Según el documento presentado ante la Fiscalía por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Ever Villalba, el objetivo es que la Fiscalía determine la responsabilidad penal por los posibles hechos punibles de homicidio en grado de dolo eventual, homicidio culposo, lesiones culposas e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.
“Lo que nosotros denunciamos es el hecho. La muerte de estos compatriotas en el accidente ya conocido por todos y que realmente nos tocó muy de cerca porque es una familia del Congreso Nacional. Pero no es una cuestión oportunista ni de ahora, ni con una connotación política, porque es una línea que venimos trabajando ya desde varios años. En enero ya habíamos presentado otra denuncia por el caso de la ruta PY08 que lleva ya más de 24 muertos registrados en este periodo”, indicó el legislador.
La denuncia alcanza no solo a la titular de la cartera ministerial, Claudia Centurión y a su viceministro Hugo Arce, sino también a los funcionarios técnicos, responsables de la fiscalización de la obra y directivos de la empresa concesionaria Rutas del Este S.A.
El escrito aclara que la presentación se realiza “sin prejuzgar ni atribuir anticipadamente responsabilidad penal”, con el fin de que la Fiscalía realice una investigación objetiva que identifique quiénes omitieron sus deberes de cuidado, qué nivel de conocimiento tenían sobre el riesgo mortal del tramo en descenso del Cerro Caacupé y si tales omisiones incidieron directamente en las muertes producidas.
“Lo cierto y concreto es que por culpa del mal estado de las rutas, por culpa de la mala ejecución en este caso, sin tener medidas de seguridad, siguen muriendo compatriotas y eso no podemos permitir en pleno siglo XXI. Nos dicen que los caminos de todo tiempo, el asfaltado es desarrollo; pero el desarrollo no puede implicar la muerte de los compatriotas”, señaló Villalba.
El fatal siniestro que motivó la acción
El detonante de la medida legal ocurrió durante la noche del sábado 15 de agosto, cuando un camión volquete que transportaba ladrillos habría sufrido una falla crítica en el sistema de frenos mientras descendía por la pendiente pronunciada de la Ruta PY02. Al no poder detener la marcha, impactó a gran velocidad contra varios vehículos que se encontraban aguardando detenidos en el semáforo del cruce Pedrozo.
El violento choque y posterior incendio se cobró la vida de seis personas y dejó varios heridos graves. Entre las víctimas fatales se confirmó que dos de ellas eran funcionarios de la Cámara de Senadores.
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Antecedentes de la “ruta de la muerte” y cuestionamientos al MOPC
El sector de Pedrozo es calificado constantemente como uno de los puntos más peligrosos de la red vial nacional. Ya en septiembre de 2024, un trágico accidente similar involucró a un camión transganado sin frenos que dejó un saldo de seis fallecidos y múltiples lesionados.
Tras el siniestro, el viceministro Hugo Arce admitió que la eliminación definitiva del semáforo estaba sujeta a la construcción de un paso a desnivel en la zona. Explicó que dicha obra debía estar habilitada en junio de este año, pero que sufrió importantes retrasos debido a la falta de liberación de la franja de dominio y trabas en las expropiaciones.
A pesar de que en la zona del descenso se instaló una rampa de emergencia para camiones sin frenos, las autoridades indicaron que en esta oportunidad el conductor no la utilizó.
Tras la tragedia, el MOPC anunció la instalación de una báscula móvil permanente en Kurusu Peregrino y exigió un informe a la Patrulla Caminera para comprobar si se estaban realizando los controles aleatorios previos correspondientes en la zona de descenso.
Legisladores cuestionan que la ministra Claudia Centurión no se pronuncie públicamente en el sitio del accidente de forma inmediata, dejando las explicaciones a cargo del viceministro.
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