La comitiva del Ministerio Público, encabezada por el fiscal Giovanni Grisetti, intervino este miércoles la sede principal de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur), tras una denuncia formal del Instituto de Previsión Social (IPS) por el delito de evasión del aporte a la seguridad social tipificado en el artículo 261 del Código Penal.
Las pesquisas preliminares indican que la línea conductual de incumplimiento se viene desplegando desde 2022 hasta el cierre parcial de 2025, acumulando una deuda de G. 4.096.850.435 en concepto de retenciones obrero-patronales, que fueron descontadas de los salarios de los funcionarios pero jamás ingresadas a las arcas de la previsional.
Durante el procedimiento, el agente advirtió que el caso escaló hacia nuevas líneas penales tras corroborar incongruencias con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Aunque en el local afirmaron haber abonado cerca de G. 280 millones en concepto del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), el cruce de datos reveló lo contrario. “Pudimos constatar que no eran ciertos. Entonces posiblemente también se estarían generando otras líneas de investigación aparte de la versión del IPS en el concepto de presentar datos o documentos falsos o evasión de impuestos a la DNIT”, puntualizó Grisetti.
Embargo del IPS y una “cuenta paralela”: el sospechoso método de cobro en Unasur
La comitiva constató una peligrosa maniobra financiera implementada para eludir el cobro de la deuda. Grisetti explicó que, ante un embargo judicial dispuesto por la previsional sobre las cuentas oficiales de la institución, “la Unasur generó una cuenta paralela no oficial para poder operar” y seguir cobrando a los alumnos.
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El agente advirtió sobre la gravedad del esquema. “Dentro de la sospecha está que hacen pagar a los alumnos en una cuenta paralela, y eso puede generar problemas a los estudiantes, que no van a tener un registro oficial de que pagaron a la universidad sino a una cuenta ajena”. Una de las cuentas que maneja la entidad figura como “Non Plus Ultra” y como propietaria está la rectora Mirtha Reyes.
Si bien la investigación del Ministerio Público se centra en la evasión del aporte obrero-patronal y las irregularidades ante la DNIT, el pasivo global de la casa de estudios con el Estado es sumamente superior. La abogada Bettina Legal, asesora jurídica externa del IPS, detalló que la deuda total de la universidad privada supera los G. 18.000 millones, al sumar los aportes jubilatorios no ingresados y los años de morosidad en el pago de alquileres.
Justamente, la sede central allanada por la Fiscalía es un inmueble propiedad de la previsional que fue otorgado en concesión. “La deuda que tiene esta institución con el IPS por el pago de alquiler se arrastra desde el año 2011”, remarcó la asesora jurídica, exponiendo el histórico incumplimiento comercial de la institución educativa con la entidad pública.
La Unasur y sus estrechos vínculos con Santiago Peña
El Ministerio Público señala a la rectora de la universidad, Mirta Elizabeth Reyes Ruiz, como principal objeto de investigación, ya que es quien figura en todos los registros administrativos y ante el IPS. Reyes fue precandidata a concejala por el Partido Colorado en Asunción durante las pasadas elecciones internas.
La vicerrectoría de la casa de estudios está a cargo de Jorge “Turi” Cappello, actual secretario privado de la Presidencia de la República —bajo el mandato de Santiago Peña— y excoordinador político de la campaña de la ANR con Camilo Pérez, quien cayó en las elecciones municipales ante Soledad Núñez en Asunción.
Sin autoridades, con luces apagadas y apertura con cerrajero
Durante el procedimiento, la comitiva fiscal se encontró con un escenario peculiar. La sede universitaria se encontraba prácticamente vacía, sin presencia de docentes, alumnos ni autoridades directivas o administrativas.
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Según relató Grisetti, en el lugar solo se encontraban dos jóvenes en el área de caja, quienes indicaron que por orden superior tenían prohibido autorizar el ingreso de los investigadores.
Al avanzar hacia las oficinas administrativas, la comitiva constató que el despacho de la rectoría se encontraba a oscuras y cerrado bajo llave.
“Nos encontramos con la sorpresa de que la oficina de la rectora está totalmente llaveada con las luces apagadas, por lo que llamamos a un cerrajero para disponer la apertura y la incautación de las evidencias”, explicó el fiscal ante la negativa de los funcionarios para colaborar con el allanamiento.
“¡Que nos paguen el salario!”, exclamaron docentes de la Unasur
A las irregularidades con la previsional y la DNIT se suma el drama social de los trabajadores de la institución. Durante el procedimiento fiscal, docentes de la universidad hicieron oír sus reclamos por el atraso sistemático en el cobro de sus haberes.
“¡Que nos paguen el salario!”, gritó uno de los educadores, en medio de la incertidumbre sobre la continuidad laboral y la administración de la casa de estudios.
Según indicó un profesor de la casa de estudios, los funcionarios administrativos recibieron un último pago en mayo de este año, mientras que los docentes recibieron el último sueldo en agosto.