Este 13 de agosto se cumplen 53 años de la entrada en vigencia del Tratado de Itaipú, el instrumento que rige la mayor fuente de energía del Paraguay. Este aniversario llega en un momento crítico: el Memorando de Entendimiento de 2024 fijó una tarifa de US$ 19,28/kW-mes para el período 2024-2026, pero a partir de 2027 ese valor debería caer al costo estricto de operación de la binacional, un ajuste que —según los especialistas consultados por ABC Color— puede convertirse en un “apagón financiero” para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) si el país no se preparó a tiempo.
Tres voces con mirada crítica y trayectoria directa en la gestión eléctrica del país —el doctor en Energía Victorio Oxilia, investigador de la Universidad Nacional de Asunción (UNA); el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE; y el también expresidente de la empresa estatal, Luis Villordo— coinciden en que la negociación con el Brasil del 2024 privilegió criterios políticos por encima de los técnicos, y el país llega a este aniversario con menos margen de maniobra que en años anteriores.
Sus posturas, sin embargo, no siempre coinciden. Mientras unos apuntan a la falta de transparencia en el uso de los fondos, otros cuestionan directamente el rol que asumió la Presidencia de la República en la mesa de negociación. A continuación, el contraste punto por punto.
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La tarifa de US$ 19,28: ¿capricho político o cálculo necesario?
La primera controversia gira en torno a la tarifa vigente. Considerando que la deuda histórica de Itaipú ya fue amortizada por completo, los tres consultados coinciden en que mantenerla “inflada” mediante gastos socioambientales discrecionales no tiene sustento técnico sólido, aunque llegan a esa conclusión por caminos distintos.
Oxilia sostiene que la tarifa alta tuvo sentido en un escenario de abundancia energética sin usos intensivos visibles, pero que hoy el panorama cambió: “los excedentes se redujeron dramáticamente y existen opciones para usar la energía en Paraguay”. Por eso, propone una tarifa de entre 12 y 14 US$/kW-mes, acotando al máximo los gastos socioambientales y priorizando royalties y transferencias a la ANDE con reglas claras de distribución.
Villordo va más allá y habla directamente de un apartamiento del Tratado. Según explica, el Anexo C establece que el ingreso anual debe ser igual al costo del servicio, por lo que “se priorizaron las inclusiones de gastos socioambientales extraordinarios muy por encima de los gastos ambientales necesarios” para el ecosistema de la Central. De haberse aplicado el Tratado con rigor, afirma, la ANDE hubiera contado con una tarifa menor y finanzas más sólidas.
Ferreira, en cambio, matiza el propio punto de partida del debate. Recuerda que, según los estados financieros de Itaipú, a Brasil se le devolvió la diferencia entre la tarifa de 2023 y la de 2024, por lo que en la práctica el país vecino terminó pagando lo mismo que antes. Para el extitular de la ANDE, el verdadero problema no es solo el monto, sino la falta de rendición de cuentas. “No hay ningún tipo de transparencia en el uso” de los fondos socioambientales, cuyos directivos dependen de la designación presidencial, sostiene. Su propuesta es que cualquier excedente pase al Presupuesto General de la Nación, bajo control de Contraloría y Fiscalía.
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El fin del Acuerdo Operativo y el temido “apagón financiero”
El acuerdo firmado en 2024 extendió la vigencia del Acuerdo Operativo de 2007 hasta 2026, el mecanismo que hasta ahora le daba preferencia a la ANDE para usar la energía excedente no contratada a bajo costo. Su vencimiento implica que, desde 2027, la ANDE deberá contratar el 100% de la potencia que necesita, justo cuando la tarifa cae y el país pierde cerca de US$ 650 millones anuales en fondos de inversión social.
Para Oxilia, el impacto sobre el presupuesto no debería ser tan traumático, porque ese dinero ya está atado a obras específicas cuyos costos fueron cubiertos durante el período de tarifa alta. El verdadero desafío, advierte, es sostener los gastos operativos de esa infraestructura social —hospitales con personal e insumos, por ejemplo— una vez que el flujo extraordinario desaparezca.
Ferreira coincide en que el país necesita, antes que nada, terminar la infraestructura física pendiente. Menciona puntualmente la línea entre Yguazú y Valenzuela -que sigue fuera de plazo— para poder aprovechar el 100% de la energía paraguaya. Pero además plantea la necesidad de una regulación clara del mercado eléctrico.
Villordo es el más duro de los tres. Calificó como “el peor error estratégico” del Gobierno haber aceptado el fin del Acuerdo Operativo, porque obligará a la ANDE a contratar toda su potencia con costos crecientes, deteriorando los índices de confiabilidad del sistema. Y apunta al mandatario Santiago Peña: “el propio presidente de la República encabezó la mesa de negociación y allí radicó el problema estratégico más grave”.
Vender energía a Brasil: ¿negocio real o “elemento distractor”?
Otro de los puntos centrales del Memorando de 2024 fue, por primera vez, la habilitación para vender energía paraguaya en el mercado libre de Brasil. La pregunta que surge es si, frente a los precios del mercado spot brasileño y las regulaciones de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), esa venta puede dejar un margen real para la ANDE o si terminará siendo energía vendida a precio de costo.
Villordo es categórico: sostiene que, en la práctica, esta posibilidad “no significó hasta la fecha ninguna ventaja” ni para el país ni para la ANDE, y la describe como el “elemento distractor” que concentró la negociación mientras se dejaban de lado aspectos más importantes para la economía nacional.
