En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Asunción de ayer, miércoles, el concejal Álvaro Grau (PPQ) denunció la existencia de otro esquema de recaudación paralela dentro de la Municipalidad de la capital, durante la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Los cuestionamientos se centraron en la Policía Municipal Fiscalizadora, dependencia señalada por operar un mecanismo para “apretar” a los ciudadanos.
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Según explicó el edil, el funcionamiento irregular consiste en que los inspectores labran actas de intervención al registrar transgresiones a las ordenanzas vigentes, pero dichos expedientes administrativos se diluyen sin castigo formal. “Esas actas de intervención terminan en la nada, eso sería un esquema de caja paralela, cuando se genera un acta de intervención y terminan en la nada”, afirmó Grau al detallar la evasión de los canales institucionales.
El concejal indicó que, en lugar de activar un proceso administrativo transparente que derive en una multa y en la regularización del infractor, los sumarios se utilizan como instrumentos de coacción. “Ahí es donde realmente se puede generar el negocio para los muchachos, de que se generen intervenciones, se detectaron transgresiones, se detectan irregularidades y se generan las actas que terminan sirviendo para que eso derive en un apriete nomás”, aseveró el edil.
Impacto y consecuencias del sistema en la seguridad ciudadana
Para el concejal, este sistema discrecional desnaturaliza el objetivo correctivo de las normativas urbanas y traslada la vulnerabilidad directa a la seguridad de los habitantes de Asunción. “Las sanciones no son netamente una cuestión recaudatoria, tiene que ser algo que justamente le motive aquel infractor a ponerse en regla”, enfatizó Grau al cuestionar el uso distorsionado del poder de policía municipal.
Esta falta de fiscalización efectiva y rigurosa deriva, de acuerdo con la denuncia, en riesgos latentes de tragedias urbanas que comprometen la integridad de la ciudadanía en espacios públicos y comerciales. Al respecto, el concejal recordó episodios recientes como “un incendio en el microcentro” y cuestionó las razones por las cuales los mecanismos preventivos fallaron ante la ausencia de inspecciones reales.
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En la misma línea de riesgo urbano, Grau recordó la reciente caída de estructuras pesadas en áreas de concurrencia masiva de niños, jóvenes y adultos. “Una grúa se cayó nada más y nada menos que un estudio de danza donde van criaturas, jóvenes, adultos. En algún momento puede ocurrir algún desenlace fatal en algo como eso”, alertó el concejal al exigir auditorías sobre los procesos de control urbano.
A pedido de Grau se aprobó solicitar a la Intendencia un reporte detallado sobre las fiscalizaciones realizadas entre el año 2022 y junio de 2026, incluyendo las actas de intervención, sus respectivos informes, el estado actual de los procesos y las dependencias donde se encuentran. El pedido abarca fiscalizaciones a la tenencia de patentes comerciales, pesos y medidas, desinfección, casas de empeño, espectáculos públicos y juegos, además de cartelería publicitaria y polución sonora.
Cuestionamientos a la gestión de Ayala
El esquema denunciado por Grau ante la Junta Municipal pone bajo escrutinio directo a Constantino “Tino” Ayala (ANR-cartista). Ayala, quien al menos hasta junio, figura en las planillas salariales de la Municipalidad de Asunción como director de esa dependencia, con una remuneración superior a los G. 18 millones.
De la mano de Camilo Pérez (ANR-cartista), Ayala busca ocupar una banca en la Junta Municipal en las próximas elecciones del 4 de octubre. Como director Ayala lanzó su campaña en la Seccional Colorada N.° 15 de la capital. Subordinados de su dependencia denunciaron presiones para trabajar de manera activa a favor de su jefe inmediato. Ayala negó estos cuestionamientos, aunque admitió la presencia de funcionarios en su acto de lanzamiento.
La administración de Ayala también fue cuestionada por la falta de control sobre la cartelería y las pintatas electorales ilegales que proliferan en Asunción. A fines de mayo, el entonces jefe del Departamento de Prevención de Polución Sonora y Visual (Cartelería) de la Municipalidad de Asunción, Sergio Irala, había confirmado a ABC que todos los murales que se observan actualmente en las avenidas de la capital, son irregulares y evasores de los cánones municipales, ya que no cuentan con la resolución ni el pago del tributo correspondiente.
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ABC había constatado que Ayala, entonces director del órgano encargado de vigilar el cumplimiento de las normas que rigen la propaganda electoral ilegal, era uno de los que tenía pintatas electorales ilegales. Una de ellas, ubicada en la esquina de Fulgencio R. Moreno y República Francesa (foto), sigue sin ser retirada, a casi dos meses de las internas municipales del 7 de junio.