El Instituto de Previsión Social (IPS) es, en teoría, la caja de resistencia solidaria más importante del país, el refugio financiero de salud y jubilación de cientos de miles de trabajadores. Sin embargo, detrás de esa misión noble se esconde una desidia que golpea directamente el bolsillo de los aportantes.
Durante la sesión de esta mañana del Consejo de Administración del IPS, dirigida por Isaías Brítez, se abrió la caja de Pandora sobre el estado financiero y legal de tres emblemáticos patrimonios inmobiliarios: la Villa Santo Domingo, la zona de Isla de Francia y el condominio Cantegrill en San Bernardino.
Las cifras reveladas pintan un panorama alarmante de baja rentabilidad, morosidad histórica y la urgente necesidad de repensar qué se está haciendo con los bienes de los asegurados.
Complejo Santo Domingo: El anhelado refugio para médicos del interior
El debate sobre los bienes inmuebles comenzó poniendo la lupa en el predio ubicado sobre la calle Doctor Fleming esquina avenida Santísimo Sacramento, en el barrio Santo Domingo de Asunción. Tras declararse desierto un llamado a concurso previo, el Consejo abordó los detalles de este codiciado espacio.
Más allá del negocio inmobiliario tradicional, las autoridades del IPS recordaron que esta zona tiene un sentido social y humano largamente postergado: utilizar parte de estas instalaciones para albergar a los médicos y residentes del interior del país que viajan a Asunción para capacitarse en especialidades clave como cirugía, clínica médica, pediatría y ginecología.
El presidente del IPS expresó: “La pandemia hizo de que por necesidades propias de la situación, se hayan aceptado médicos sin experiencia adecuada”. Enfatizó que el IPS tiene un deber institucional insoslayable con la formación continua.
“El médico que viene del interior, tiene que tener un lugar donde bañarse, un lugar donde dormir. Estos son lugares para pernoctar, porque esos jóvenes están en edad de aprendizaje”, dijo Fretes. Con esta directiva, el Consejo anunció que busca transformar este espacio en un sitio de descanso y rotación digno, exigiendo a las áreas de salud un programa formal e inmediato.
Isla de Francia: Un gigante valuado en miles de millones que rinde casi nada
El plato fuerte de la mañana llegó con la presentación técnica a cargo de la Dirección de Inversiones sobre la zona de Isla de Francia. Adquiridas en la década del 1970 —específicamente en los años 1976 y 1977 por un valor histórico original de G. 94.810.500—, estas casi 8 hectáreas divididas en dos grandes fracciones y 17 lotes ostentan hoy un valor contable aproximado de G. 23.498 millones, lo que representa el 1% del valor total de los inmuebles de la previsional.
Sin embargo, los números expuestos desataron la crítica frontal de los consejeros al medir la verdadera rentabilidad de estos alquileres, ocupados en su mayoría históricamente por viveristas o pequeños comercios. La Dirección de Inversiones informó que durante el año 2025, estos terrenos generaron ingresos anuales por G. 1.348 millones (un promedio mensual de G. 112.365.170), mientras que hasta agosto del corriente año se percibieron G. 923.054.615 (un promedio mensual de G. 115.381.000).
A simple vista, superar los mil millones al año suena importante, pero al contrastarlo con el capital real, los consejeros aseguraron que “es muy poco, no es nada”. Matemáticamente, el rendimiento de estos codiciados terrenos ronda entre el 5% y el 5,7%, una tasa considerada “nada” frente a alternativas financieras más rentables, consideró Ramón Zarza, representante del Ministerio de Trabajo.
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Óscar Martínez, jefe del Departamento de Arrendamientos, resaltó que el conflicto en Isla de Francia no es solo financiero, sino profundamente cultural y judicial. Indicó que varios contratos vencieron formalmente en marzo de 2024 y que al intentar actualizar los cánones a precios reales —con aumentos progresivos donde inquilinos pasaron de pagar cuotas iniciales de G. 20 millones a G. 30.500.000, o casos menores de G. 6.500.000 a G. 9.523.000 y de G. 9 millones a G. 13.500.000 guaraníes—, los ocupantes se atrincheraron.
“Los viveristas se sienten los dueños, directamente cuando se les propone un aumento sustancial, ellos deciden no firmar el contrato. Y te siguen ellos pagando lo que quieran y es peor no recibir”, expresó Martínez.
Ante la resistencia de los inquilinos, los amparos judiciales que duraron entre 8 y 12 meses (con fallos favorables al IPS pero sin voluntad de pago actualizado de los afectados) y los reiterados llamados a concurso que terminan desiertos porque nadie se presenta debido a la presión de los ocupantes actuales, el Consejo advirtió que “es hora de poner mano dura”.
Pablo Morínigo, director Jurídico del IPS recordó que existen expedientes avanzados en la Corte Suprema de Justicia y juicios de desalojo. La directriz final fue clara: ofrecer contratos cortos de apenas dos años con nuevas cláusulas estrictas o “romper candados” ante futuros incumplimientos amparados en el Código Civil.
Cantegrill: El 68% de los bienes disponibles atrapados
El caso del condominio Cantegrill, ubicado en la ciudad de San Bernardino, elevó aún más la temperatura de la discusión. El IPS posee allí 46 hectáreas equivalentes a 459.055 metros cuadrados, distribuidos en 611 lotes dentro de 44 manzanas. De ese total, 327 lotes pertenecen de forma directa al IPS (comprados en tandas en los años 2003 y 2006), representando un valor contable estimado de G. 109.081.424.274 (calculado por las autoridades en unos US$ 18.000 por lote).
El jefe del Departamento de Arrendamiento del IPS indicó que Cantegrill concentra el 68% de toda la cantidad de inmuebles que el IPS tiene disponibles para arrendar en el país, considerando un universo total de 483 propiedades listas para renta. Aseveró que si este lugar lograra ponerse en valor de manera eficiente, el déficit de oferta inmobiliaria de la previsional se reduciría drásticamente en casi un 30%.
Sobre los ingresos, Martínez detalló que hasta agosto de este año, Cantegrill sumaban G. 198.573 millones en concepto acumulado, con un promedio mensual de G. 24 millones provenientes de apenas media docena de contratos activos.
Para los 322 lotes que hoy se encuentran vacíos, el Consejo aprobó levantar los pliegos de bases y condiciones y relanzar un concurso masivo. Ante la escasa atracción histórica de estos remates, las voces más críticas del Consejo propusieron mirar más allá del alquiler tradicional. José Argaña, representante de los Empleadores, planteó explorar de manera urgente alianzas estratégicas, asociarse con desarrolladoras inmobiliarias o buscar los mecanismos legales para evaluar la venta mediante subasta pública de estos valiosos terrenos ociosos.
La Villa Santo Domingo, Isla de Francia y Cantegrill son apenas tres ejemplos dentro de un universo superior a las 700 propiedades que el IPS desparrama por todo el territorio paraguayo. La promesa institucional actual apunta a cortar de raíz los privilegios particulares, endurecer las cláusulas de desalojo, exigir rendimientos financieros reales y transformar el ladrillo improductivo en recursos genuinos para la salud y las jubilaciones de los paraguayos.