Ferreira introduce un matiz distinto. Para él, el riesgo de vender por debajo del costo es evitable si Paraguay actúa con decisión. “Si el precio es bajo, no vendés”, expresa. A su criterio, mientras el país no tenga alternativas propias de consumo interno, Brasil seguirá actuando como comprador cuasi monopólico, capaz de bajar el precio en las licitaciones, como ocurrió hace poco más de un año.
Oxilia coincide en la lectura de fondo sobre las reglas del mercado, aunque desde una óptica más técnica. Recuerda que el mercado brasileño es altamente competitivo y que “en el mercado de contratos es difícil pensar en precios extraordinarios”. Solo ve margen de ganancia en el mercado horario, cuando entran a operar las térmicas, aunque advierte que esos períodos secos también implican menor producción de Itaipú para Paraguay.
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Anexo C: la negociación postergada
El cuarto punto crítico es el estado de la negociación del Anexo C del Tratado, que debía definir aspectos comerciales clave, incluida la posibilidad de que Paraguay coloque su excedente en mercados regionales como Argentina o Chile, más allá de Brasil.
Ferreira plantea una estrategia de largo plazo y propone exigirle a Brasil paridad de condiciones. Es decir, que Paraguay pueda usar en el futuro la energía brasileña de Itaipú al mismo precio y en la misma cantidad que Brasil pagó por la energía paraguaya. Advierte, además, que a medida que el consumo interno se acerque al 50% de la producción de la central, Brasil probablemente pretenda cobrar precios muy superiores a los actuales —de unos 50 US$/MWh— por la energía garantizada correspondiente a Paraguay.
Villordo pone el foco en las limitaciones prácticas de vender a terceros países. Recuerda que cualquier venta a Argentina o Chile debería hacerse mediante swap, sumando los costos de peaje de los distintos sistemas eléctricos por los que transitaría la energía, además de los inconvenientes legales derivados del desfasaje entre los marcos regulatorios vigentes.
El dato más contundente, sin embargo, es el del calendario. Según Ferreira, el compromiso original para cerrar el Anexo C era diciembre de 2024; luego pasó a 2025, después a 2026, y a esta altura considera que ya no llegará para enero de 2027. Por eso, propone que —mientras el Anexo C no avance— el verdadero terreno de negociación urgente sea un nuevo Acuerdo Operativo bilateral y paritario dentro del Consejo de Administración de Itaipú, con reglas simétricas de precio tanto para cuando la ANDE usa potencia de las empresas brasileñas como al revés.
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Criptominería e industrias electrointensivas
El último eje de la consulta a los expertos apunta al uso interno de la energía, considerando las tarifas especiales para industrias de alto consumo —minería de criptomonedas, centros de datos, electrointensivas— frente al compromiso de contratar el 10% adicional de potencia cada año.
Para Ferreira, estas industrias no deberían pagar menos que lo que Brasil abona a Itaipú más el costo de cesión bajo el régimen actual. “Ese tiene que ser un piso”, sostiene. Propone, además, retomar un esquema tarifario diferenciado según la capacidad de estas industrias de modular su consumo en las horas pico, recordando que ese diferencial llegó a ser del doble entre una tarifa modulable y una de oferta plana. Su argumento de fondo es simple: quien genera la necesidad de nuevas inversiones en líneas y transformadores debe pagar por ellas, y no trasladar ese costo al resto de los usuarios paraguayos.
Villordo advierte que el margen de maniobra energética del país ya está comprometido, con una escasez de potencia y energía que, a su juicio, marcará los “principales desafíos y angustia del país” hacia fines de esta década. Por eso cuestiona seguir aprobando tarifas especiales mediante decretos puntuales y reclama un análisis integral de todos los escenarios de demanda, oferta regional y costos de nuevas fuentes de generación, en un contexto legal que —según sostiene— tampoco ofrece hoy condiciones atractivas para instalar nueva generación en el país.
Oxilia, por su parte, plantea el dilema en términos de política de Estado antes que de tarifas. Sostiene que la ANDE, como empresa, “no puede en la actualidad ser la responsable de la política energética del país”, y que la salida de fondo pasa por institucionalizar de una vez un Ministerio de Energía capaz de articular el sector eléctrico con una visión más amplia, coordinada con el resto del gabinete.
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Un mismo diagnóstico, distintas responsabilidades
A 53 años de la entrada en vigencia del Tratado, las tres miradas convergen en un punto central: la tarifa de 19,28 dólares y el fin del Acuerdo Operativo de 2007 dejan a la ANDE —y al país— en una posición más expuesta financieramente a partir de 2027, justo cuando Paraguay se acerca al límite de su energía disponible para consumo interno.
Donde las posturas se separan es en las responsabilidades. Oxilia insiste en la necesidad de una política de Estado y un marco institucional que trascienda a la ANDE. Ferreira pone el acento en la falta de transparencia y control sobre el uso de los fondos, y en la urgencia de reglas de mercado claras. Villordo, el más crítico de los tres, atribuye directamente a la conducción política del Gobierno —con el presidente de la República al frente de la mesa de negociación— el “error estratégico más grave” de todo el proceso.
Lo que ninguno discute es que el tiempo se acaba y el Anexo C sigue sin fecha de cierre, la ANDE deberá salir a contratar el 100% que necesite desde 2027, y la ventana para definir con reglas propias cómo se usará la energía paraguaya de Itaipú se estrecha a medida que el consumo interno del país sigue creciendo.