Vecinos del barrio Recoleta nucleados en la comisión “Amigos de las plazas Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores, denunciaron públicamente presuntas irregularidades en la habilitación del Edificio Chelsea Plaza, situado sobre la calle Santa Rosa. La obra, que linda directamente con el cauce del arroyo Mburicaó, generó un intenso debate vecinal e institucional sobre el crecimiento urbano en Asunción.
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El detonante de la controversia radica en el impacto que la obra genera en la zona y las dudas sobre los permisos otorgados por la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). El caso pone bajo la lupa los mecanismos de control municipal y la aplicación de incentivos edilicios en áreas residenciales y mixtas.
Obras Particulares responde: ¿Por qué el edificio tiene altura superior a la permitida?
El director de Obras Particulares, Nicolás Chaparro, señaló que el proyecto cuenta con una resolución de aprobación emitida en noviembre de 2025. Confirmó que la obra contempla una planta baja, un primer nivel para estacionamientos, nueve pisos adicionales y una azotea.
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Chaparro explicó que el inmueble se encuentra en una denominada “Franja Mixta 2”, la cual cuenta con altura liberada gracias a la aplicación de incentivos urbanísticos vigentes. Al destinar toda la planta baja a lugares de estacionamiento, por encima del mínimo requerido, la superficie edificable autorizada también aumentó, según dijo.
En cuanto a las críticas sobre la cercanía al arroyo Mburicaó, el director reconoció las denuncias de invasión de retiros pero aclaró que el terreno original pudo haber sufrido socavamientos históricos. Indicó que la comuna valida los planos basándose en los títulos de propiedad y anunció fiscalizaciones para constatar que lo construido coincida con lo aprobado.
Permisos irregulares y el rol de la Junta Municipal según Pablo Callizo
Por su parte, el concejal municipal Pablo Callizo (PPQ) advirtió que este caso se suma a una serie de denuncias recurrentes sobre construcciones que exceden los límites del plan regulador. Señaló que mientras algunas zonas permiten, por ejemplo, un máximo de seis niveles, existen reportes de obras que alcanzan hasta diez u once pisos.
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Callizo explicó que la capacidad operativa de la Junta Municipal se limita a solicitar informes y a convocar a los directores del área para dar explicaciones. Añadió que, de comprobarse las violaciones a las normativas, correspondería revocar los permisos y exigir la suspensión inmediata de los trabajos en ejecución. Aclaró, sin embargo, que eso también depende del Ejecutivo comunal.
El edil no descartó la existencia de incentivos indebidos dentro de las oficinas encargadas de fiscalizar y controlar este tipo de grandes obras. Por este motivo, aseguró que exigirá la remisión de informes técnicos para profundizar una investigación desde el ámbito legislativo municipal.
Reclamo vecinal y defensa de la constructora ante el impacto ambiental
La organización ciudadana argumenta que la torre alterará de forma drástica la escala barrial y generará un cuello de botella en el tránsito local. Asimismo, advierten sobre la potencial saturación de la antigua red cloacal y el perjuicio ambiental que causaría la sombra permanente sobre las plazas vecinas. A esto se suma el aumento del peligro de inundaciones del barrio.
En contraparte, la empresa De Constructora S.A. defendió la legalidad del proyecto mediante un comunicado oficial difundido a la opinión pública. Aseguraron contar con la Declaración de Impacto Ambiental expedida por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para respaldar el inicio de las tareas.
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La desarrolladora sostuvo que el proyecto contempla obras de canalización hidráulica y medidas de mitigación por la tala de árboles aprobadas por la comuna. Concluyeron indicando que la administración de servicios básicos y la evaluación de la infraestructura pública corresponden estrictamente a las instituciones competentes.