Santiago Peña, economista con masterado en la Universidad de Columbia de EEUU y con una trayectoria técnica sólida -pasó por el Banco Central del Paraguay, el Fondo Monetario Internacional y fue ministro de Hacienda antes de llegar al Ejecutivo-, sigue presentando ante el mundo el logro de la “estabilidad macroeconómica” de Paraguay. A su gobierno le debemos que los analistas más osados y los crédulos medios de comunicación del exterior hayan denominado al país como “la nueva Suiza de Latinoamérica”.
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Por ese tipo de adjetivos y, quizás, convencido profundamente de su historia construida en una realidad paralela -ese otro Paraguay que no es en donde vive la mayoría de la población económicamente activa que gana alrededor de sueldo mínimo o menos (datos INE)-, pretende, fronteras adentro, hacernos creer a los paraguayos y paraguayas que la economía está bien. Cerramos un 2025 con un crecimiento económico de 6%, un supuesto déficit fiscal de 2% y una inflación de 3,1% (datos BCP y MEF).
Pero hasta un humilde trabajador “de a pie” entiende que esos números que muestra el Gobierno están completamente alejados de su día a día. Los economistas y entendidos, incluso, plantean la “trampa del crecimiento medio” y la disyuntiva de un macroeconómico “orden” que no se traduce en mejoras significativas, es decir, en desarrollo real que mejore la calidad de vida de las personas.
Los números que no perciben las familias
El discurso oficial repite incansablemente el logro del grado de inversión obtenidos por Paraguay (en 2024 por parte de Moody’s y en 2025, S&P) y la supuesta “inflación cero” en varios meses del año. Pero en la vida diaria de una familia paraguaya, lo que realmente golpea es el alza constante de los alimentos, el costo de vida que no para de crecer ante salarios congelados desde hace décadas -al menos para los trabajadores privados-.
Así como en el bolsillo de los consumidores no llegó el grado de inversión, tampoco llegó a los ingresos de las mipymes y ni siqueira de los grandes empresarios. Menos aún se refleja en otros aspectos transversales como la inseguridad jurídica de un Poder Judicial que inclina la balanza discrecionalmente o de un Ejecutivo que cambia las reglas impositivas de la noche a la mañana o un Poder Legislativo que no se anima a aprobar las reformas estructurales que realmente tendrán impacto.
Entonces, el enfoque de este gobierno es claro: números que seducen a las calificadoras de riesgo, al FMI y a organismos multilaterales, pero no a las personas que hacen fila en las farmacias y los centros de salud, ni a las empresas que hacen fila para ver si cobran al Estado lo que este les debe desde hace más de un año.
Pero revisemos más a fondo los números reales de la economía paraguaya.
Déficit irreal, el maquillaje para la foto
El plan fiscal de Peña prometía volver al tope de déficit de 1,5 % del PIB en 2026, conforme a lo que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para lograrlo, el Gobierno ha recurrido a maniobras peligrosas que maquillan la realidad a un precio muy alto: el riesgo de quebrar empresas y dejar a compatriotas sin empleo. El Gobierno:
● Estableció una proyección de ingresos tributarios artificialmente elevados en el PGN 2026, fijando un tipo de cambio alto pese a que ya estaba observando una tendencia a la baja del dólar (fijó un dólar en G. 7.780 y hoy está en torno a G. 6.500). En consecuencia, hoy el fisco registra una caída de ingresos de US$ 600 millones respecto a lo previsto (reporte de la DNIT a febrero).
● El Estado acumula más de US$ 1.000 millones en deuda con proveedoras de Salud —farmacéuticas reclaman el pago desde hace meses y la cuenta crece cada vez más—.
● El Estado acumula más de US$ 360 millones en deuda con proveedoras de Obras Públicas. Sumado a las obras de otras instituciones del Estado (ANDE, IPS, Essap, etc), los compromisos impagos llegarían a superar los US$ 500 millones -gremios de la construcción reclaman pago de certificados que llevan más de un año sin poder cobrar-.
● Al mismo tiempo, el gobierno acumula intereses por los préstamos externos para obras cuyos fondos no se están usando (BID, BM, etc), para no elevar el déficit fiscal. Entonces, prioriza el pago de deuda externa mientras deja en mora obligaciones con empresas locales, impactando directamente en la economía productiva y de pequeños y medianos empresarios.
