Tras dos intentos fallidos e intensas jornadas de manifestación, presiones y amenazas de “voto castigo” por parte de los funcionarios, los 15 concejales de la bancada colorada, cartistas y disidentes, dieron quórum este viernes para una sesión extraordinaria en la Junta Municipal de Asunción. Alineado, el oficialismo logró dar ingreso al polémico contrato colectivo que firmó intendente Luis Bello (ANR-cartista) con tres sindicatos.
La oposición denunció una “bajada de línea” del candidato oficialista Camilo Pérez (ANR-HC) y chicanas para evitar el debate, a días de las elecciones municipales, del próximo 4 de octubre. La maniobra cobra relevancia electoral al tratarse de una institución pública con más de 9.000 funcionarios, un caudal clave para las aspiraciones políticas en la capital.
Quórum en la Junta de Asunción: cómo se destrabó el contrato colectivo
La homologación del contrato es impulsada por el intendente Luis Bello (ANR-cartista) junto a tres gremios principales: Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca), Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Sitrama), Sindicato de Obreros y Empleados de la Municipalidad de Asunción (Sinoema).
El ingreso del documento a la Junta Municipal, para su aprobación o rechazo, se concretó en medio de un clima de extrema crispación institucional en la sede comunal y tras dos jornadas de protestas de los sindicatos, incluida la toma de dependencias clave y el cierre temporal de la avenida Mariscal López.
La sesión de este viernes estuvo marcada por la reaparición sorpresiva de los concejales colorados cartistas Karina Acuña y César “Ceres” Escobar, que se ausentaron en las dos sesiones previas, además de los colorados disidentes Carlos González y Rosanna Rolón. Con su presencia, el oficialismo aseguró los números necesarios para remitir el expediente directamente a la comisión de Legislación.
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El ingreso del documento se dio nuevamente en medio de la presencia de un centenar de funcionarios municipales que, con gritos, cánticos y hasta improperios, presionaron a los concejales opositores y celebraron eufóricos el quórum pleno de la bancada colorada. La oposición denunció maniobras dilatorias y “chicanas” orquestadas por la Presidencia de la Junta, a cargo de Arturo Almirón, para evitar el debate político.
Oposición denuncia “bajada de línea” de Camilo Pérez para aprobar el contrato colectivo
Desde la bancada opositora, el concejal Álvaro Grau (PPQ) denunció una evidente bajada de línea orquestada por el comando del candidato a intendente oficialista, Camilo Pérez. “Por algo no daban quórum en estos días y los que vinieron el miércoles ya no vinieron el jueves. Evidentemente todas las fuerzas se pusieron de acuerdo y ahí lo que se muestra es que hay una unanimidad en ponerse el chaleco salvavidas”, criticó Grau.
“Ya estaban todos alineados y ya tenían el libreto todo bajado, ya les entregaron qué es lo que tenían que hacer y qué es lo que tenían que decir. Evidentemente, por eso les bajaron la línea y le hicieron venir a los 15”, cuestionó con dureza el edil opositor.
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El concejal Humberto Blasco (PLRA) respondió de forma tajante al ser consultado sobre la existencia de órdenes directas del oficialismo: “Totalmente, no hay ninguna duda, si el oficialismo, hablando en privado y ahora en público, admiten que no tenían acceso al contrato y se pretende aprobar un contrato que tiene implicancias legales y financieras sin leer. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo” (sic), cuestionó.
Ambos concejales coincidieron en diagnosticar una intención de los colorados cartistas de aprobar este acuerdo “a tambor batiente” antes de los comicios, con el único propósito electoral de retener el favor del funcionariado. Asimismo, advirtieron sobre la total falta de legitimidad de autoridades salientes para comprometer las finanzas de una municipalidad en profunda crisis.
Qué dicen los sindicatos de la Municipalidad de Asunción sobre el acuerdo
Por su parte, Gladys Galeano, secretaria general del Simuca, defendió firmemente la legalidad del acuerdo y rechazó las acusaciones de secretismo o politización electoral. Afirmó que se trata de una actualización necesaria e impostergable de un beneficio laboral con más de tres décadas de vigencia institucional en la corporación comunal.
