Como ya se volvió tradicional en la Cámara de Diputados, la mayoría cartista se opuso a un pedido de informes del diputado abdista Roberto González, que simplemente solicitó que se informen los rubros docentes a inicios de año, ante denuncias de direccionamiento político.
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El cartismo, sin ningún argumento, rechazó el proyecto de resolución “que pide informe al Poder Ejecutivo – Ministerio de Educación y Ciencias sobre cuántos rubros de nombramientos se realizaron en el departamento de Caaguazú, en el periodo escolar 2026, en los meses de febrero, marzo y abril, en cada uno de los distritos”.
Esto ya se volvió un esquema de protección, ya que sin importar el departamento donde se solicite esta información, es rechazado semana tras semana por los cartistas, haciendo que las sospechas de irregularidades no hagan más que aumentar.
El diputado proponente Roberto González (ANR, Añeteté) se preguntó ante sus colegas. “¿Por qué tanto celo de que la institución afectada responda? ¿Qué se quiere ocultar?. Y acá no hay denuncia anónima, acá hay una denuncia responsable de un diputado de la Nación. Yo asumo esa responsabilidad".
El líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto, alegó que supuestamente pretendían mandar a comisiones para unificar todos los pedidos, lo cual era una clara excusa. Incluso propuso convocar ante la mesa directiva de Diputados al ministro Ramírez, es decir, que nada salga de cuatro paredes.
González le recordó el reglamento de la Cámara, donde le recordó que el reglamento daba todas las facultades al pleno de definir este pedido, y pidió votar para que los docentes vean “quiénes estamos con la transparencia y con este sector tan vapuleado de la docencia” y quiénes no.
“Estamos ante un festín de distribución política de rubros en todas las supervisiones del país. Con la figura del interinato, de los encargados de despachos, se está metiendo gente que ni siquiera está en los bancos de datos. Se está pisoteando a gente que se ha sacrificado”, denunció por su parte el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, Frente Radical) sobre las denuncias que le llegan.
El legislador también pidió llevar a votación, para que quede claro quiénes están a favor de dejar el nefasto precedente de que “por el simple hecho de portar el pañuelo rojo están accediendo a los rubros”, mientras se relega a los que realmente tienen méritos.
Tirotean contra el “pelele” del ministro
La más efusiva en su crítica fue la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario), quien remarcó que le llama la atención el blindaje semana tras semana; y pese a no ser firmante del pedido de informes, adelantó que a partir de ahora recurrirá incluso a la Ley de Acceso a Información Pública y hasta recurrirá a un amparo judicial si fuese necesario para requerir estos datos.
“La verdad me altera y me molesta profundamente, no por mí, sino por las personas que representamos desde estas bancas, que se plantee una reunión entre cuatro paredes que no va a ser transmitida con el ministro de Educación, frente a un pedido de informes que pretende transparentar para toda la ciudadanía”, dijo Ortega rechazando la reunión planteada en la Mesa Directiva.
La misma enfatizó que, lejos de encerrarlo en cuatro paredes, al ministro Ramírez, este tiene “muchas cosas que explicarle al pueblo paraguayo” y tiene que ser pública toda la información y si fuese necesario, irá “hasta todo lo que la ley permita”, pese a que es una vergüenza que, como legisladores deban recurrir a una ley, siendo que la Constitución los ampara a pedir informes a otros entes.
Luis Fernando Ramírez “es un ministro inútil, pelele, y que se pasa protegiendo a políticos y estoy podrida de que no nos dejen hacer nuestro trabajo en este lugar", fustigó Ortega, haciendo referencia a que el ministro retaseó datos sobre el dudoso título de abogado del concejal cartista de Asunción, Nasser Esgaib.