concentración fiscal y previsional” que debió practicar el BCP ante la magnitud de los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) y otras entidades públicas en el banco.
Pese a lo minucioso del requerimiento, Chase descartó temores de fondo. “No tememos que el dinero público esté en riesgo. Lo que sí queremos verificar es que no se hayan sobrepasado los límites establecidos por los reglamentos y las leyes”.
Además, los proyectistas exigen conocer el estado de la “excepción contable” que se le otorgó al banco tras la absorción de Visión Banco, cuestionando qué efecto tendría la reversión de esta medida sobre sus indicadores de solvencia.
En cuanto a posibles conflictos internos en el ente regulador, piden confirmar la existencia de un memorando fechado el 10 de julio de 2026, suscrito por el ex Gerente de Supervisión Fernando Rivarola, para determinar si hubo divergencias de criterio técnico con la Superintendencia.
El pedido de informe será tratado en la sesión ordinaria del Senado de este miércoles. Una vez aprobado, el Banco Central tendrá un plazo de 15 días para remitir las respuestas oficiales. “De acuerdo al informe del Banco Central, seguramente vamos a tener una postura política en el Senado”, concluyó el líder de bancada.
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