La directora general de Catastro y Registro de Inmuebles del Registro Unificado Nacional (RUN), Mercedes Vera, sostuvo en entrevista con ABC Color que la tecnología y los recursos humanos capacitados son necesarios para lograr la unificación institucional y aplicación efectiva del RUN.
El nuevo sistema comenzó a operar en enero de 2026, luego de que el Presidente Santiago Peña firmara el decreto mediante el cual reglamentaba la Ley 7424/25, que creó el Registro.
Se trata de una institución que fusionó la Dirección General de los Registros Públicos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia; la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro, que se encontraba vinculada a Tributación del entonces Ministerio de Hacienda (hoy Economía); y el Departamento de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
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Reforma requiere inversión sostenida
En cuanto a la infraestructura, la funcionaria explicó que para agilizar los trámites la Dirección General de Catastro y Registro de Inmuebles debería funcionar en un mismo edificio. Dijo que actualmente, Catastro opera en el centro de Asunción, mientras que el Registro de Inmuebles se encuentra en el km 5, lo que dificulta la coordinación entre ambas dependencias.
“Necesitamos un edificio donde podamos trabajar conjuntamente Catastro y Registro y contar con una base de datos integrada. Ello constituye apenas el primer paso de una transformación mucho más amplia que requiere el proceso de implementación del RUN”, reafirmó.
Resaltó que, actualmente, ambas áreas funcionan con sistemas informáticos distintos que deberán unificarse para permitir un intercambio más eficiente de la información.
Unificar bases de datos será uno de los mayores desafíos
Sobre ese punto, refirió que uno de los proyectos centrales de la institución consiste en desarrollar una plataforma tecnológica capaz de reunir la información registral y catastral en un solo sistema.
Vera explicó que el Registro de Inmuebles dispone de una base digital que almacena la historia de los títulos de propiedad y sus imágenes digitalizadas, mientras que Catastro administra un sistema cartográfico con distintas capas de información territorial.
Asimismo, la integración de ambos sistemas requerirá un proceso complejo de diseño, migración y verificación de datos para preservar la seguridad de la información.
“No se trata solamente de desarrollar un sistema informático; primero hay que comprender completamente el proceso registral y catastral para poder llevarlo a una plataforma tecnológica”, señaló.
En cuanto a la inversión que se requiere, indicó que el RUN todavía no cuenta con una estimación del costo que demandarán el desarrollo de la plataforma tecnológica y una futura sede unificada, debido a que ambas iniciativas deberán definirse mediante los correspondientes procesos de licitación.
Más funcionarios especializados
Por otro lado, la abogada dijo que también se debe fortalecer el capital humano. Según refirió, la dependencia cuenta actualmente con alrededor de 130 funcionarios, una dotación que considera insuficiente para responder a las nuevas funciones que incorporó el RUN.
Explicó que la aplicación de la Ley 7424 que crea el RUN exige cada vez más análisis técnicos y verificaciones, además de acompañar el crecimiento de los trámites inmobiliarios.
También destacó la necesidad de seguir capacitando tanto al personal interno como a los profesionales que interactúan con el sistema, especialmente agrimensores y operadores técnicos.
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La inspección de inmuebles sigue siendo un desafío
En otro momento de la entrevista, la funcionaria dijo que la legislación permite realizar verificaciones sobre el terreno cuando resulte necesario, aunque reconoció que actualmente no existe suficiente personal para efectuar inspecciones de manera sistemática.
Añadió que los artículos 179 y 180 de la Ley Nº 7424/25 establecen la obligatoriedad de la georreferenciación en los casos previstos por la normativa.
Explicó que el propietario debe gestionar un plano georreferenciado con la intervención de un agrimensor o topógrafo habilitado y de un escribano. El documento, firmado por el agrimensor y el propietario, se presenta ante el RUN para su incorporación al trámite correspondiente.
Por ese motivo, una parte importante de la responsabilidad técnica recae sobre los agrimensores, quienes elaboran los planos georreferenciados bajo declaración jurada y pueden ser objeto de sanciones administrativas si presentan información incorrecta.
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Un trabajo que involucra a varias instituciones
La directora sostuvo que la consolidación del nuevo sistema no depende únicamente del RUN.
Indicó que el ordenamiento territorial requiere una coordinación permanente con todos los municipios, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), gobiernos departamentales y otras instituciones públicas.
También mencionó la necesidad de fortalecer la Red Geodésica Nacional, cuya administración es responsabilidad de la Dirección del Servicio Geográfico Militar, y que es utilizada como referencia para las mediciones que realizan los agrimensores.
“No todo descansa en el RUN. Para lograr un verdadero ordenamiento territorial necesitamos un trabajo interinstitucional”, afirmó.
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Modernización sin detener el mercado inmobiliario
Pese a las dificultades propias de la implementación, Vera aseguró que la prioridad es avanzar con la modernización sin paralizar las operaciones inmobiliarias. Explicó que muchos trámites requieren estudios técnicos más complejos y, por esa razón, algunos procesos demandan más tiempo que otros.
“No buscamos entorpecer el negocio inmobiliario. Hacemos un gran esfuerzo para encontrar soluciones y permitir que las operaciones continúen”.