La Asociación de Universidades Privadas del Paraguay (Apup) sostiene que la falta de certificación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) no convierte en “ilegal” a una carrera legalmente habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Sin embargo, la cifra expuesta desnudó la baja cobertura de evaluación en la educación superior en el país.
En un comunicado, el gremio rechazó categóricamente que se califique de “irregulares” a las ofertas académicas que no pasaron por dicho proceso. Respaldaron su postura en el artículo N° 2 de la Ley 2072/2003, la cual establece que la participación en las evaluaciones de la Aneaes es de carácter voluntario, salvo para “ciertas carreras expresamente previstas en la normativa”.
De forma insólita, las universidades privadas admitieron en el documento que -según el informe de la agencia evaluadora-, de un total de 2.565 carreras de grado vigentes, solamente 456 cuentan con acreditación, es decir apenas el 18% tienen sello de calidad. En esa línea, argumentaron que la baja cantidad de carreras certificadas no puede interpretarse como evidencia de irregularidades, dado que la normativa no exige a todas someterse a dicho proceso.
“La Apup considera indispensable distinguir entre la habilitación legal de una carrera y su acreditación académica, evitando interpretaciones que generen incertidumbre y afecten injustificadamente a las instituciones, sus estudiantes y egresados. La falta de acreditación no convierte, por sí sola, a una carrera legalmente habilitada en una carrera ilegal”, apuntaron.
La gran omisión: el ultimátum del MEC que exige carreras acreditadas para el 2028
Las universidades privadas omitieron un pequeño detalle en su informe. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió la resolución N° 1578/25 por la cual estableció que a partir del 2028, no registrarán los títulos de grado y de posgrado de carreras que no cuenten con acreditación.
Ante el lobby que realizaron los rectores de las privadas en reuniones con altos funcionarios como el ministro del Interior, Enrique Riera, para eludir esta resolución, la cartera educativa se ratificó en la medida, según había anunciado su titular, el ministro Luis Ramírez el 17 de agosto pasado. El mismo Ramírez fue quien denunció el lobby que realizaron desde este sector.
La reacción de la Apup se da luego de que la Aneaes envió un legajo con 138.256 títulos sospechosos, muchos de los cuales fueron expedidos por universidades con carreras no acreditadas y luego, registrados por la cartera educativa.
Universidades públicas también se defienden: reclaman “imprudencia” en listas de títulos falsos
La Asociación de Universidades Públicas del Paraguay (AUPP)- que reúne a todas las universidades nacionales del país-, también emitió un comunicado oficial a raíz de las publicaciones de la Contraloría General de la República (CGR) y la apertura de investigaciones en el Ministerio Público sobre 1.089 títulos falsos.
Plantearon “nóminas de egresados en las que las Instituciones han identificado nombres de personas que cuentan con una trayectoria académica legítima y que, sin embargo, figuran en listados de títulos falsos, situación que afecta tanto a las instituciones, como, directamente, a las personas involucradas”, apuntaron. Además, cuestionaron la comunicación de la Aneaes ante el Ministerio Público, considerando los siguientes puntos:
- Participación en evaluaciones de la Aneaes: Afirman haber participado de manera permanente en las convocatorias de evaluación y señalan que recién desde 2026 se habilitaron criterios para evaluar la totalidad de las carreras.
- No acreditar no es delito: Sostienen que la falta de acreditación de una carrera no constituye un hecho punible y advierten que investigar sin delimitar los hechos afecta la seguridad jurídica.
- Defensa del Cones: Califican al Consejo como órgano rector indispensable y advierten que su hipotética desaparición tendría efectos “deletéreos” para el sistema educativo. El titular designado en el Cones es Hermenegildo Cohene, rector de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), integrante de la AUPP.
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Con este pronunciamiento, las universidades públicas se sumaron al reclamo contra el impacto mediático y judicial de las listas difundidas, marcando distancia del sector privado al insistir en su participación continua en las evaluaciones de la Aneaes, pero coincidiendo en la urgencia de “no criminalizar” la falta de acreditación en un sistema donde la propia reglamentación aún sigue en debate.