Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, el senador liberal Líder Amarilla acusó al presidente Pedro Alliana de confirmar en sus cargos a prácticamente el mismo equipo que ayudó al destituido Santiago Peña a realizar un desfalco de casi US$ 1.000 millones de 13 entidades públicas, identificadas por ahora ante la falta de datos públicos concretos.
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Recordó que precisamente por ello la oposición pidió el juicio político tanto para Peña como para Alliana, ya que ambos eran socios y gobernaban juntos. En una exposición compartida con el pleno, expuso cuánto dinero perdió cada ente público debido a las decisiones de sus autoridades.
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Apuntó principalmente contra Jorge Brítez Arriola, expresidente del Consejo de Administración del IPS), y Hugo Díaz, director de Inversiones del IPS.
También apuntó contra Justo Zacarías Irún y Rafael Lara Valenzuela, titular y director financiero ejecutivo en Itaipú, respectivamente. Igualmente, apuntó contra Carlos Fernández Valdovinos (exministro de Economía y Finanzas hasta marzo de 2026) y César Lewin (asesor) en dicha cartera.
Igualmente apuntó hacia Félix Sosa (presidente de la ANDE) y Miguel Ángel Báez (titular en periodo intermedio de operaciones). En la Caja Bancaria contra el Consejo de Administración encabezado por José Caballero y el consejero Roberto Nahen (bajo auditoría externa).
También contra el director de Yacyretá, Luis Benítez; en Conatel, contra Juan Carlos Duarte Duré (presidente del Directorio de Conatel durante las colocaciones) y en Petropar, contra Eddie Jara (presidente durante la vigencia del convenio comercial) y William Wilka (actual titular denunciante).
¿Qué medidas exige la oposición al Congreso para proteger los fondos públicos del Estado?
Reiteró que lo grave es que Alliana seguirá confiando en las mismas personas que generaron el desfalco y que, por ello, la ciudadanía ve con preocupación la situación. El legislador sostuvo que Alliana tuvo que hacer una barrida en lugar de confirmaciones, especialmente contra el hoy ministro de Economía, Óscar Lovera, y el titular de la DNIT, Óscar Orué.
Finalmente, instó al Congreso a reponer las leyes que solo permitían depositar los fondos públicos en el Banco Nacional de Fomento para evitar que terminen en la banca privada.