Ayer, miércoles, y a pedido del intendente colorado cartista Luis Bello, cuando la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción estaba por terminar, el cartismo consumó una sospechosa jugada. De sorpresa y sobre tablas, el oficialismo impuso un dictamen que prorroga por cinco años la explotación de 320 máquinas a la empresa Bingopar, cuyo director es Juan Enrique Nogués, blindando así un millonario negocio de tragamonedas en Asunción.
El apuro oficialista resultó inexplicable y sospechoso a escasas horas de las próximas internas partidarias de este domingo 7 de junio, previo a las elecciones municipales del 4 de octubre. La aprobación de este dictamen de forma exprés dejó flotando una sospecha de posible recaudación de fondos para la campaña electoral o un pago de favores políticos de último momento.
Duras críticas en la Junta: Acusan al oficialismo de “marcar la agenda” al próximo intendente
El concejal Humberto Blasco (PLRA) denunció con vehemencia que este procedimiento sorpresivo constituye un despropósito absoluto y un atropello institucional. Sostuvo que la firma de esta concesión marca la agenda y la hoja de ruta de políticas públicas para el intendente que asuma próximamente.
Blasco desmontó además la supuesta justificación del vacío legal esgrimida por la Intendencia y aclaró que se pudo recurrir perfectamente a adendas temporales restrictivas para cruzar el periodo electoral de transición, en lugar de hipotecar la autonomía del control de los juegos de azar.
A la par, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) cuestionó el impacto social de legitimar artefactos que se dedican a descomponer a nuestra juventud. Por su parte, Rosanna Rolón (ANR-independiente) calificó la jugada de demasiado llamativa, infiriendo que forma parte de una evidente negociación política de cara a los comicios del domingo.
Quiénes votaron a favor de Bingopar y el sugestivo tablero en la Junta
Los concejales oficialistas Miguel Sosa (ANR-cartista) y Mariano Cáceres (ANR-cartista) defendieron la legalidad y la recaudación de la propuesta. Minimizaron la polémica argumentando que el negocio de tragamonedas en Asunción solo regulariza un cupo de 320 terminales frente a las miles de máquinas clandestinas remanentes.
Esta postura denota un profundo cinismo por parte del equipo político de Bello, al confesar que, pese a que la capital está inundada de terminales ilegales en mercados y cerca de escuelas, prefieren apresurarse en blindar a una firma privada antes que combatir frontalmente la descontrolada clandestinidad de los casinos de vereda.
La aplanadora cartista funcionó gracias a un renovado pacto con liberales y colorados disidentes cómplices. A favor de la extensión de la concesión votaron: Juan Carlos Ozorio (ANR-cartista), Mariano Cáceres (ANR-cartista), Miguel Sosa (ANR-cartista), Javier Pintos (ANR-cartista), Daniel Ortiz (ANR-disidente) y Jesús Lara (ANR-disidente), con la complicidad de los liberales Ramón Ortíz y Félix Ayala.
En contra, votaron Rosanna Rolón (ANR-independiente), Augusto Wagner (PLRA), Humberto Blasco (PLRA), Fiorella Forestieri (PLRA), Jazmín Galeano (PPQ). Llamativamente, los opositores Pablo Callizo (PPQ) y Álvaro Grau (PPQ), junto al cartista Nasser Esgaib, optaron por la abstención en lugar del rechazo.
Los mismos concejales del desvío de los G. 512.000 millones en bonos de “Nenecho”
Estos mismos concejales que ayer avalaron esta sospechosa maniobra, son los que avalaron toda la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y a su sucesor, Luis Bello. A ellos se suman los cartistas, ayer ausentes: César “Ceres” Escobar (ANR-HC), Marcelo Centurión (ANR-HC), René Calonga (ANR-HC), los disidentes Arturo Almirón (ANR-disidente), Juan José Arnold (ANR-disidente), también ausente ayer, y el liberal Augusto Wagner (PLRA), quien ahora acompaña a la oposición.
Todos ellos, incluido el actual intendente, Luis Bello (ANR-cartista) avalaron las ejecuciones presupuestarias de los ejercicios 2023 y 2024, ignorando deliberadamente el escandaloso desvío de G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), para obras, que terminaron licuados en gastos corrientes. Este hecho denunciado por ABC en 2024 y confirmado por la Contraloría General de la República, fue corroborado el año pasado por el interventor de la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, entre junio y agosto.
La consecuencia directa de esta gestión cómplice es una capital sumida en la quiebra técnica y el colapso operativo y estructural. Mientras la recaudación para el mantenimiento vial y desagües pluviales batió récords el año pasado, el balance oficial reveló pérdidas millonarias y un gasto del 60% destinado exclusivamente a salarios, dejando las obras municipales todavía incoclusas.
En tanto, la ciudadanía padece calles reventadas, baches crónicos, obras inconclusas y una deuda municipal por G. 130.369 millones (US$ 20,5 millones) en intereses vencidos por bonos emitidos, en su mayoría, por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), el exintendente.