MEF evita precisar montos para pagos a contratistas y supedita la meta fiscal a un mecanismo aún pendiente

La cartera económica admite que el cumplimiento de la meta fiscal ya no dependerá únicamente de la evolución de los ingresos y del gasto público, sino también del grado de adhesión al mecanismo de cesión de derechos de cobro. (Imagen generada con IA)
La cartera económica admitió que el cumplimiento de la meta fiscal ya no dependerá únicamente de la evolución de los ingresos y del gasto público, sino también del grado de adhesión al mecanismo de cesión de derechos de cobro. (Imagen generada con IA)

El MEF admitió que necesitará más recursos para pagar las millonarias deudas con contratistas, pero evitó revelar cuánto costará el plan, cuál será el impacto sobre el déficit fiscal y qué partidas deberán ajustarse para cumplir la meta de 1,5% del PIB.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoció que necesitará recursos adicionales para regularizar las deudas acumuladas con contratistas y proveedores del Estado, pero evitó precisar cuánto dinero demandará esa estrategia, cuál será su impacto sobre el déficit fiscal y qué gastos podrían ajustarse para cumplir la meta de déficit de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Las respuestas fueron remitidas por el equipo técnico del Ministerio luego de las consultas realizadas por ABC sobre el financiamiento de las obligaciones pendientes, que afectan principalmente a constructoras y farmacéuticas.

El pasado 10 de junio, autoridades del MEF y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se reunieron con los gremios de la construcción para abordar la deuda que mantiene el Estado con el sector, estimada en alrededor de US$ 200 millones en capital, sin incluir intereses, que suman US$ 120 millones que elevarían el monto a aproximadamente US$ 320 millones.

Desde la Capaco, una de las cámaras que aglutina al sector constuctor refirieron que el amortiguamento de la deuda recién podría darse a finales de este año.

A esa situación se suma la deuda con las farmacéuticas, que supera los US$ 1.000 millones y afecta a unos 500 proveedores vinculados al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspbs) y al Instituto de Previsión Social (IPS).

Ante este escenario, ABC consultó al equipo técnico del MEF sobre los recursos que demandará la regularización de estas obligaciones y cómo pretende compatibilizar esos pagos con el cumplimiento de la meta fiscal. Sin embargo, las respuestas dejaron varios interrogantes sin despejar.

Cabe señalar que el canal de comunicación con el MEF continúa siendo poco eficiente. Además de las demoras de varias semanas para responder las consultas periodísticas, las contestaciones suelen evitar responder de forma específica las preguntas formuladas y recurren a explicaciones generales que dificultan conocer datos concretos.

El costo fiscal sigue sin cuantificarse

La primera consulta apuntó a conocer cuánto dinero adicional desembolsará el Tesoro entre julio y diciembre respecto a la programación financiera original.

En lugar de informar un monto, el Ministerio respondió que los pagos continuarán ejecutándose “conforme a la programación financiera vigente, la disponibilidad de recursos de caja y las prioridades de gestión establecidas”, dentro de una estrategia de “regularización gradual de obligaciones acumuladas”, especialmente en los sectores de salud e infraestructura.

Recorte de gastos insuficientes

Consultado sobre si ese mayor volumen de pagos ya fue incorporado en las proyecciones fiscales o si será necesario compensarlo mediante recortes en otras partidas, el MEF reconoció que existe “un requerimiento adicional a lo inicialmente programado”, aunque evitó precisar su magnitud.

En cambio, sostuvo que el Gobierno mantiene su compromiso con la consolidación fiscal y recordó que el Decreto N.º 6120 contempla medidas de contención del gasto por aproximadamente 0,4% del PIB.

Sobre este punto ABC consultó, semanas atrás, de cuánto representa ese porcentaje en términos monetarios. El equipo técnico respondió que el ahorro previsto asciende a US$ 262 millones, monto considerablemente inferior a las obligaciones que el Estado mantiene con constructoras y proveedores del sistema de salud.

No obstante, el Ministerio introdujo un elemento de incertidumbre sobre el cierre fiscal del año al señalar que “el resultado fiscal de cierre para el 2026 está supeditado a la implementación efectiva de la cesión de derechos de cobro con los proveedores que se acojan a esta herramienta de liquidez”.

En otras palabras, el propio MEF admite que el cumplimiento de la meta fiscal ya no dependerá únicamente de la evolución de los ingresos y del gasto público, sino también del grado de adhesión de los proveedores al mecanismo de cesión de derechos de cobro diseñado por el Ejecutivo.

Sin identificar qué gastos podrían ajustarse

Otra de las consultas planteadas fue qué programas o proyectos tendrían una menor ejecución si finalmente aumentan los pagos a contratistas durante el segundo semestre. Sobre este punto, el Ministerio tampoco identificó partidas específicas.

La respuesta se limitó a señalar que el Gobierno dispone de “herramientas de administración presupuestaria y financiera” para gestionar eventuales presiones sobre el gasto. Asimismo, reiteró que cualquier decisión dependerá de la implementación del mecanismo de cesión de deuda que fue emitido el pasado 28 de mayo y del comportamiento de las cuentas fiscales durante la segunda mitad del año.

Tampoco actualiza la proyección del déficit

El equipo técnico también evitó presentar una proyección actualizada del déficit fiscal luego de la reprogramación presupuestaria anunciada recientemente.

En lugar de ofrecer una estimación numérica, sostuvo que el resultado de 2026 dependerá “de la evolución de los ingresos durante el segundo semestre, así como del esquema de pagos que finalmente se acuerde para la regularización de obligaciones acumuladas con proveedores”, incluida la implementación del mecanismo de cesión de derechos de cobro.

Financiamiento sin montos

Respecto a las fuentes de financiamiento, el MEF indicó que recurrirá a “una combinación de herramientas de gestión financiera”, entre ellas la programación de caja, la priorización del gasto, la utilización eficiente de los recursos disponibles y las fuentes de financiamiento previstas en el Presupuesto.

Asimismo, adelantó que en el segundo semestre prevé una mayor ejecución de proyectos financiados por organismos multilaterales, que cuentan con financiamiento específico asegurado. Añadió que también dispondrá de recursos del Tesoro para acompañar el avance de las obras.

Sin embargo, no informó cuánto provendrá de cada una de esas fuentes, pese a que la consulta solicitaba el detalle de los montos estimados.

La deuda flotante tampoco fue cuantificada

Otro de los puntos que quedaron sin respuesta fue el tamaño actual de la deuda flotante con contratistas y proveedores.

El Ministerio se limitó a señalar que trabaja en la “identificación, trazabilidad y regularización gradual de obligaciones pendientes”. Añadió que la reducción dependerá del ritmo de ejecución, la validación de las obligaciones y la disponibilidad financiera, sin informar el monto actual ni cuánto espera reducirlo al cierre del año.

Déficit de 0,9% hasta mayo

Sobre el margen disponible antes de alcanzar el límite de déficit fiscal de 1,5% del PIB, el MEF informó que el resultado acumulado hasta mayo asciende a 0,9% del PIB.

Sin embargo, evitó calcular el margen disponible en términos nominales (valor del dinero sin la inflación) y sostuvo que ese espacio dependerá de la evolución de los ingresos, la ejecución del gasto y el comportamiento del PIB nominal.