Mientras los críticos insisten en que no existió una auditoría técnica integral y advierten sobre vulnerabilidades estructurales de las máquinas de votación, desde la Justicia Electoral sostienen que el sistema ya fue probado en comicios anteriores y garantizan que las internas partidarias se realizarán con normalidad.
Uno de los cuestionamientos más fuertes provino del grupo de expertos en informática que participó en febrero de la revisión convocada por el TSJE.
El ingeniero Derlis Gregor, representante del Partido Paraguay Soberano, afirmó que aquel procedimiento no reunió las condiciones mínimas para una auditoría independiente y verificable. Aseguró que no existieron garantías metodológicas suficientes para analizar componentes críticos del sistema de votación electrónica.
En la misma línea, Gladys Canese, de Unidos por Asunción, señaló que hubo aspectos que ni siquiera pudieron ser verificados y puso el foco en el sistema de encriptación del boletín de voto. Según explicó, la generación de credenciales y las claves de cifrado quedaron fuera del alcance de revisión de los técnicos.
El ingeniero Luis Benítez endureció las críticas al advertir sobre “vulnerabilidades estructurales” que - según sostuvo - no fueron auditadas rigurosamente. Afirmó que las máquinas cuentan con memoria RAM y ROM y desmintió la versión oficial de que funcionen como simples impresoras.
También alertó sobre el riesgo de manipulación centralizada del sistema y cuestionó que el esquema de certificación digital no haya sido exhibido durante la revisión técnica.
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Benítez incluso sostuvo que para la alteración no se requeriría una infraestructura compleja ni grandes recursos económicos, y reclamó una auditoría externa completa sobre software y hardware.
Oposición y disidencia colorada elevan presión política
Las advertencias técnicas rápidamente se trasladaron al terreno político. La senadora Lilian Samaniego (ANR, disidencia) exigió una auditoría de las máquinas de votación y advirtió que está en juego la democracia paraguaya.
La dirigente de Causa Republicana pidió al presidente de la ANR, Horacio Cartes, y al titular del Tribunal Electoral Independiente colorado, Santiago Brizuela, avanzar con la revisión técnica.
El senador liberal Ever Villalba también cuestionó al TSJE al considerar que “se pone del lado de la empresa” y no de la ciudadanía. Como ejemplo, citó una prueba en la que presenció la impresión parcial de un boletín de voto.
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Desde el PLRA, la senadora Celeste Amarilla elevó el tono al afirmar que las máquinas “no generan confianza” y reiteró que el sistema nunca le transmitió credibilidad.
Por su parte, el Frente Guasu volvió a sostener que las máquinas representan una amenaza a la voluntad popular y recordó que ya había advertido en febrero sobre la falta de una auditoría técnica integral.
El senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP) planteó una postura más institucional: dijo que no está en discusión ni el voto electrónico ni el desbloqueo de listas, ambos establecidos por ley, pero remarcó que el sistema requiere mayores garantías de control técnico y transparencia.
Aclaró además que no existen elementos objetivos para afirmar que elecciones anteriores hayan sido irregulares, aunque insistió en que hoy corresponde exigir controles suficientes.
A estas voces se sumó el precandidato presidencial por Añetete, Arnoldo Wiens, quien advirtió que la disidencia colorada será “custodia vigilante” del proceso y reclamó garantías al TSJE y al Tribunal Electoral Partidario.
El cartismo cierra filas con la Justicia Electoral
El oficialismo dio su respaldo institucional. El senador cartista Derlis Maidana sostuvo que el TSJE mantiene “bastante credibilidad” y pidió a la dirigencia política actuar con responsabilidad ante las denuncias.
En tanto, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, afirmó que “parece que estamos perdiendo el partido y queremos abrir el paraguas”, sugiriendo que las objeciones buscan anticipar una eventual derrota electoral.
La postura cartista apunta a sostener la legitimidad del sistema y evitar que el debate técnico derive en un cuestionamiento general al proceso electoral.
El TSJE habla de campaña y defiende la fiabilidad
Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la respuesta fue institucional y política. El presidente del TSJE, Jorge Bogarín, días atrás afirmó que existe una campaña de ataque no solo contra las máquinas de votación sino contra la propia institución.
Recordó que el sistema ya fue utilizado en las municipales de 2021 y en las generales de 2023, procesos que calificó de exitosos. Bogarín reconoció además que hubo falencias en la comunicación institucional y admitió que “lo que no se informa es como si no se hiciera”, al anunciar una reestructuración comunicacional.
Por su parte, Fausto Von Streber, director informático del TSJE, explicó que el chip RFID de las boletas funciona con autenticación y cifrado, y aseguró que la clave de encriptación varía según la máquina y la credencial utilizada.
También recordó antecedentes de cuestionamientos similares en Argentina y sostuvo que Paraguay incorporó mecanismos adicionales para impedir lecturas externas del chip.
Tras los reclamos, ANR y PLRA accederán a verificación
En medio de la presión política, el TSJE habilitó nuevas jornadas de revisión.
El cronograma quedó establecido así:
- Lunes 25 y martes 26 de mayo: técnicos y movimientos internos de la ANR.
- Miércoles 27 y jueves 28 de mayo: técnicos y movimientos internos del PLRA.
Las jornadas se realizarán desde las 09:00 en la sede central del TSJE.
El procedimiento incluirá:
- revisión rápida de hardware y software;
- simulacros de votación y escrutinio;
- pruebas al sistema.
No obstante, seguirán vigentes restricciones importantes: no se permitirá retirar el código fuente ni desarmar físicamente los equipos. Ese punto es justamente uno de los principales reclamos de los sectores críticos, que consideran insuficiente una revisión de dos días sin acceso total a los componentes.
Confianza institucional y transparencia técnica
A semanas de las internas simultáneas, el debate sobre las máquinas de votación expone dos miradas contrapuestas. Por un lado, técnicos y dirigentes opositores sostienen que todavía existen zonas no auditadas y piden mayores garantías de transparencia.
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Por otro lado, el oficialismo y el TSJE defienden que el sistema tiene respaldo legal, antecedentes de uso y mecanismos de seguridad suficientes.
La verificación prevista para la próxima semana podría convertirse en un punto clave: no solo para despejar dudas técnicas antes del 7 de junio, sino también para medir el nivel de confianza política y ciudadana sobre uno de los componentes más sensibles del proceso electoral paraguayo.