5 de diciembre de 2025

La fiscal Mercedes Vera Monges presentó imputación en contra del empresario Gregorio Mateo Balmelli y su secretario, Luis Fernando Lamas Colmán, por la presunta comisión de los hechos punibles de usura y estafa. De acuerdo con el hipótesis de la agente del Ministerio Público, los imputados ocasionaron en enorme perjuicio patrimonial a la víctima, que es presidente de una empresa dedicada a la importación y venta de vehículos usados, contra quien promovieron juicios en lo Civil por un monto superior a los G. 1.400 millones.


Cuatro hombres, uno de ellos juez penal de garantías de Mariscal Estigarribia y una mujer, madre de la víctima, fueron imputados por abuso sexual en niños, coacción sexual y otros hechos punibles más. De acuerdo con datos del Ministerio Público señalan que la mamá explotó sexualmente de su propia hija entre los años 2021 y 2023.
La Fiscalía imputó a cinco personas por los hechos punibles contra la autonomía sexual de una joven. Estos encuentros, promovidos por la madre de la víctima, se iniciaron en el año 2021, cuando esta tenía 13 años. La investigación de los hechos comenzaron en mayo del 2025.

El colombiano Rafael Enrique Espinel Niebles (35), fue quien supuestamente atacó con un cuchillo por la espalda a su hijastro Fabrizio Nicolás González (19), en la madrugada del domingo último en uno de los callejones de la Chacarita, conforme a la imputación por homicidio doloso del fiscal Leonardi Guerrero.

El Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario y también la colocación de tobillera electrónica para Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (19 años). Esto en el marco de una segunda causa por presunto abuso sexual, cuya audiencia de imposición de reglas especiales se hará el jueves en un Juzgado Penal de la Adolescencia de la Capital.

El Ministerio Público imputó a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, y a tres escribanos públicos, por presunto lavado de dinero y por hechos punibles contra la prueba documental. Esto en el marco de las transferencias de bienes, como una aparente maniobra para ocultar el patrimonio del acusado en el caso “Pavo Real PY II”.