22 de julio de 2026

Los pacientes oncológicos del Hospital Regional de Ciudad del Este no solo deben enfrentarse a la crueldad del cáncer, sino también a la indiferencia de las autoridades. Afirmaron que los políticos tienen el corazón frío y no dan respuestas a las múltiples necesidades que padecen.

CIUDAD DEL ESTE. Una mujer de 34 años fue detenida en la sección de Pediatría del Hospital Regional de Ciudad del Este, luego de ser denunciada por presuntamente abandonar casi tres días a su hijo de 9 años, quien padece de una discapacidad.

CIUDAD DEL ESTE. Un indígena falleció esta madrugada en el acceso de ambulancias del Hospital Regional de Ciudad del Este, tras haber recibido el alta médica, sin haberse recuperado de una herida de arma blanca. El pasado domingo, otro paciente murió en circunstancias muy similares luego de haber sido atendido y posteriormente liberado por médicos de guardia del Centro de Salud del distrito de Juan E. O’Leary, al oeste de Alto Paraná.

Aportantes del IPS de Alto Paraná denuncian que desde hace varias semanas no se dispone de varios estudios médicos de imágenes en el Hospital Regional de IPS en Ciudad del Este. Según las quejas, quienes requieren de una endoscopia, por ejemplo, deben viajar hasta Asunción o recurrir al sector privado, pagando alrededor de G. 5 millones por el estudio. IPS respondió que no existe un acuerdo de tercerización para paliar esa necesidad y que el equipo biomédico recién sería reparado la próxima semana.

Tras cuestionamientos por parte del Círculo Paraguayo de Médicos a la habilitación del Hospital Regional de Ciudad del Este como centro de formación de residentes, el IPS respondió negando irregularidades. Afirman que la tutela académica está totalmente documentada y se realizó dentro del marco del reglamento.

El IPS informó que el hospital de Ciudad del Este fue aprobado como unidad formadora de residencias médicas. En respuesta, el Círculo Paraguayo de Médicos calificó dicha habilitación como irregular. Afirma que no existe constancia de que el Cones haya admitido algún programa universitario y que la Conarem no tiene competencia legal para una habilitación académica. Los profesionales de la salud piden de forma “urgente” una intervención, suspensión o clausura de cualquier plaza que no cuente con la habilitación legal vigente.