En una conferencia de prensa realizada esta mañana, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, anunció oficialmente el inicio de un proceso de depuración del vademécum del seguro social.
Como primera medida, se confirmó la eliminación de 817 ítems de insumos quirúrgicos de una lista de 4.800 ítems, argumentando que se trata de materiales obsoletos, desfasados y cuyas compras generan gastos innecesario para el fondo de salud, que registra un déficit de más de US$ 20 millones al mes, detalló Fretes.
El presidente del IPS adelantó que esta lista de exclusiones aumentará próximamente, ya que aún resta analizar los 513 ítems correspondientes exclusivamente a medicamentos, que todavía no han sido estudiados.
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Ante este anuncio, la Asociación Nacional de Asegurados del IPS sentó una postura de estricta cautela y exigió que la medida no afecte a los pacientes con tratamientos complejos, además de demandar investigaciones penales sobre las compras previas.
Vademécum del IPS: preocupan pacientes catastróficos
Julio López, presidente de la Asociación Nacional de Asegurados del IPS, señaló a ABC que, si el objetivo es la eliminación de insumos obsoletos para su reemplazo por tecnologías médicas modernas, esa es una orientación correcta en principio. No obstante, afirmó que existe desconfianza debido al historial de la previsional.
“Nosotros, en principio, vemos con cautela esta medida. Nos preocupa y estaremos conversando fundamentalmente con las asociaciones de enfermos de enfermedades catastróficas para interiorizarnos de que en esos insumos eliminados no se encuentren elementos que estos compatriotas requieran para su uso” (sic), afirmó López.
Demandan investigación penal y castigo a responsables
Asimismo, el representante de los aportantes cuestionó con dureza las administraciones anteriores y exigió que los anuncios oficiales tengan consecuencias jurídicas reales.
López sostiene que, si se comprueba que la institución seguía gastando dinero de los fondos previsionales en insumos cuyo uso ya debía estar descartado, se debe identificar y sancionar a los responsables.
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Asimismo, el representante de los asegurados recordó que transiciones previas —como la salida de los presidentes de IPS Armando Rodríguez o Vicente Bataglia— estuvieron marcadas por denuncias de irregularidades multimillonarias detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) que no derivaron en sanciones firmes.
“Tenemos el derecho de dudar de que pueda ser nuevamente una especie de rimbombancia que no tiene consecuencias”, fustigó.
Asegurados piden declarar “estado de emergencia”
Para la organización de asegurados, la crisis actual del IPS —caracterizada por el desabastecimiento crónico y las dificultades para conseguir turnos— no se resolverá únicamente con cambios de nombres o promesas administrativas.
Por este motivo, la asociación ratificó su postura de exigir la declaración de estado de emergencia sanitaria para el IPS. Según López, esta medida permitiría al Poder Ejecutivo agilizar la compra directa de medicamentos e insumos críticos por la vía de la excepción, saltando la burocracia de las licitaciones tradicionales.
Cuestionan a Mirtha Arias, nueva consejera del IPS
Con el objetivo de presentar formalmente estas propuestas y manifestar su rechazo al perfil de las nuevas designaciones en el Consejo de Administración, una delegación de asegurados se presentará mañana martes a las 10:00 en la Caja Central del IPS para urgir una audiencia con el presidente Isaías Fretes.
López adelantó que uno de los objetivos es formalizar el rechazo al perfil de los miembros nombrados de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, apuntando específicamente hacia la secretaria de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Mirtha Arias, quien asumió la semana pasada como consejera representante del sector obrero.
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Desde el gremio acusan a la consejera de mantener una postura de “silencio cómplice” ante las severas irregularidades institucionales que venían siendo denunciadas públicamente por los aportantes. “Tenemos durísimas críticas hacia la actitud asumida. Fue una de las firmantes del acuerdo con el Gobierno mientras los trabajadores eran reprimidos frente al Congreso en rechazo a la Ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Además, debe explicar qué hizo durante todo el tiempo en que denunciábamos la complicidad en las irregularidades cometidas por Víctor Insfrán (exconsejero)”, enfatizó el dirigente.