El Decreto Nº 5942/2026 del Poder Ejecutivo establece reglas para elaborar el Presupuesto General de la Nación 2027 y obliga a ministerios y entes públicos a vincular sus pedidos de recursos con resultados, metas e indicadores. La exigencia se da, entre otras cosas, por el impacto del dólar bajo sobre los ingresos tributarios vinculados al comercio exterior.
El citado decreto firmado por el Presidente Santiago Peña y refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, establece los lineamientos generales para la programación, formulación y presentación de los anteproyectos presupuestarios de los organismos y entidades del Estado, además de la programación plurianual correspondiente al periodo 2027-2029.
La normativa establece que las instituciones deberán presentar presupuestos vinculados a objetivos, resultados e indicadores, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá consolidar las propuestas de acuerdo con la disponibilidad de recursos y las condiciones fiscales del país.
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El dólar bajo reduce ingresos tributarios
La discusión del PGN 2027 comenzará con una presión adicional: el impacto del menor tipo de cambio sobre los ingresos tributarios vinculados principalmente al comercio exterior.
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) explicó en declaraciones a ABC Color que la caída del dólar afecta la recaudación aduanera porque los tributos aplicados a las importaciones se convierten a guaraníes utilizando el tipo de cambio vigente.
En esa línea, el titular de la DNIT, Óscar Orué, explicó que la Dirección a su cargo participa con el MEF en la estimación de los ingresos tributarios que servirán de base al proyecto del PGN 2027.
Agregó que las previsiones deberán actualizarse para incorporar el nuevo escenario cambiario. “Eso hay que actualizar ahora con el tipo de cambio, que creemos que va a mantenerse y no va a modificarse tanto. Entonces se tienen que buscar niveles de equilibrio en la base fiscal”, expresó.
Orué no precisó cuál sería el ajuste que podrían aplicar a las estimaciones de ingresos ni el impacto esperado sobre el proyecto presupuestario.
Recordó que la Constitución establece que el Poder Ejecutivo debe remitir el proyecto del PGN al Congreso Nacional el 1 de septiembre de cada año.
MEF exige justificar cada pedido de recursos
En este contexto, el Decreto adquiere relevancia porque establece que la programación presupuestaria deberá ajustarse a criterios de sostenibilidad fiscal.
El documento dispone que los organismos públicos deberán justificar técnicamente los recursos solicitados y demostrar qué resultados alcanzarán con esos fondos. El enfoque mantiene la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), establecido mediante la Ley Nº 6620/2020.
Según el Anexo A del decreto, las instituciones deberán vincular sus programas presupuestarios con objetivos institucionales, productos, metas e indicadores de desempeño. El documento fue firmado por la viceministra de Administración Financiera, Teodora Joaquina Recalde de Spinzi, el director general de Presupuesto, Jorge Arnaldo Paredes Morínigo, y la gerente de Gestión Financiera del Estado, María Elvira Pereira Forcado.
El criterio cambia la lógica tradicional de elaboración presupuestaria, en la que las entidades presentaban principalmente sus necesidades financieras. Con los nuevos lineamientos, el MEF busca que cada pedido de recursos esté acompañado de una explicación sobre el impacto esperado del gasto.
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Decreto demanda programación plurianual hasta 2029
Otro elemento central del decreto es la obligación de presentar una programación plurianual para el periodo 2027-2029. La cartera económica plantea que las instituciones incorporen una visión de mediano plazo para sus programas, inversiones y compromisos financieros.
Según el decreto, la medida apunta a evitar que las decisiones presupuestarias se limiten exclusivamente al ejercicio anual y busca mejorar la previsibilidad del gasto público. También señala que, para áreas como infraestructura, salud, educación y programas sociales, la programación plurianual permitirá observar la continuidad financiera de los proyectos más allá del presupuesto de un solo año.
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Las compras públicas deberán responder al presupuesto
Los lineamientos también establecen una conexión más directa entre presupuesto y contrataciones públicas. El Anexo A dispone que las instituciones deberán elaborar un Proyecto de Programa Anual de Contrataciones (Pre-PAC), que servirá de insumo para la formulación presupuestaria.
El objetivo es que las compras de bienes, servicios, consultorías y obras estén previamente identificadas y respondan a los objetivos institucionales. Con esta disposición, el MEF sostiene que busca reducir la distancia entre lo que las instituciones planifican gastar y las contrataciones que finalmente ejecutan durante el año.
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El desafío será compatibilizar gasto e ingresos
La elaboración del PGN 2027 tendrá como principal desafío compatibilizar las demandas de mayor gasto de las instituciones con un escenario en el que los ingresos fiscales enfrentan ajustes por factores externos, como el comportamiento del tipo de cambio.
La normativa no define recortes ni establece límites específicos de gasto para cada organismo. Su función es ordenar el proceso de formulación y elevar los requisitos técnicos para la presentación de los anteproyectos. El resultado final dependerá de la evolución de la recaudación durante los próximos meses y de la capacidad del MEF para ajustar las solicitudes institucionales al espacio fiscal disponible.
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