La Junta Municipal de Asunción aprobó este jueves, en una sesión extraordinaria y exprés, el proyecto de Presupuesto 2027. El trámite relámpago, concretado en menos de tres minutos, sin debate previo, fue impulsado por la administración saliente de Luis Bello (ANR-cartista). Este presupuesto, por un total de G. 2,2 billones, compromete de manera directa la gestión de la intendenta electa Soledad Núñez, quien asumirá el cargo el próximo 3 de noviembre.
Aprobación exprés en la Junta Municipal: Así se aprobó el Presupuesto 2027 de Asunción
La aprobación, por 16 votos a favor y una abstención, se produjo tras la suspensión de la sesión ordinaria programada para ayer, miércoles, la cual fracasó por falta de cuórum ante la ausencia masiva de concejales. El oficialismo colorado aceleró el tratamiento en tiempo récord para asegurar la sanción del plan presupuestario antes del cambio de Gobierno.
El impacto político del presupuesto significa una pesada carga financiera que heredará la administración de Soledad Núñez. El plan económico perpetúa el modelo de gestión heredado del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), de priorizar el gasto rígido por encima de la inversión en obras, al incluir un “clavo salarial” de US$ 142 millones que absorbe el 60% de los ingresos tributarios.
La aprobación fue hecha por una mayoría de 14 concejales colorados: los cartistas Juan C. Osorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, Miguel Sosa, René Calonga, Javier Pintos y César “Ceres” Escobar; los disidentes Arturo “Tuki” Almirón, Rosanna Rolón, Jesús Lara, Juan J. Arnold, Daniel Ortiz y Carlos González.
Además, aprobaron el presupuesto los liberales Augusto Wagner y Ramón Ortiz. La única abstención fue del concejal Álvaro Grau (PPQ).
La denuncia de Álvaro Grau: desaparición de cuentas de bonos y falta de transparencia
Tras la votación, el concejal Grau fundamentó su rechazo en la anómala omisión de las cuentas de saldos de bonos. El edil advirtió que, ya desde la gestión anterior, la contabilidad municipal eliminó deliberadamente dichos registros financieros, impidiendo un control transparente de los recursos. Esta supresión contable, dijo, dificulta la trazabilidad de los fondos obtenidos mediante endeudamiento público en los últimos años.
Grau recordó que “los bonos legalmente solamente pueden gastarse en las obras para las cuales fue prestado. Las obras siguen sin terminarse, algunas, otras, ni siquiera han empezado, pero el dinero desapareció y no podían hacer desaparecer contablemente eso”, dijo. Aseguró que sin esas cuentas no podrán hacerse las auditorías y el seguimiento de “cuánto saldo de bono todavía hay, mientras la ciudadanía está pagando intereses altísimos por eso”, añadió.
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El concejal calificó la desaparición de estas cuentas como un desorden financiero injustificable que carece de todo sustento jurídico y contable válido. Señaló que esta opacidad administrativa impide a los órganos de control fiscalizar el destino real de los más de G. 512.000 millones desviados por la administración Rodríguez.
Ante este escenario, Álvaro Grau enfatizó que “se tiene que hacer esa auditoría y se va a hacer ni bien asuma Soledad Núñez”. Aseguró que dicha revisión deberá examinar minuciosamente órdenes de pago, cheques emitidos y conciliaciones bancarias para esclarecer el paradero de los fondos.
Presupuesto 2027 de Asunción: recortes en obras públicas para sostener el “clavo salarial”
Las cifras del Presupuesto 2027 contrastan con los graves antecedentes de ejecución financiera acumulados durante las gestiones de los cartistas Nenecho Rodríguez y Luis Bello. En el ejercicio 2025, bajo la gestión de ambos, la comuna ejecutó G. 728.323 millones (91% de lo presupuestado) en salarios frente a los G. 41.603 millones (7,5% de lo presupuestado), en obras de infraestructura pública.
Para el periodo 2027, el proyecto contempla un “clavo salarial” estimado en G. 792.986 millones, G. 1.300 millones más que en 2026. Este monto colosal absorbe casi el 60% de la recaudación tributaria total estimada en G. 1,3 billones para el próximo año. De esta forma, el rubro de servicios personales continúa asfixiando la capacidad operativa y de inversión de la municipalidad.
En contrapartida, la partida presupuestaria asignada a infraestructura sufrió un recorte de G. 4.843 millones, fijándose en G. 440.324 millones. Este monto contrasta fuertemente con el sostenimiento de una plantilla sobredimensionada que supera los 8.500 funcionarios activos. Dentro de este esquema, el personal contratado representa el 45% del total en servicios personales, destacándose que el 96% corresponde a jornaleros.
El presupuesto también contempla G. 264.991 millones destinados al servicio de la deuda pública, con un fuerte componente de G. 252.342 millones en intereses de bonos. Asimismo, el plan incluye recursos inciertos de capital por G. 174.634 millones provenientes de la proyectada venta de tierras en la Franja Costera. Esta inclusión de ingresos dudosos busca maquinar un equilibrio financiero ficticio en las cuentas comunales.
Quiebra técnica y cajas paralelas: el duro diagnóstico de la oposición en la Comuna
El concejal Humberto Blasco (PLRA) había criticado duramente el proyecto presupuestario como una “copia de la mentira” del presupuesto 2026. El edil diagnosticó que la comuna atraviesa una profunda cuádruple crisis manifestada en los planos económico, financiero, institucional y moral. Señaló que las proyecciones de ingresos están totalmente “infladas” para disimular la precaria situación heredada por Luis Bello y Óscar Rodríguez.
Blasco denunció además que los esquemas de “cajas paralelas” desvían hasta el 60% de las recaudaciones en diversos programas de recaudación. A esto sumó el reparto discrecional de bonificaciones y gratificaciones salariales entre operadores políticos y allegados a la cúpula oficialista colorada.
En la misma línea, Álvaro Grau había advertido que el presupuesto fue “inflado” artificialmente para encubrir el endeudamiento desmedido que condujo al municipio a una virtual quiebra técnica. Explicó que al gastar sistemáticamente por encima de los ingresos reales, la institución cayó en un estado crónico de cesación de pagos frente a proveedores. Este déficit operativo limita drásticamente el margen de maniobra de las nuevas autoridades electas.
Grau denunció además un tremendo perjuicio patrimonial estimado en US$ 9 millones acumulados en concepto de juicios perdidos por la comuna. Señaló que este monto millonario malgastado equivale exactamente al costo de obras fundamentales como el desagüe pluvial de la avenida Molas López. Denunció que los recursos de los ciudadanos terminaron desviados a gastos superfluos en lugar de priorizar el desarrollo urbano.