A diferencia de la víspera, cuando calificaba abiertamente de “traidores” a los ediles oficialistas ausentes, Galeano protagonizó un llamativo giro discursivo para enfocar toda su artillería contra la oposición. “Porque los opositores vinieron, pero no entraron en la sala, se quedaban ahí al lado y se estaban burlando de nosotros. Ellos tenían que entrar y dar su posición”, recriminó.
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Al ser consultada sobre los rumores de una bajada de línea directa de Camilo Pérez a los concejales ausentes, Galeano negó haber participado de reuniones con el candidato colorado. Explicó que el destrabe ocurrió porque los gremios se reunieron directamente con los ediles para exhibir documentación que probaba que los demás sindicatos sí fueron convocados para estudiar el contrato colectivo y declinaron presentar propuestas.
Galeano insistió en minimizar la representatividad de los gremios excluidos de la firma del convenio al señalar que los tres sindicatos proponentes, Simuca, Sinoema y Sitrama, aglutinan a más de 7.000 trabajadores municipales. Aseguró que, en contraste, el bloque de organizaciones no firmantes carece de peso numérico real dentro de la masa funcionaria activa.
Protestas sindicales y amenaza de “voto castigo” en la Municipalidad de Asunción
El conflicto en la Junta desató esta semana una escalada de tensiones en la Municipalidad de Asunción, tras dos fracasos consecutivos, de reunir el quórum legal para sesionar y dar entrada formal al documento. Las consecutivas ausencias de concejales colorados evidenciaron fisuras profundas en la estrategia del oficialismo frente a demandas gremiales de alto impacto presupuestario.
Como medida de fuerza directa, una masiva cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción tomó las instalaciones de la comuna. Los manifestantes bloquearon ayer accesos vitales como la Dirección de Recaudaciones y la Dirección de Tránsito, además de realizar cortes intermitentes sobre la avenida Mariscal López.
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Las protestas callejeras estuvieron acompañadas por la advertencia formal de declarar un paro general indefinido y la ejecución inminente de un “voto castigo” en las urnas del 4 de octubre. La advertencia apuntó directamente contra aquellos concejales que intentaran entrampar o dilatar el estudio definitivo del contrato colectivo pactado con la Intendencia.
Con la presión en su punto máximo y la convocatoria extraordinaria concretada este viernes, el expediente ingresó formalmente a la comisión de Legislación. El debate sobre su viabilidad financiera, su impacto patrimonial y su innegable trasfondo político seguirá abierto en la recta final de la campaña electoral asuncena.
Qué establece el nuevo contrato colectivo de la Municipalidad de Asunción
Entre los puntos más destacados del nuevo contrato colectivo de trabajo figura el incremento sustancial en el haber de retiro o compensación económica por terminación de la relación laboral, el cual pasa de 15 a un total de 20 salarios aplicables a funcionarios nombrados, jornaleros y contratados que se acojan a los beneficios de la jubilación. El pago será calculado sobre el último salario percibido por el beneficiario.
Asimismo, el documento pactado incorpora un incremento del 5% en la escala de bonificación por antigüedad que se abona de forma anual cada mes de febrero, contemplando porcentajes diferenciados que van desde el 25% para quienes registren entre 5 y 10 años de servicio, hasta alcanzar el 100% del salario mínimo legal vigente para aquellos funcionarios que superen los 40 años de antigüedad en la institución.
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El acuerdo también contempla aumentos en los incentivos económicos orientados a la profesionalización y al control de la asistencia, estableciendo un reconocimiento mensual equivalente al 65% (antes era de 50%) del salario mínimo legal para títulos universitarios de cuatro años o más de estudio, y del 35% (25%) para títulos técnicos. También mantiene vigente una cláusula “anti planilleros”, que establece un premio trimestral del 7% condicionado al cumplimiento estricto de la asistencia y puntualidad.