El informe preliminar de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) expone una serie de desprolijidades administrativas que dejan al descubierto la necesidad de una mayor transparencia en la educación superior de Paraguay.
Entre las principales observaciones figuran actos oficiales con fechas incongruentes que contradicen las sesiones del plenario, la aprobación de carreras universitarias e infraestructuras sin el debido respaldo técnico, y la suspensión de controles fundamentales como la rúbrica de libros y registros académicos de las universidades que pululan en territorio nacional.
Por ejemplo, en la observación N° 6, los auditores de la CGR advierten sobre la emisión de resoluciones con inconsistencias cronológicas internas (fecha de encabezado anterior a las sesiones plenarias citadas) y errores formales en la instrumentación de actos administrativos.
En este punto se menciona la resolución del Cones Nº 254/2024, fechada formalmente el 23 de agosto de 2024, a pesar de que el epígrafe avala habilitaciones de ofertas académicas de una sesión realizada en una fecha diferente, el 19 de septiembre y los considerandos mencionan aprobaciones del 29 de agosto. Un caso similar se detectó en la normativa 67/2025, fechada en febrero de 2024, pero con efectos sobre deliberaciones de diciembre del mismo año. Es decir, con casi un año de diferencia.
Trámites al por mayor: CGR advierte ausencia de evaluación técnica en resoluciones del CONES
La observación N° 7 de la auditoría preliminar, indica que el Cones emitió resoluciones de habilitación de infraestructuras institucionales y ofertas académicas agrupadas indiscriminadamente sin evidencia de que cumplieron los requisitos técnicos y jurídicos establecidos por norma para dichas habilitaciones.
En la práctica, esto significó que el Consejo aprobó en un solo acto y mediante una misma resolución expedientes de naturaleza dispar, como la habilitación de costosas infraestructuras edilicias y la apertura de nuevas carreras académicas, sin que mediara una evaluación técnica independiente, específica y rigurosa para cada caso particular.
Según el equipo auditor, en este punto no se respetaron artículos de la ley 4995/13 de Educación Superior, que pide en un punto que aprobaciones de este tipo estén vinculadas a dictámenes de otras entidades como la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
Como respuesta afirmaron en su descargo que “respecto a las fechas incongruentes detectadas en las resoluciones, desde la Secretaría General del Cones atribuyeron la situación a meros ‘errores materiales’ de redacción y registro al momento de la expedición de los documentos oficiales, reconociendo así las desprolijidades administrativas señaladas por el equipo auditor”. Esto, se expresa textualmente en el documento de la CGR.
Control de universidades: CGR cuestiona que el Cones abandonara fiscalización de registros
Otra fisura detectada por el equipo auditor apunta directamente a la obligación legal de fiscalizar los registros académicos de las instituciones de educación superior. En este apartado, la auditoría expone los siguientes puntos críticos:
- Incumplimiento legal: La CGR constató que el Cones dejó de realizar de forma sistemática la rúbrica obligatoria de los libros institucionales de las universidades, perdiendo un mecanismo clave de control físico.
- La insólita justificación: Ante los cuestionamientos, la defensa del organismo intentó ampararse en la modernidad, argumentando que estos registros impresos ya resultaban obsoletos debido a los avances en la digitalización.
- El vacío legal y de control: Los auditores retrucaron que la normativa vigente no fue modificada ni derogada, advirtiendo que la digitalización no exime a las autoridades de fiscalizar la trazabilidad de títulos, actas y trayectorias académicas.
Este informe preliminar de la Contraloría sobre el Cones, deja expuesta una preocupante fragilidad institucional en el período auditado – 2023 al 2026-, con el ministro de Educación, Luis Ramírez al frente, con un alarmante universo de 1.711 carreras universitarias operando sin acreditación, de las cuales 345 son ofertas del área de la Salud y de Medicina, con el alto riesgo social que esto implica.
La auditoría se hizo a instancias de la comisión del Senado que investiga los títulos falsos en Paraguay, tras la repercusión del caso del exsenador Hernán Rivas, condenado a 8 años de prisión por su documento apócrifo de abogado.