Solo aquí tenemos un descalce de US$ 2.000 millones, que el Gobierno aún no baja en la contabilidad pública, ya que esto elevaría el déficit en al menos 4% del PIB, muy lejos del tope. Además, estas decisiones ya muestran un patrón de conducta, que resguarda los números macro sin considerar en cómo afectan a quienes viven de la microeconomía: trabajadores, empresas y hogares que buscan estabilidad real.
Programas populistas y datos manipulados<b> </b>
Paralelamente, el gobierno multiplica programas asistenciales que terminan siendo universalizados sin criterios de vulnerabilidad. Un ejemplo emblemático es el subsidio para adultos mayores: originalmente diseñado para quienes más lo necesitan, hoy está abierto a cualquier persona que cumpla 70 años, independientemente de su situación económica.
Asimismo, este gobierno concentra sus esfuerzos en el programa “Hambre cero”, de alimentación a niños en edad escolar. ¿Quién puede oponerse a un beneficio social? Nadie. El problema se da cuando es un plan insostenible, financiado a costa de la paralización de obras y la provisión de medicamentos. El resultado: Niños que acceden a un plato de comida en la escuela, pero no tienen caminos por dónde transitar ni salud gratuita y universal.
Asimismo, en materia de pobreza, el discurso oficial había promocionado la reducción de dos puntos porcentuales, es decir, de 22% a 20%.
Sin embargo, ese “logro” no significó un cambio real, sino simplemente, un ajuste de parámetros estadísticos, al incluir la merienda escolar dentro de las canastas de consumo que miden ese índice de pobreza. Eso fue una manipulación de los resultados que no transformó la experiencia real de los hogares. En otras palabras, el gobierno tuvo el maléfico atrevimiento de decirle al pobre: “No sos tan pobre”.
Reformas que no reforman nada y el manotazo al bolsillo empresarial
A todo esto se suma que la promocionada reforma de la Caja Fiscal —el sistema de jubilaciones del sector público— fue otra oportunidad perdida. La propuesta original prometía reordenar un sistema claramente deficitario, que en los próximos 10 años arrojará una pérdida de US$ 9.800 millones, financiada principalmente con impuestos (datos del MEF).
El resultado final: una reforma que no reforma nada, pues apenas atenderá menos del 40% del déficit, totalmente insuficiente ante la infinita necesidad de utilizar mejor los recursos de los contribuyentes. Es decir, en lugar de que nuestros impuestos financien mejor salud, educación o seguridad, seguiremos pagando jubilaciones de trabajadores públicos con parámetros de privilegio si se los compara con los trabajadores privados.
Como si todo esto fuera poco, recientemente el Gobierno dio otro anuncio polémico: la limitación de años en que una empresa puede no distribuir utilidades. El argumento oficial acusa a ciertas prácticas empresariales de evadir impuestos, pero lo que se percibe es una intervención directa en decisiones privadas que tienen fundamento en planificación empresarial, competitividad y prudencia administrativa. Si el objetivo es incentivar inversión productiva, esta medida parece ir totalmente de contramano.
Adicionalmente, se han anunciado cambios a leyes clave de incentivo, como la Ley de Maquila y la ley 6090 de incentivo a la inversión, lo cual inquieta a sectores que dependen de esos regímenes para generar empleo y dinamizar regiones del país.
Los “Chicago Boys paraguayos”, enemigos de los pobres
Todo esto no hace más que llevarnos a la conclusión de que “los Chicago Boys paraguayos” que hoy están al frente del Gobierno -brillantes economistas con currículos impecables- no tienen reparo en distorsionar los números con tal de aparentar una estabilidad que no es tal.
Como si fueran enemigos de los pobres, de la clase media y de las empresas, toman decisiones con nefastas consecuencias, que los paraguayos y paraguayas ya están sufriendo, muy lejos de la estabilidad macro que nos hicieron creer. La “economía de guerra” termina siendo una guerra contra la microeconomía, en lugar de que sea contra el mal gasto público y los inmorales derroches de los administradores del Estado.