En la sesión de la Junta Municipal de esta mañana, los concejales aprobaron solicitar informes detallados al intendente, Luis Bello (ANR-cartista), sobre el estado de los expedientes de terrenos municipales en el barrio Mbocayaty (La Piedad). La medida se da luego de que pobladores de la zona denunciaran violentos “aprietes” y bloqueos en los trámites de titulación de viviendas asentadas en terrenos municipales.
Los vecinos señalan directamente al Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, de estar detrás de un supuesto plan para acorralar a las familias y forzarlas a vender. Aseguran que el conglomerado tiene la intención de construir un proyecto inmobiliario en la zona.
Tierras municipales: advierten que corporaciones no pueden adquirir tierras municipales
Ante el pleno, el concejal Humberto Blasco (PLRA) enfatizó que los emprendimientos corporativos como el señalado por los vecinos, ni siquiera califican para adjudicarse tierras municipales, ya que las ordenanzas vigentes priorizan la posesión con un criterio social y no buscan la rentabilidad empresarial.
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“Ningún emprendimiento comercial puede apropiarse de bienes municipales y menos por la fuerza. Jamás le vamos a dar la cuenta corriente catastral para que los venda después”, añadió el edil.
“Tampoco los particulares que hoy están en posesión de estos inmuebles pueden comercializar propiedades municipales. Tienen que regularizar previamente sus posesiones y existen también cláusulas que evitan la comercialización de estos inmuebles por un plazo determinado (5 años)”, dijo Blasco.
Exigen censo y un relevamiento de expedientes
El concejal Blasco, junto con sus colegas Daniel Ortiz (ANR-disidente) y Javier Pintos (ANR-cartista), propusieron y lograron que el pleno encomiende a la intendencia que entregue -en un plazo de ocho días hábiles-, un relevamiento de todos los terrenos municipales colindantes al emprendimiento privado en cuestión, pidiendo que se detalle la cuenta corriente catastral, la identidad de los ocupantes y su antigüedad.
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Este censo servirá para conocer la situación de todos los terrenos municipales en la extensión del barrio, especificando la cantidad total de lotes, la situación registral inmobiliaria, el estado actual de los expedientes presentados por los vecinos, qué gestión es necesaria para que avancen y en qué dependencia se encuentran retenidos. Ortiz justificó la urgencia mencionando denuncias de extorsiones y chantajes, señalando que funcionarios ofrecerían acelerar trámites a cambio de dinero.
En tanto, Javier Pintos (ANR-cartista) pidió que una vez que los expedientes lleguen a la Comisión de Hacienda de la Junta Municipal, se convoque a los vecinos afectados para tomar decisiones a la “luz pública” y garantizar la protección de sus derechos.
Antecedentes del conflicto en La Piedad: ocupación histórica y desalojos violentos
Los vecinos de Mbocayaty (La Piedad), la mayoría residente en el sitio desde hace varias décadas, denuncian que la Municipalidad de Asunción mantiene sus terrenos en categoría de "arrendados”. Los vecinos señalan que las trabas municipales coincidieron con el interés del Grupo Vázquez en desarrollar un proyecto inmobiliario en la zona.
Los pobladores sospechan de un plan para "acorralarlos" y forzarlos a vender sus propiedades. El caso más grave denunciado es el de Mirian Ramírez, quien relató que, mientras estaba en una consulta médica, guardias privados derribaron las murallas de su casa, forzaron los accesos y arrojaron sus muebles a la calle en un procedimiento extrajudicial violento.
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Los denunciantes apuntan a la aparición de personas ajenas al barrio, como Rodolfo Manuel Fernández Almada, a quien señalan como presunto testaferro del Grupo Vázquez, y figura sorpresivamente en los registros municipales como nuevo "arrendatario" de lotes ocupados históricamente por los vecinos. Según las denuncias, Fernández Almada incluso denunció a ocupantes antiguos por "invasión de inmueble“, logrando una celeridad judicial que los vecinos no obtienen para sus trámites de titulación.
En tanto, la Intendencia y la Junta Municipal se responsabilizan mutuamente por el estancamiento de los expedientes. Mientras el Ejecutivo municipal afirma que la decisión final de venta o arrendamiento es de los concejales, estos denuncian que los informes técnicos necesarios para decidir están retenidos en dependencias como la Dirección de Catastro.
“No tenemos ningún proyecto de barrio cerrado en La Piedad”, dice Bello
En conversación con ABC TV, el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), aseguró que, al menos hasta el momento, no existe ninguna solicitud ni iniciativa formal para la construcción de un barrio cerrado o emprendimiento similar en esa zona de la ciudad. “No va a haber ningún tipo de adjudicación así, que no haya pasado por todos los estamentos burocráticos, dijo.
Ante las denuncias de vecinos sobre “aprietes” de funcionarios municipales para forzar ventas, instó a la ciudadanía a tomar fotografías y denunciar formalmente a cualquier empleado que actúe de forma irregular. Prometió realizar sumarios administrativos y destituir a quienes incurran en estas prácticas.
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Respecto al caso de violencia denunciado por la vecina Mirian Ramírez, se comprometió a interiorizarse sobre el tema y reiteró que no permitirá que funcionarios municipales participen en desalojos irregulares, afirmando que para él, “siempre está primero el vecino”.
El feje comunal reconoció que la municipalidad debe mejorar su dinamismo, pero aclaró que no puede hacerse cargo de expedientes que llevan 20 o 30 años trabados antes de su llegada a la Intendencia. Mencionó que existen aproximadamente 3.500 terrenos de dominio privado municipal en toda Asunción y que cada caso es particular.