En la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) celebrada esta mañana, se expuso graves inconsistencias administrativas relacionadas con la adquisición de insumos médicos de alta complejidad y la gestión de contratos institucionales. El debate se centró en la necesidad de mayor transparencia y control ante el riesgo de un posible daño patrimonial.
El punto de mayor tensión fue la propuesta de adenda al contrato con la firma ProSalud Pharma S.A., destinado a la compra de medicamentos oncológicos, biológicos y biotecnológicos. Durante el análisis, se reveló que, aunque el costo de cada ampolla es de G. 6.815.000, existe un saldo pendiente de 2.833 ampollas frente a un consumo mensual real de apenas 22 unidades, lo que proyecta un stock excesivo que difícilmente será utilizado antes de su fecha de vencimiento.
“Podemos estar ante un daño patrimonial”, dice Fretes
Los consejeros expresaron su profunda preocupación por la sobreestimación en las compras. “¿Por qué tamaña cantidad si las estadísticas dicen que no se va a usar esa cantidad?”, cuestionó Isaías Fretes, presidente del IPS.
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La preocupación se trasladó rápidamente al ámbito del patrimonio estatal, ante la sospecha de que gran parte de estos insumos costosos se encuentran almacenados en el parque sanitario con riesgo de vencimiento. “Podemos estar ante un daño patrimonial; hay que evaluar qué solución podemos darle al contrato”, advirtió Fretes, subrayando la urgencia de determinar la responsabilidad administrativa detrás de esta sobreestimación.
Si bien la institución se encuentra legalmente obligada a ejecutar las “cantidades mínimas” estipuladas en el contrato, la magnitud del sobrestock ha forzado al Consejo a tomar medidas correctivas inmediatas. “Esto para mí es un caso emblemático. Y tenemos que llegar hasta el final a averiguar por qué se pidieron medicamentos tan costosos en una cantidad excesiva”, expresó Fretes.
IPS: exigen transparencia y auditoría
Durante la sesión, se debatió si la situación podría atribuirse a factores externos. A esta consulta, la consejera Bettina Albertini, representante del Ministerio de Trabajo respondió que la compra de estos insumos se realizaron durante pandemia asegurando que por eso se tiene “un stock como para 10 años” y que debido a la urgencia ”a veces ocurren estos errores” en las cantidades solicitadas.
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“Vamos a llamarle errores”, ironizó el presidente del IPS, tras lo que el consejero José Argaña, representante de los Empleadores, respondió: “No fue así lastimosamente, doctora (Albertini), porque en el 2023 fue el contrato, se firmó en abril del 2023”. Esta aclaración dejó claro que el argumento de una emergencia por pandemia no era aplicable para justificar la magnitud de la compra.
Ante la gravedad del caso, el Consejo estableció una hoja de ruta para esclarecer los hechos. “Tenemos que llegar hasta el final y averiguar por qué se pidieron medicamentos tan costosos en una cantidad excesiva”, dijo Fretes.
Las medidas adoptadas incluyen una auditoría inmediata sobre el stock total. “El inventario que está haciendo el profesor Jimmy Jiménez (consejero representante del Ministerio de Salud) es de fundamental importancia para saber qué daño patrimonial hubo con medicamentos que probablemente están en el parque y están vencidos”, expresó el presidente del IPS, para respaldar la necesidad de transparencia total. De ese modo, el Consejo extendió el alcance de esta investigación a otros insumos con baja rotación.