5 de diciembre de 2025

Jaime Bestard, presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), habló sobre la situación actual del sistema de votación que quedó al borde de volver a las papeletas cuando una mayoría coyuntural de la Comisión Bicameral del Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) decidió dejar sin presupuesto al TSJE para el alquiler de las máquinas.




El senador Éver Villalba (PLRA) insiste en la vulnerabilidad de las máquinas de votación que están en proceso de licitación para ser arrendadas por la Justicia Electoral. Por otro lado, la institución asegura fiabilidad.

El consorcio Comitia-MSA, único oferente para proveer máquinas de votación a la Justicia Electoral, incumplió 26 pruebas de funcionalidad y garantía de datos, según revela un informe. Sin embargo, esta firma vinculada al grupo Ueno y Vásquez, exsocios de Santiago Peña, pasó de estar “descalificada” para la compra a ser la “única oferente” para el arriendo temporal de estos aparatos.

El vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jorge Bogarín González, dijo que una publicación de este medio, que indica que en el proceso licitatorio en curso para el alquiler de máquinas de votación se eliminaron exigencias de seguridad que sí existían en el frustrado llamado anterior para compra de esos equipos, tiene “inexactitudes” y afirmó que “se han agregado elementos de seguridad”.

El proceso de compra de máquinas de votación, anulado cuando Comitia- MSA fue descalificada, sí exigía altos estándares de ciberseguridad y trazabilidad de papaletas, mientras que el actual proceso de arriendo, cuyo único oferente es el vinculado a exsocios de Santiago Peña, elimina estas exigencias y certificaciones, lo que deja la cancha libre para el fraude electoral, según señalan expertos.

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) tiene previsto alquilar las máquinas de votación que se utilizarán para las elecciones municipales uninominales y plurinominales del 2026; sin embargo, pese a que el monto ya estaba previsto para el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2026 (PGN), legisladores liberales de la Comisión Bicameral dejaron en cero los recursos que iban a ser designados para el alquiler.