El día de ayer, la candidata a la reelección en Capiatá, Laura Gamarra (ANR, HC), acusó al PLRA de no haber presentado en tiempo y forma su lista de apoderados y miembros de mesa. Desde la cúpula liberal calificaron las acusaciones como una información ‘a medias’ y denunciaron que la ANR busca obtener una ventaja ilegal al intentar dejar sin fiscalización opositora los recintos electorales.
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Christian González, apoderado general del PLRA, aclaró la situación procesal que se generó tras el cierre del plazo de presentación del pasado 14 de septiembre. Si bien admitió que se registraron demoras por la cantidad de documentos recibidos en simultáneo, aseveró que las nóminas de titulares y suplentes fueron entregadas.

“La información de que el PLRA no presentó sus listas es absolutamente falsa. Tuvimos una controversia con el juzgado, pero finalmente admitió y aceptó todas las nóminas presentadas”, afirmó González.
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Lo que pasó en Capiatá
Según detalló el apoderado, el juzgado electoral interino de Central realizó el sorteo para las presidencias de mesa únicamente entre los partidos que no tuvieron incidentes al momento del ingreso de carpetas, dejando fuera de ese procedimiento inicial al PLRA. Sin embargo, mediante una providencia posterior, la misma instancia dispuso la inclusión de todos los candidatos propuestos por el liberalismo, asignándoles la función de vocales.
A pesar de esa resolución, la ANR interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral de la Capital (Primera Sala) para intentar revertir el fallo y excluir a los representantes de la oposición. “Con esta posición, la ANR lo que pretende es una ventaja ilegal”, insistió.
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“Están pretendiendo una ventaja que hasta hace dudar de cuál es la intención cuando se busca tener una superioridad indebida en las mesas”, refirió el representante del PLRA, agregando que el partido oficialista “juega de chico” al acudir a estas medidas.

Respaldo normativo y riesgo de nulidad
González remarcó que el artículo 177 del Código Electoral prohíbe de manera expresa que las mesas estén compuestas por un solo sector político, exigiendo siempre la presencia de representación plural según la distribución de bancas en el Congreso.
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“Lo fundamental acá es que los miembros propuestos del PLRA integran absolutamente todas las mesas como vocales para el control, además de todos los apoderados y veedores que corresponden al partido”, enfatizó.

Advirtió sobre el impacto legal que tendría un fallo a favor del reclamo colorado, citando el artículo 310 del marco electoral. “Una de las causales de nulidad de las mesas es justamente que no se le haya permitido el control a uno de los participantes o competidores en el proceso electoral. Lo que pretende la ANR con su apelación es jugar sola en las mesas, y eso generaría la nulidad”, remarcó.
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El apoderado indicó que este escenario se replicó en otros distritos como San Antonio, Guarambaré, Itá, Areguá y Luque, pero en todos ellos la Justicia Electoral ratificó la inclusión de los miembros liberales.

“Para nosotros, cuanto más controlado esté un proceso electoral, más legítimo es el triunfo. Si se tiene la preferencia del electorado, no se entiende por qué pretenden evitar de manera tan alevosa que exista control en las mesas”, concluyó González.

