El Paraguay atraviesa una de las crisis institucionales, financieras y sociales más severas de los últimos años. La repentina intervención y crisis desatada en torno a Ueno Bank —una entidad financiera fuertemente vinculada a la exposición de millonarios fondos públicos y reservas del Instituto de Previsión Social (IPS)— ha puesto contra las cuerdas al gobierno del presidente Santiago Peña.
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Mientras el Congreso Nacional se convierte en el escenario de duras disputas legislativas para impulsar un juicio político, y la calle ruge al ritmo de las protestas de ahorristas y asegurados, Santiago Peña anunció que presentó su renuncia a través de un video publicado en sus redes sociales a las 13:16 de esta tarde. La carpeta con el documento, la llevó hasta el Parlamento, el ministro del Interior, Enrique Riera.

En este contexto de extrema tensión, la Alianza de Gremios y Asociaciones de Jubilados y Pensionados del IPS ha emitido un categórico pronunciamiento. Lejos de conformarse con las promesas de paños fríos institucionales, los jubilados han elevado el tono de sus reclamos, exigiendo no solo depuraciones técnicas y financieras, sino la responsabilidad política directa del primer mandatario.
Jubilados exigen que Santiago Peña sea sancionado por caso Ueno Bank
Las organizaciones sociales, de carácter apolítico, exigen que el Banco Central del Paraguay (BCP) aplique las medidas correctivas necesarias conforme a sus facultades legales para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Asimismo, hacen un llamado a la ciudadanía y a los jubilados a mantener la calma al señalar que, a excepción del banco intervenido, el sistema bancario opera con normalidad.
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Sin embargo, el sector elevó el tono de sus demandas al exigir la determinación de responsabilidades políticas del Gobierno del presidente Santiago Peña, solicitando la aplicación de las sanciones previstas en la Constitución Nacional y en las leyes penales.
Entre las exigencias principales de los jubilados se encuentran la sustitución y sanción del Peña y de los miembros del Consejo —tanto actuales como anteriores— por su manifiesta negligencia en el cuidado del Fondo de Jubilaciones.

Asimismo, los gremios reclaman una modificación en los procesos de elección y selección de las autoridades del IPS para que los aportantes activos y jubilados puedan elegir directamente a sus representantes. Piden también una revisión administrativa de los funcionarios que intervinieron en el otorgamiento de recursos a Ueno Bank conociendo su situación financiera, y de aquellos que propiciaron la modificación de los reglamentos de inversión para adaptarlos a intereses políticos en perjuicio de la seguridad establecida en la Carta Orgánica.
Jubilados piden que BCP priorice devolución de los recursos del IPS
Otras de las demandas centrales son que la intervención del BCP priorice la devolución de los recursos del IPS —ya sea en dólares o guaraníes— y que la Gerencia de Prestaciones Económicas garantice en tiempo y forma el pago de los futuros haberes jubilatorios y del beneficio anual adicional de este año.
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La Alianza advirtió que mantendrá una actitud proactiva mientras se cumplan estas exigencias, pero advirtió que liderará movilizaciones y medidas de fuerza de no haber respuestas.
