El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ajustó, a principios de este mes, su hoja de ruta fiscal y prevé que el déficit de Paraguay llegue al 3,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2026 y aumente al 3,9% en 2027. El objetivo oficial es retornar al límite de 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2028.
El economista Arnold Benítez, analizó los nuevos ajustes realizados por el MEF y refirió que el debate debería centrarse en cómo este cambio afecta la previsibilidad fiscal que Paraguay construyó durante años y que ayudó al país a reducir el riesgo, acceder a financiamiento a plazos más largos y alcanzar el grado de inversión.
“El país puede explicar un desvío fiscal. Lo que no puede permitirse es que el mercado empiece a preguntarse cuánto valen sus compromisos a futuro”, sostuvo Benítez en entrevista con ABC Color.
Según el MEF el aumento del déficit responde, entre otros factores, al reconocimiento y pago de obligaciones pendientes con proveedores, además de una menor dinámica de los ingresos fiscales. Para el analista, este sinceramiento puede ser positivo, siempre que permita mostrar con mayor claridad la verdadera situación de las cuentas públicas.
¿Reconocer deudas pendientes mejora la transparencia fiscal?
Según datos del MEF, las deudas que arrastra el Estado con dos sectores principales, obras públicas y proveedores del Ministerio de Salud, alcanzan aproximadamente US$ 1.270 millones.
En ese sentido, Benítez plantea que mostrar esas obligaciones puede generar un deterioro inicial en los números, pero también aportar mayor transparencia. “Un balance más feo pero verdadero puede ser mejor que uno prolijo con cuentas debajo de la alfombra”, afirma.
El problema aparece cuando se analiza cómo llegaron a acumularse esos compromisos. Según el economista, los inversores no mirarán solamente cuánto debe el Estado, sino también por qué esas obligaciones pudieron acumularse sin que el deterioro fiscal fuera visible a tiempo.
Ese punto lleva la discusión desde el resultado fiscal hacia la gestión de las finanzas públicas. Sobre el punto, el analista recordó que Moody’s ya había señalado esta situación al poner el foco sobre los atrasos fiscales reconocidos durante 2026, estimados en torno al 2,1% del PIB. Para Benítez, el monto es relevante, pero también lo es lo que revela sobre la capacidad de administración financiera del Estado.
Un desvío puntual puede ser absorbido por el mercado. Sin embargo, a su criterio, la dificultad aparece si existe la percepción de que el mismo problema puede repetirse.
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El déficit de 2027 genera mayor presión que el resultado de 2026
Aunque la cifra de 3,2% del PIB prevista para 2026 concentró buena parte de la atención, Benítez considera que el dato que merece mayor seguimiento es el déficit proyectado para 2027. Recordó que, el MEF estima que el resultado fiscal llegará al 3,9% del PIB el próximo año y que luego deberá reducirse hasta 1,5% en 2028. “Esto implica una corrección de aproximadamente 2,4 puntos porcentuales del PIB en un solo ejercicio fiscal”, resaltó.
En ese sentido, Benítez cuestionó que se pueda alcanzar ese ajuste. Dijo que, puede depender de varios factores como un aumento de la recaudación, una reducción del gasto, una menor inversión pública o una combinación de medidas. “También existe la posibilidad de que una parte del esfuerzo recaiga sobre un mayor crecimiento económico. Escribir 1,5% en una proyección plurianual es sencillo; construir política económica capaz de producirlo es bastante diferente”, advirtió Benítez.
Por eso, dijo que la credibilidad del programa dependerá de que el Gobierno explique desde ahora qué medidas permitirán pasar del 3,9% al 1,5% del PIB. Sin un mecanismo concreto, el mercado podría interpretar la meta de 2028 como una aspiración y no como un compromiso efectivo.
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La Ley de Responsabilidad Fiscal enfrenta una prueba de credibilidad
En cuanto a la Ley de Responsabilidad Fiscal que estableció un límite que durante años funcionó como referencia para la política económica paraguaya. Benítez, refirió que su valor no está solamente en el porcentaje fijado, sino en la previsibilidad que ofrece a los agentes económicos.
