El concejal Álvaro Grau (PPQ) advirtió que el escenario de crisis de la Municipalidad de Asunción se agrava, tras las elecciones internas municipales. Remarcó que no solo se encuentra técnicamente en quiebra y al borde del colapso financiero definitivo, sino que, además, en riesgo inminente de enfrentar una serie de acciones judiciales.
Según el edil, la amenaza de demandas no se limitaría a los bonistas, sino también de parte de contratistas del sector privado y prestadores de servicios por la falta de cumplimiento de contratos.
El fracaso del intendente Luis Bello ante los bonistas
Las declaraciones de Grau se dan luego de que Valores Casa de Bolsa, representante de los tenedores de bonos, convocara a una asamblea para obtener la autorización para iniciar acciones judiciales contra la comuna.
Esta determinación se dio tras el fracaso de la intimación de pago al intendente Luis Bello (ANR-HC). Los bonistas habían exigido a la comuna el pago de G. 81.271 millones vencidos de 2025, además de G. 9.523 millones, en concepto de “costos financieros”.
Bello pretendió presentar la intimación como un acuerdo de pago. La propuesta, calificada por los concejales de la oposición como un abierto apriete institucional, fracasó. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 la comuna registró 12 incumplimientos en el pago de intereses de los bonos. El pasivo total alcanzó la suma de G. 145.493 millones. La mayoría de ellos, emitidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista)
El concejal Grau denunció que los bonistas exigen cobrar recargos sobre las cuotas vencidas bajo la figura de costos financieros. El edil calificó estas imposiciones de cobro de “intereses sobre intereses” de hasta el 30% como un “desquicio”. Grau recordó que la tasa de los bonos municipales del 17% duplica la tasa del 7% del gobierno central.
La herencia de “Nenecho” Rodríguez: Obras paradas y G. 512.000 millones desviados
El descalabro de las finanzas comunales corresponde a la gestión del denominado combo cartista en la conducción de la capital. El exintendente Rodríguez renunció en agosto bajo presión y fue reemplazado en el cargo por el actual intendente Bello. El interventor, Carlos Pereira, documentó el desvío de G. 512.000 millones de bonos G8 mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”.
De ocho proyectos de infraestructura pluvial prometidos por Rodríguez, su administración inició cuatro y no concluyó ninguno. Los desagües de San Pablo y Abasto están al 50%, mientras General Santos cumple 14 meses de total paralización. Los contribuyentes abonaron US$ 7,3 millones en tasas mientras Grau afirmó que el 85% del pavimento urbano está vencido.
Tras la salida de Rodríguez, y pese al descalabro financiero, Bello sostiene una estructura administrativa conformada por más de 9.000 funcionarios en las diferentes dependencias. El pago de salarios representó un costo superior a los US$ 121 millones en el año 2025.