El proyecto de la oposición y la disidencia busca crear una Comisión Bicameral de Investigación (CBI), un órgano especial del Congreso. La iniciativa fue presentada con las firmas de los senadores Alfonso Noria (ANR, disidencia), Walter Kobylanski (Independiente), Rafael Filizzola (PDP), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Esperanza Martínez (PPC) e Ignacio Iramaín (Independiente), así como con la rúbrica de los liberales Líder Amarilla, Ever Villalba, Eduardo Nakayama, Sergio Rojas y Celeste Amarilla.
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Los proyectistas señalan que la iniciativa surge ante la grave crisis financiera e institucional generada por la intervención y posterior disolución de Ueno Bank, entidad que administraba alrededor de US$ 850 millones en fondos públicos —incluyendo US$ 355 millones del Instituto de Previsión Social (IPS)— y que afectó a cerca de 2,9 millones de clientes.
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Agregan que, si bien la Fiscalía ha imputado a 27 personas, entre ellas el expresidente de la República Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, aún quedan puntos por esclarecer.
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¿Qué instituciones del Estado son investigadas por el caso Ueno Bank?
Los parlamentarios advierten de un caso de “posible lavado de dinero”, ya que varios legisladores han señalado que existirían sospechas de que el esquema financiero de Ueno Bank fue utilizado para canalizar recursos de origen irregular, afirmando que se habría creado un banco para poder lavar activos.
Los legisladores destacan además la “omisión de organismos de control y trato desigual”, ya que resulta igualmente necesario investigar la responsabilidad de otras dependencias como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y otros entes que, teniendo el deber de controlar el flujo de fondos, “no vieron” ni alertaron sobre lo que estaba ocurriendo.
“Esta omisión resulta más grave si se considera que al resto de la población se le imponen miles de trabas y actividades burocráticas para respaldar movimientos bancarios insignificantes, mientras que las operaciones de gran escala pasaron desapercibidas”, añaden.
¿Cuál es la responsabilidad del exministro Carlos Fernández Valdovinos y los mandos inferiores?
Los parlamentarios hablan de una “cadena de mandos y responsabilidad de funcionarios inferiores”. Señalan que, para que el desvío de fondos estatales y los ajustes regulatorios se concretaran, el expresidente Santiago Peña debió haber recurrido a “una cadena de mandos inferiores” para instruir a las instituciones en su actuación, facilitando todo lo que se facilitó desde el Estado. “Resulta imperativo determinar quiénes fueron los funcionarios que acataron esas instrucciones, en qué medida participaron y cuál fue su nivel de responsabilidad en el esquema”.
Los legisladores también plantean “ajustes reglamentarios presuntamente irregulares”, al sostener que debe investigarse si las autoridades del BCP, incluyendo a su exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, permitieron irregularidades y realizaron modificaciones normativas que facilitaron el crecimiento desmedido de Ueno Bank sin el respaldo patrimonial necesario.
Finalmente, recalcan que hubo una “responsabilidad de funcionarios del BCP”, ya que se ha denunciado que el directorio de la banca matriz y la Superintendencia de Bancos habrían tenido conocimiento de las irregularidades y ocultado información al Senado, lo que constituiría una grave omisión en sus deberes de supervisión.
¿Cómo operaba el esquema de desvío de fondos públicos y el manejo del IPS?
Entre otros puntos, señalan el “desvío de fondos estatales masivo y sin control”, debido a que el Gobierno depositó más de US$ 850 millones en Ueno Bank, lo que representaba alrededor del 20% de los ahorros estatales, sin que existieran mecanismos claros de control o justificación de los criterios utilizados para dicha inversión. Añaden que el Instituto de Previsión Social (IPS) tenía inversiones por US$ 355 millones, equivalentes al 9% de su cartera total.
En cuanto a los “vínculos políticos y empresariales”, indican que el expresidente Santiago Peña había sido inversor en una de las sociedades del Grupo Vázquez, conglomerado controlado por Miguel Vázquez, fundador de Ueno Bank. “Esta vinculación directa plantea serias dudas sobre la independencia de las decisiones regulatorias y de supervisión”.