Durante la reunión con senadores que forman parte de la comisión, el ministro de Educación, Luis Ramírez, reconoció que el Estado enfrenta serias dificultades para verificar, sancionar y anular los títulos falsos.
“No tenemos muchas herramientas para verificar, controlar. Nosotros no tenemos fuerza para anular ese acto o ese título”, sostuvo.
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Ramírez explicó que existen múltiples modalidades de irregularidades detectadas y que incluso algunas universidades se desligaron de documentos que circulaban con sus nombres.
“Tenemos una cantidad de títulos que no corresponde. La universidad se deslinda”, afirmó.
Cerca de 500 casos denunciados ante la Fiscalía
Uno de los datos más contundentes expuestos en la reunión fue la magnitud del fenómeno. El titular del MEC informó que las denuncias ya se acercan a los 500 casos.
“Estamos orillando los 500 casos que nosotros estamos denunciando”, señaló.
Además, reveló que una auditoría interna detectó numerosas irregularidades dentro del propio Ministerio de Educación y que ya fueron trasladados cuatro funcionarios vinculados a los procesos investigados.
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“Estamos terminando una auditoría. Hemos trasladado a cuatro funcionarios importantes en este circuito y hemos encontrado muchísimas situaciones irregulares”, afirmó sin citar a los involucrados.
Ramírez también alertó sobre registros de títulos cargados al sistema fuera de horarios normales de funcionamiento, incluyendo madrugadas, domingos y horarios en los que el MEC no operaba oficialmente.
Senadora propone suspender a universidades
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) planteó medidas más drásticas para obligar a universidades e institutos a transparentar su información académica.
Propuso la creación de un instrumento legal temporal que obligue a todas las instituciones de educación superior a presentar documentación respaldatoria sobre carreras, alumnos y títulos expedidos. “Bajo pena de ser suspendido de forma temporal”, planteó la legisladora.
Amarilla sugirió incluso que el MEC pueda intervenir aquellas instituciones que no colaboren con los requerimientos de información.
Esperanza Martínez: “El CONES fue cómplice”
Las críticas más duras estuvieron dirigidas al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). La senadora Esperanza Martínez (PPC), vicepresidenta de la comisión especial, responsabilizó al organismo por permitir durante años la expansión descontrolada de carreras y sedes universitarias.
“El CONES fue cómplice de todo este escándalo”, afirmó.
La legisladora recordó denuncias realizadas en periodos anteriores sobre la proliferación de universidades y sucursales. “Hay más sucursales de universidades que McDonald’s en el Paraguay”, cuestionó.
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Martínez insistió en la necesidad de contar con un diagnóstico completo sobre cómo operaba el sistema que permitió la emisión de títulos cuestionados para diseñar posteriormente un plan de corrección.
MEC admite que deben buscar una salida para estafados
Otro de los puntos abordados fue la situación de estudiantes estafados, quienes habrían cursado regularmente sus carreras, pagado matrículas y cumplido con los requisitos académicos, pero cuyos títulos presentan problemas administrativos o legales.
Ramírez reconoció que el Estado debe encontrar una solución para quienes actuaron de buena fe. “Tenemos que crearle un salvavidas”, expresó.
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Incluso advirtió que algunos trabajadores podrían quedar en situación vulnerable si los documentos que respaldan sus cargos terminan perdiendo validez al detectarse que tienen títulos falsos.
Universidad Sudamericana queda fuera del foco de la comisión
Aunque varias legisladoras como Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Celeste Amarilla (PLRA), Blanca Ovelar (ANR, Añetete) y Esperanza Martínez (PPC), la semana pasada solicitaron profundizar la investigación sobre la Universidad Sudamericana, mencionada en denuncias relacionadas con títulos presuntamente falsos, la comisión no avanzó en medidas específicas para indagar a esa institución.
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La discusión terminó concentrándose en las responsabilidades del MEC, el CONES y la ANEAES, así como en las reformas necesarias para evitar nuevos casos, mientras persisten los reclamos para esclarecer el rol de las universidades señaladas en el escándalo.