Durante la sesión del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), celebrada está mañana y encabezada por el presidente de la institución, el doctor Isaías Fretes, se puso sobre la mesa un informe técnico exhaustivo elaborado por la Dirección de Inversiones, dependiente de la Gerencia Administrativa y Financiera.
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El debate giró en torno a la crítica situación jurídica, urbanística y financiera de los valiosos bienes raíces de la previsional, centrando la atención principal en el fraccionamiento Isla de Francia en Asunción, el condominio Cantegrill en San Bernardino y las disputadas extensiones de tierras en el Chaco paraguayo.
Isla de Francia: Codiciado inmueble que arrastra juicios y cánones impagos
El análisis del patrimonio inmobiliario comenzó con el caso de la Isla de Francia, un predio de 8 hectáreas dividido en 17 lotes, ubicados en una zona de altísimo valor comercial en plena capital.
Los consejeros y los técnicos de la administración expusieron que este activo posee un potencial inmobiliario extraordinario, pero arrastra un historial de litigios y resistencia por parte de sus ocupantes. El último concurso de arrendamiento realizado por la institución fue declarado desierto debido a que ninguno de los actuales arrendatarios o residentes del lugar se presentó al llamado formal. En su lugar, optaron por promover acciones de amparo constitucional y recursos judiciales para frenar los concursos y evitar la actualización de los cánones de alquiler.
Durante la sesión, el Departamento de Administración de Inmuebles detalló que el conflicto radica fundamentalmente en que los ocupantes históricos rechazan el incremento de las tarifas de arrendamiento. Se explicó que antes del reglamento general establecido en 2024 no existía un criterio uniforme para fijar los precios de los alquileres en la previsional. Al aplicarse una fórmula basada en los valores reales del mercado, los cánones sufrieron ajustes que desataron la negativa de los inquilinos a formalizar contratos bajo las nuevas reglas.
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El presidente del IPS, Isaías Fretes, cuestionó duramente esta postura, señalando que los amparos no buscan otra cosa que perpetuar una situación de ocupación ventajosa sin cumplir con las obligaciones financieras que atenta contra los fondos de los asegurados. Ante este escenario, el Consejo coincidió en la necesidad de realizar un monitoreo estricto de los arrendatarios judicializados, dar seguimiento a los antecedentes derivados al área jurídica y exigir una solución definitiva enmarcada estrictamente en la ley.
Asimismo, se advirtió que antes de considerar cualquier cambio de uso o proyecto de inversión en el predio, resulta indispensable contar con evaluaciones ambientales, urbanísticas y jurídicas rigurosas que protejan las áreas verdes, viveros históricamente asentados en el lugar.
Condominio Cantegrill: Trámites estancados y moras que afectan las arcas del IPS
El segundo punto analizado fue el condominio Cantegril, situado en la ciudad veraniega de San Bernardino. Según el informe técnico, este desarrollo se encuentra actualmente en un proceso de trámite de arrendamiento con inversión para un total de 322 lotes. Las proyecciones financieras estiman que la formalización de estos contratos generaría ingresos mensuales fijos para la institución.
Sin embargo, el debate evidenció un cuello de botella administrativo preocupante: la propuesta contractual correspondiente permanece estancada en la Dirección Jurídica del IPS desde febrero de 2026. Ante la falta de avances, el Consejo exigió acelerar los trámites internos y urgir al departamento legal para destrabar el expediente.
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En el mismo orden, se repasaron los antecedentes judiciales vinculados a la zona, destacándose un juicio de amparo promovido por ocupantes. Fretes expresó: “La pregunta que quiero hacer es, ¿y estas personas siguen ocupando?”, a lo que recibió una confirmación como respuesta, evidenciando la falta de ejecución de los desalojos y la vulnerabilidad en la protección del patrimonio de los asegurados.
Las tierras del Chaco: Discrepancias catastrales y auditoría en curso
El tercer eje abordado fueron las propiedades del IPS en la región Occidental (Chaco). El debate expuso una marcada divergencia institucional en cuanto a la superficie real de los dominios de la previsional en esa zona del país.
Mientras que los registros y las notificaciones de las municipalidades chaqueñas señalan que la institución posee una extensión aproximada de 400.000 hectáreas, los datos oficiales que maneja la administración central reflejan una superficie de 210.000 hectáreas. Esta disparidad de casi el doble en la medición cartográfica encendió las alarmas del Consejo sobre el control patrimonial histórico.
Se informó que un equipo de auditoría trabaja intensamente bajo la supervisión de la gobernación y en coordinación con el Poder Ejecutivo para catastrar, delimitar y sanear definitivamente las propiedades del Chaco.
Del total de 210.000 hectáreas registradas formalmente por el área técnica, se indicó que la gran mayoría cuenta con contratos vigentes y se encuentra al día con el pago de sus respectivos cánones, registrándose únicamente dos propiedades con procesos judiciales activos. No obstante, las autoridades enfatizaron que es una prioridad urgente cruzar la información con los municipios locales para unificar los datos catastrales y evitar perjuicios fiscales o superposiciones territoriales.
Déficit estructural del IPS y búsqueda de modelos de gestión
Hacia el final del debate sobre los inmuebles del IPS, los consejeros reflexionaron sobre la precariedad operativa con la que cuenta el propio IPS para custodiar y administrar su descomunal patrimonio.
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Se reveló que el Departamento de Administración de Inmuebles cuenta apenas con una estructura de 15 funcionarios para gestionar, verificar, elaborar contratos y fiscalizar un total de 930 unidades inmobiliarias distribuidas entre edificios y departamentos, las cuales recaudan en conjunto unos G. 1.300 millones mensuales en concepto de rentas (aproximadamente G. 15.000 millones al año).
Esta limitación de recursos humanos, sumada a la escasez de móviles y logística de campo, llevó al Consejo a evaluar alternativas modernas de administración. Entre las propuestas analizadas figura la implementación de un encargo fiduciario con el Banco Nacional de Fomento (BNF) —cuyo primer plan piloto se proyecta para la zona de la Manzana T— con el objetivo de tercerizar la administración integral de los inmuebles, el cobro de expensas, cánones y estacionamientos, liberando a la previsional de una carga operativa para la cual carece de estructura técnica suficiente.
Ante la complejidad de los expedientes inmobiliarios, el volumen de los activos en juego y la necesidad de trazar una política transparente de enajenación y conservación de los bienes de los jubilados, el pleno del Consejo de Administración resolvió convocar a una sesión especial exclusiva que se llevará a cabo los próximos días para recibir una presentación cartográfica y documental detallada de cada propiedad en litigio.