El caso penal se activó luego de que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) remitiera a la Fiscalía más de 300 legajos bajo sospecha de falsificación de títulos, el viernes 19 de junio. A partir de la denuncia enviada al Ministerio Público, ABC Color cruzó datos y verificó que entre los investigados aparecen funcionarios de IPS y del Ministerio de Salud que tienen contacto directo con pacientes y tendrían documentos apócrifos.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, declaró este martes en ABC Cardinal que en principio solo investigaron a profesores, pero luego detectaron que ingenieros, médicos y abogados también fueron beneficiados como parte de este enorme esquema delictivo.
Al cruzar los datos de las personas denunciadas a la Fiscalía, que tendrían diplomas universitarios falsos, con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pudimos constatar que entre los que están siendo investigados aparecen funcionarios públicos de distintas dependencias estatales, como el Instituto de Previsión Social (IPS) o el Ministerio de Salud Pública (MSP).
El peligro en IPS: Auxiliares y supervisores de salud bajo sospecha de fraude
El titular del MEC, Luis Ramírez, afirmó que la situación “es grande, es profunda y afecta a todas las áreas del saber, lastimosamente”, en referencia a los diplomas universitarios falsificados. Como afecta a todas las áreas, es evidente que no solo están involucrados trabajadores con rubros administrativos o con rubros docentes de la cartera educativa, sino también personas de otras entidades públicas.
Además, Ramírez ya había adelantado que los indicios incluyen a profesionales de medicina, enfermería, ingeniería y otras carreras de la salud.
Según los papeles del MEC, las sospechas por cartones falsificados incluyen a personas que, según el portal de la Secretaría de la Función Pública, trabajan como auxiliares de apoyo en Salud en el Instituto de Previsión Social. Se considera a estos auxiliares como personal clave en la asistencia médica y en la gestión de pacientes, atención en consultorios y manejo de historias clínicas, según se puede leer en la web de la previsional.
Siempre según la SFP, otros casos investigados afectan a trabajadores que prestan servicios como supervisores profesionales del área de salud del IPS. Se trata de puestos de Jefatura, con salarios superiores a G. 7.000.000. Estos cargos conllevan igualmente garantizar la seguridad y atención de los pacientes, así como coordinar a funcionarios con rubros menores. En total, serían al menos unos diez los funcionarios del IPS que están investigados.
Médicos y enfermeros en Salud Pública con certificados de dudosa procedencia
Por otro lado, cruzando las planillas encontramos al menos tres investigados que aparecen en la SFP como médicos y licenciadas en Enfermería que están ubicados en el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Las enfermeras figuran con un sueldo de G. 4.000.000. También hay asistentes administrativos, nombrados igualmente en Salud Pública.
En la lista que indaga el Ministerio Público hay decenas de otros profesionales de la salud que están por fuera de IPS y del Ministerio de Salud, en distintas áreas, como cienciasmMédicas, bioquímica, Licenciatura en Enfermería o radiología, pero que no figuran como funcionarios públicos.
Para no entorpecer la investigación, que se encuentra todavía en una fase preliminar, de momento no publicaremos los nombres de ninguno de los involucrados, hasta tanto el trabajo de la Justicia siga avanzando en esta trama.
El alcance del esquema: Funcionarios de la Corte Suprema bajo la lupa fiscal
Hay casos de empleados de la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) que tendrían documentos apócrifos y que están dentro de la carpeta fiscal. Según los primeros documentos, se trataría de empleados que cuentan con rubros de auxiliar administrativo.
Si de abogados se trata, están los hechos también investigados por el Ministerio Público, como el título presuntamente “mau” de abogado de del exsenador Hernán Rivas, supuesto alumno egresado de la Universidad Sudamericana, al igual que una fila de políticos que cuentan con cartones de doctores de la ley de esta misma institución.
Por ejemplo, el candidato a concejal de Luque Hans Kemper (ANR-cartista), casualmente primo del senador Patrick Kemper (ANR-cartista), presidente de la comisión especial del Senado para investigar sobre los títulos falsos en Paraguay.
Indignación en el MEC por directora “premiada” tras ser removida por los títulos apócrifos
Funcionarios del MEC, en contacto con ABC Color, se mostraron indignados por el caso de Natalia Ortiz Benítez, quien era directora de Universidades e Institutos Superiores, y que fue “removida” de su cargo por el ministro de Educación, tras el escándalo de los títulos falsos, al encontrarse como jefa en una oficina clave en estas circunstancias.
¿Por qué la indignación? Ocurre que en lugar de poner su puesto a disposición de Recursos Humanos, como había asegurado que haría Luis Ramírez, finalmente “premió” a Natalia Ortiz como directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior, en la misma dependencia donde era directora de Universidades. Se convirtió en mano derecha del viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene.
“Es lamentable la decisión que tomó nuestro ministro (Luis Ramírez) con esta señora mientras que habla de cambios. La misma encima mantiene todos sus beneficios salariales”, apuntaron desde el Ministerio educativo. Ortiz percibe G. 18.886.660 mensuales.
En el MEC también apuntan a la protección partidaria de Natalia Ortiz, quien forma parte del equipo del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-cartista). La privilegiada funcionaria tiene a su hermana, Rossana Ortiz, como directora general de Cooperación en la cartera educativa, y es representante de la misma ante la Oficina de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).