Las circunstancias excepcionales pueden justificar una desviación temporal. El problema aparece cuando las excepciones se repiten y la fecha de retorno a la regla vuelve a postergarse. “Una regla que siempre puede moverse cambia de naturaleza”, señala el economista.
Por ello, Benítez considera que Paraguay puede discutir una actualización de su marco fiscal, con herramientas que contemplen variables como la deuda, el resultado estructural, el ciclo económico y la calidad de la inversión pública. Pero una modificación de ese tipo debería ser diferente de trasladar sucesivamente la fecha de cumplimiento.
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Una excepción puede mantener la credibilidad de una regla cuando tiene una causa identificable, un plazo definido y una salida que pueda ser comprobada. Si las excepciones se acumulan, el mercado puede empezar a preguntarse cuánto depende el cumplimiento de la regla de la voluntad política.
El riesgo fiscal puede aumentar el costo del financiamiento
Benítez advierte que los mercados financieros no esperan necesariamente una rebaja de calificación para exigir una compensación mayor. “Puede aparecer algo más silencioso: algunos puntos básicos adicionales en una emisión, menor apetito por duración, mayores exigencias para comprar moneda local o una prima superior frente a soberanos comparables”, explicó.
Dijo que el efecto también puede trasladarse al sector privado. La curva de rendimiento de los bonos soberanos sirve como referencia para bancos, empresas, proyectos de infraestructura y emisiones privadas. “Si el Estado debe pagar una tasa mayor debido a una percepción de mayor incertidumbre fiscal, otros actores de la economía pueden enfrentar un costo financiero superior”, resaltó. Por eso, dijo que la reputación fiscal tiene un impacto que excede las cuentas del Tesoro.
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Mayor exigencia tras alcanzar el grado de inversión
Benítez sostuvo que el desafío actual no consiste únicamente en conservar una calificación determinada. Paraguay debe demostrar que sus instituciones fiscales pueden ofrecer previsibilidad frente a países que tienen marcos fiscales más consolidados.
“El riesgo, entonces, no es solamente perder una calificación. Hay un escalón previo, que el inversor empiece a considerar a Paraguay un soberano con buenos fundamentos, pero con una prima institucional adicional”, señaló.
Dijo que esa prima puede reflejarse en el precio de los bonos, los plazos de financiamiento y la demanda de títulos paraguayos. El deterioro, por tanto, sostuvo podría aparecer en las condiciones de acceso al mercado antes de cualquier modificación formal de una calificadora.
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El pago de atrasos debe evitar que se repita el problema
Según el economista, el aumento del déficit puede tener una lectura positiva si permite reconocer obligaciones acumuladas, ordenar las cuentas y cerrar definitivamente compromisos pendientes. Pero ese resultado dependerá de que el Gobierno también explique por qué se generaron los atrasos y qué cambios evitarán que vuelvan a acumularse.
Para Benítez, el saneamiento fiscal no puede limitarse a establecer un nuevo calendario para llegar al 1,5%.“Haría falta una explicación pública de cómo se originaron los atrasos, qué controles fallaron, qué cambios se introducirán y cómo se evitará que el presupuesto vuelva a generar obligaciones que luego terminan apareciendo como una sorpresa”, planteó.
La diferencia será visible en los próximos años, destacó. “Si los atrasos se reducen, las obligaciones se transparentan y no aparecen nuevos compromisos fuera de las previsiones presupuestarias, el episodio podría ser interpretado como un proceso de ordenamiento. Si vuelven a aparecer obligaciones y nuevas excepciones, la lectura del mercado será más negativa”, reconoció.
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Para el analista, desde el Gobierno debe presentar un programa concreto para reducir el déficit desde el 3,9% previsto para 2027 hasta el 1,5% en 2028. “Si simplemente trasladamos otra vez la fecha de convergencia, estaremos gastando parte de una reputación que llevó más de dos décadas construir”, concluyó.