11 de agosto de 2026

Tras el cuarto aumento del precio de los combustibles en lo que va del año y en medio de un mercado disperso con varios emblemas y decenas de promociones bancarias, una plataforma gratuita permite comparar precios en tiempo real mediante inteligencia artificial y colaboración ciudadana.
El concejal municipal asunceno Javier Pintos explicó los argumentos detrás del pedido hecho ayer por la Junta Municipal al intendente Luis Bello de suspender la habilitación de una estación de servicios en construcción en la avenida Costanera Sur, ante posibles irregularidades documentales. La cercanía de la gasolinera con la laguna Tacumbú y un arroyo también generan preocupación.

Mientras Argentina y Brasil suben el precio de los combustibles, Petropar volvió a reducir sus cotizaciones, lo que obligó a los emblemas privados a bajar G. 300 por litro en todos los tipos de diésel y nafta. Desde Apesa advierten que los “precios políticos” de la estatal están “fundiendo” a las estaciones de servicio y ya provocaron el cierre de más de 100 locales en los últimos dos años.

El presidente de Petropar, Eddie Jara, afirmó que no puede revelar el monto de la deuda de los operadores de estaciones de servicio debido al “secreto bancario”. Al cierre del año pasado, esa deuda alcanzaba ya US$ 33 millones. Con esta postura evita transparentar el manejo de los recursos de la estatal, que favorece a varios propietarios de servicentros vinculados a políticos.

En una publicación en su red social X, el diputado Raúl Benítez preguntó a Petróleos Paraguayos quienes son los dueños de las estaciones de servicios que deben tanto dinero, según el balance del 2024. Sostuvo que la entidad estatal debe responder a quien se le está subsidiando el negocio.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) anunció que este miércoles empieza su monitoreo a estaciones de servicio para determinar el cumplimiento o no de las nuevas exigencias para la importación, distribución y venta de combustibles. Las nuevas especificaciones técnicas fueron establecidas a través de un decreto en enero pasado, con un plazo de 60 días para que las empresas se adecuen.