Mañana lunes preliminarmente estaba prevista la presentación del libelo acusatorio para avanzar con el juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, a quien diputados opositores atribuyen haber incurrido en “mal desempeño de funciones” e incluso en el eventual delito de “frustración a la persecución penal” en el caso Ueno Bank y principalmente a favor del expresidente de la República, Santiago Peña.
Sin embargo, incluso en la disidencia colorada y en la oposición hay aún actitudes dubitativas que podrían despejarse mañana y sumar sus firmas al libelo acusatorio, que, según adelantó la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) también será ampliado, aumentando a cinco las causales de destitución.
“Capaz llevamos al martes (la presentación del libelo) de acuerdo con quienes faltan firmar, porque sería muy bueno que firmen todos”, dijo la diputada Vallejo, una de las principales impulsoras de la iniciativa que hasta ahora tiene 15 firmas y con varias ausencias llamativas. Hasta ahora los firmantes son:
- Pedro Gómez (PLRA, Nuevo Liberalismo).
- Arnaldo Valdez (PLRA, Frente Radical).
- María Constancia Benítez (PLRA, Frente Radical)
- Federico “Freddy” Franco (PLRA, Nuevo Liberalismo).
- Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, Frente Radical).
- Carlos Pereira Rieve (PLRA, Nuevo Liberalismo).
- Emilio Pavón (PLRA, Nuevo Liberalismo).
- Miguel Martínez (PLRA, Independiente).
- Dalia Estigarribia (PLRA, Nuevo Liberalismo).
- Carlos María López (PLRA, Nuevo Liberalismo).
- Johanna Ortega (Partido País Solidario).
- Raúl Benítez (independiente).
- Rubén Rubin (independiente).
- Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).
- Leidy Galeano (Yo Creo).
Lo que sí adelantó es que agregará como nueva causal contra Rolón su manejo discrecional de miles de millones de los Gastos Reservados, los cuales no son rendidos conforme a la reglamentación vigente.
Además de ese nuevo hecho, el libelo acusatorio establece las siguientes causales de destitución:
- Conducción deficiente de la investigación en el caso Ueno Bank y contra Santiago Peña al actuar de manera “cómplice” y tardía.
- Cajoneo de denuncias contra Santiago Peña cuando estaba en el poder, principalmente la relacionada con su crecimiento patrimonial.
- Inacción en el caso de “Los Sobres del Poder”.
- Debilitamiento institucional al delegar funciones exclusivas del Ministerio Público y debilitar el laboratorio forense.
Reuniones para definir postura
Si bien ese número ya es suficiente para la presentación, está muy lejos de generar una mínima esperanza de que eventualmente prospere el libelo acusatorio, sobre todo porque incluso falta la definición de la bancada colorada disidente Añetete e incluso de algunos del tercer espacio.
El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añetete), que ya se pronunció a título personal a favor del juicio político contra Rolón, dijo que mañana su bancada, que tiene 5 miembros, se reunirá al mediodía para definir su posición.
“En lo personal hace mucho tiempo venimos cuestionando las diversas actuaciones del fiscal general del Estado desde aquellos ‘Sobres del Poder’, y desde las reuniones (secretas) que han mantenido con otros poderes del Estado en Mburuvicha Róga. Definitivamente existe una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía hacia el fiscal general del Estado”, señaló Espínola.
Según había alegado el líder de bancada de Añetete, Daniel Centurión, la semana pasada, la duda del bloque no está en los méritos para echar al FGE, sino en los votos, ya que afirman que en el caso de no asegurar la mayoría de dos tercios requerida (53 votos en caso de estar los 80 presentes) se daría el rechazo y no podría tratarse de vuelta en un año.
De hecho, antes del caso de Añetete es muy difícil que no respalden el juicio político, ya que hace tiempo vienen cuestionando a Rolón, a quien acusan de haber instrumentado causas para anular a disidentes colorados.
Puntualmente, el caso penal abierto con base en la denuncia de Horacio Cartes contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, el diputado Espínola y varios exmiembros del gobierno de Abdo por “divulgación de secretos en acto de servicio” y también la imputación por el caso Metrobús contra el exministro de Obras y actual precandidato presidencial, Arnoldo Wiens.
Hasta ahora, si bien el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) institucionalmente decidió acompañar el juicio político contra Rolón -en teoría- con sus 23 votos, se aguarda la firma de por ejemplo dos de los tres diputados de la bancada de Yo Creo, Walter García (imputado) y Guillermo Rodríguez.
También sería contradictorio y llamativo que los de Yo Creo no acompañen eventualmente el juicio político, ya que hace tiempo vienen denunciando “persecución” de la Fiscalía de Rolón a su candidato presidencial y principal líder, Miguel Prieto (Yo Creo).
Oficialistas, los votos clave y con varios apretables
Para mañana al mediodía también están previstas reuniones de las dos bancadas oficialistas, la mayoritaria ANR “A”, integrada por los anteriormente cartistas con 35 miembros, al igual que la bancada ANR “B”, que tiene 9 miembros.
En ambos bloques existen posturas divididas, pero normalmente votan en bloque. En el caso de los de la bancada A, hay varios diputados que vienen con críticas a Rolón desde el procedimiento fiscal-policial en el cual resultó muerto el entonces diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.
También hay varios de sus defensores, que poseen causas penales abiertas o bajo amenaza de poder ser investigados. Es por ejemplo el caso el diputado oficialista Esteban Samaniego, que entre otros casos, es parte del proceso penal por el cual también está incluida su esposa y exintendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), y otros por presunta administración en provecho propio y lavado de dinero.
También habrá que estar atento a la posición que asuma la diputada oficialista Rocío Abed, cuyo esposo es el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarias Irún, y es uno de los administradores públicos que podría ser investigado por colocar millones de fondos de la binacional en Ueno Bank.
Durante la administración de Zacarías Irún se depositaron unos US$ 181 millones de fondo de Itaipú en el ahora cerrado banco, lo que motivó el procesamiento penal de Peña. La recuperación de dichos fondos aún no está garantizada.
Casos como este de “apretables” hay varios en la Cámara, incluido el de la diputada oficialista Carmen Giménez de Ovando, cuyo esposo, Agustín Ovando (ANR), está imputado por presunta lesión de confianza por su gestión hasta noviembre pasado como intendente de San Estanislao (Santaní).
Otra que se suma es la diputada oficialista Johana Vega (ANR), cuya sospechosa fortuna y nivel de derroche cuando era pareja del extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, levantaron todas las alertas, y de hecho, Jara ya se encuentra imputado por presunto enriquecimiento ilícito.
Llamativamente, no existe causa abierta contra Vega, quien al igual que Jara, disfrutaba de una vida ostentosa.