Uno de los puntos más debatidos durante la sesión del Consejo de Administración realizada esta mañana, se centró en la propuesta para autorizar la suscripción del contrato de arrendamiento de un inmueble propiedad del Instituto de Previsión Social (IPS). La intención de alquiler del inmueble ubicado en el distrito de La Recoleta, popularmente conocido como “La Gran Manzana”, fue presentada a favor de la firma Mate Charrúa S.A. por un plazo de cinco años.
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La propuesta generó un intenso debate entre los miembros del Consejo, liderado por Isaías Fretes. Según se expuso en sesión, la firma solicitante paga actualmente un canon de G. 10 millones y propone duplicarlo a G. 20 millones mensuales, además de una entrega anticipada de G. 120 millones a ser abonada desde el primer mes de arrendamiento de cada año, correspondiente a seis meses adelantados. Así quedarían seis meses restantes, cubiertos mediante pagos mensuales de G. 20 millones más IVA, con ajustes anuales basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Sin embargo, varios consejeros expresaron su escepticismo. Se trajo a colación, por ejemplo, el reciente contrato firmado con el Banco Familiar, también ubicado en la misma manzana, donde se alquilaron 400 metros cuadrados por G. 49 millones mensuales.
IPS no tiene dinero ni para pagar los impuestos, dice Isaías Fretes
Esta asimetría encendió las alertas sobre la falta de un criterio unificado de tasación y cobro por metro cuadrado. Ante esto, se cuestionó duramente la informalidad en la que operan diversos inquilinos.
“A mí me preocupa tanto la cantidad de inmuebles que se están cayendo. Así como están tienen un valor, relativo valor, pero si se cae todo queda un terreno pelado. Hay otro problema mayor, ni siquiera tenemos plata para pagar los impuestos de estas propiedades. Creo que nuestra obligación primaria es proteger esos bienes”, pidió Fretes.
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El consejero José Emilio Argaña, representante de los Empleadores, cuestionó que debido a la falta de contratos legales, no exista evidencia clara sobre los cobros a favor del IPS. “No hay contratos, ¿cómo están registrando? Esta institución se supone que es seria. Tiene que estar documentado”, advirtió con firmeza, señalando un potencial riesgo jurídico y contable.
Inmuebles en decadencia y la amenaza de usurpaciones
La discusión sobre los arrendamientos sirvió para iniciar un debate amplio de una problemática estructural mucho mayor: el estado de abandono y deterioro de los bienes raíces del instituto. Las autoridades del Consejo enfatizaron que mantener inmuebles destruidos genera perjuicios económicos y abre la puerta a la delincuencia.
El presidente del IPS fue categórico al señalar la urgencia de salvaguardar el patrimonio. “Tenemos que encontrarle una vuelta. ¿Qué va a pasar con esta propiedad? Se va a caer. Ya se está cayendo luego”, exclamó Fretes. Explicó que propiedades que quedan desalquiladas son “peladas por los chespis”, que se llevan desde los focos hasta los cables.
El presidente del IPS lamentó que pese a que ya existe una ley que permite vender los inmuebles del seguro social, aún no esté reglamentada.
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A esta problemática se suma una advertencia contundente lanzada por Pablo Morínigo, director jurídico del IPS: “Tengan en cuenta que los inmuebles de IPS se van a invadir más temprano que tarde. Tengan en cuenta eso, porque eso es una realidad social”.
IPS pidió celeridad en reglamentación para vender sus inmuebles
Ante este panorama, se propuso cursar de manera inmediata una nota formal a la Superintendencia de Jubilaciones para exigir respuestas sobre el estado de la reglamentación de la ley que habilita la venta de propiedades, buscando ejercer presión institucional y hallar alternativas viables para evitar la pérdida de valor de activos emblemáticos como la histórica Casa de Sefarina Dávalos.
Aunque la primera opción del IPS sería vender sus inmuebles, esta idea generó posturas divididas sobre si la institución debe desprenderse o retener sus propiedades. “Acá, en el Paraguay hay muy pocas opciones. Nosotros ya estamos hasta el tope en CDA, en bonos, en casi en todo. Entonces, ¿qué haríamos con el dinero?”, cuestionó José Emilio Argaña, recordando que la gran mayoría de estos bienes corresponden al Fondo de Jubilaciones en un porcentaje del 90% o más.