La convocatoria al paro docente unifica a los principales sectores del magisterio nacional, incluyendo al Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), la Unión Nacional de Educadores (UNE-SN) y la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica) y Otep - SN. Las organizaciones acordaron paralizar las actividades pedagógicas en escuelas públicas en todo el país, desde este lunes, tras sumarse al llamado inicial impulsado por la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).
En sus pronunciamientos, los dirigentes denunciaron que los recientes hechos que sacuden al sistema financiero ponen en franco peligro los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y los aportes jubilatorios de la Caja Fiscal. Ante esta situación, exigieron la garantía inmediata del Estado para resguardar el patrimonio de miles de trabajadores y la restitución del dinero de los ahorristas afectados tras el cierre de Ueno Bank.
Asimismo, el sector docente condicionó la vuelta a las aulas a la destitución del presidente de la República Santiago Peña, actualmente en juicio político, y su procesamiento por parte de la Justicia ordinaria, al señalarlo como el principal responsable de la crisis. Desde el Sinadi enfatizaron que la medida de fuerza se mantendrá firme “hasta lograr las garantías constitucionales”, abriendo un escenario de incertidumbre sobre el desarrollo del calendario escolar.
En sus pronunciamientos finales, las organizaciones magisteriales hicieron un llamado abierto a todos los educadores del país a sumarse a las movilizaciones bajo el lema “Ni un paso atrás”. Ratificaron además que saldrán a las calles para exigir la confiscación de bienes de los responsables y el resguardo de la inversión en la educación paraguaya.
Confiscar sus bienes y cárcel: el deseo de los docentes para Santiago Peña
Los profesores no solo exigen la destitución del presidente de la República. Solicitan igualmente que se confisquen sus bienes, de modo a recuperar parte del dinero afectado por la crisis financiera. Además, que la Justicia lo procese para que su destino sea la cárcel, según apuntaron en sus comunicados.
“Repudiamos enérgicamente, los hechos que ponen en riesgo el sistema financiero nacional y exigimos la garantía del Estado para los fondos públicos, los fondos provisionales y los aportes jubilatorios de la Caja Fiscal que ahora están en franco peligro”, expresaron.
Cifras de los fondos públicos y jubilatorios en peligro
- G. 250.000 millones de la Caja Fiscal: Monto depositado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), hoy en riesgo tras el proceso de resolución del banco intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP).
- G. 123.838 millones en intereses no cobrados: Rendimientos pendientes de devengar hasta el 2030 vinculados al capital de la Caja Fiscal, cuya recuperación solicitó formalmente el MEF a la Fiscalía.
- G. 1,74 billones del IPS comprometidos: Representa la colocación del Instituto de Previsión Social en la misma entidad financiera intervenida, lo que posiciona al IPS como el mayor ahorrista afectado dentro del esquema de crisis.
Los docentes explicaron que analizarán paso a paso lo que ocurra el fin de semana, atendiendo a que prosigue el juicio político contra el presidente Peña. “El presupuesto de educación 2027 debe tratarse este lunes en Diputados, pero atendiendo a la coyuntura actual puede que se postergue el estudio para otro día. Entonces, podríamos levantar la medida prevista”, aseguró Rafael Resquín, presidente de la UNE.